Erbetta: «Traspasar causas de droga a la Justicia provincial no sirve para nada, será un fracaso»

La iniciativa de desfederalizar en Santa Fe la persecución del narcomenudeo como forma de ser más eficaces a la hora de enfrentar este delito y también la enorme violencia que produce en lugares como Rosario volvió a asomar en la agenda pública. Para el ministro de la Corte Daniel Erbetta, una ley de este tipo “no sirve para nada”. Para el docente de la UNR reinstalar la posibilidad de implementarla en Santa Fe “es volver a eludir la esencia del problema, que se vincula a la necesidad de investigaciones estratégicas y coordinadas sobre un mercado ilegal complejo, atravesado por organizaciones con logística, sectores del poder real, sectores de la policía y cierto desconcierto o silencio de responsables institucionales”.

Erbetta rechaza el planteo de que las principales provincias del país, cómo Córdoba y Buenos Aires, tienen sus causas menores de drogas en la Justicia ordinaria con logros aceptables. “Es una idea errada. Operativamente fue un desastre en todas las provincias que adhirieron. Pero ya parece un recurso fácil hacer política criminal sin datos y peor aún, como en este caso, con datos en contra. Si quieren vender la ilusión de que van a resolver el problema que lo hagan, pero anticipo que de concretarse el resultado es previsible: fracaso total. Todas las investigaciones empíricas, todos los expertos que han evaluado la experiencia en esas provincias, han dado cuenta de que no sólo aumentó el consumo sino subió el precio y quedó impune el narcotráfico y, además, sólo ha servido para hacer estadística con nimiedades y en muchos casos complicar investigaciones complejas haciéndolas fracasar”, dijo.

Para el especialista en Derecho Penal, implicarse en un debate sobre una ley que pase causas menores de drogas a la Justicia provincial no atenuaría los problemas reales de violencia y reeditaría experiencias que en otras provincias no fueron exitosas. “Sería preferible que nos aboquemos inmediatamente a discutir una reforma policial porque ello sí es imprescindible pensando a mediano plazo y dentro de un conjunto de otras políticas”, dijo.

Una de las ideas en favor de la desfederalización es que la Justicia provincial ya trabaja de hecho identificando, y actuando en delitos ordinarios como homicidios y balaceras, a actores que están en el narcotráfico. Y que esto simplificaría actuaciones. “Es un argumento sin peso”, le dice el penalista de la Corte Suprema a La Capital. “Sumar el narcomenudeo implicaría sobrecargar la estructura ya comprometida de la Justicia provincial con delitos de menor cuantía. ¿A alguien le podría parecer comparable con un homicidio o una extorsión mediante balaceras? Es la mejor forma para que haya un dispendio de recursos que comprometerá incluso la capacidad de rendimiento en las investigaciones por delitos ordinarios graves que hoy se llevan a cabo con bastante buen resultado”.

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Un traspaso de causas de drogas a la Justicia provincial supondrá, para Erbetta, saturar el sistema con hechos de flagrancia. “Es lo que ocurre en las provincias que lo tienen. Lo van a saturar con lo que encuentran en el cateo, abandonado u oculto de algún modo, lo que se cruza en la calle con la policía, pero nunca habrá detenidos clave por esos hallazgos porque el déficit es la falta de investigaciones que lleguen a los niveles más altos de las organizaciones criminales. La Justicia federal habrá tenido pocos recursos, pero ¿no debe explicar por qué no se investigó organizaciones con niveles de presencia y exposición tan elevados?”, se preguntó.

La semana pasada el senador Lisandro Enrico (UCR/General López) reimpulsó un proyecto de narcomenudeo en la provincia. “Uno de los delitos que más ha crecido, se ha masificado y se ha esparcido sigue siendo considerado como un delito de carácter excepcional y no común, dando intervención sólo a la Justicia Federal sin la participación de la Justicia Provincial”, sostuvo. El fiscal general Jorge Baclini se mostró proclive a la idea.

Qué implica traspasar a la provincia las causas federales? ¿ Tiene lógica en términos de carga laboral y de recursos en la Justicia federal? “El escenario reciente de nuestra provincia parece el de una brújula imantada”, dice Erbetta. De un lado, se ponen de acuerdo para sumar recursos a la Justicia federal y del otro proponen sacarle casi el 67% de las causas penales que tramitan y derivarlas a la justicia ordinaria, lo cual demandaría obviamente crear cargos de jueces, fiscales, defensores y empleados provinciales. ¿O pensarán sumar recursos a una Justicia federal a la que van casi a vaciar de trabajo y retacear a la que mostró niveles de eficacia y, tal vez por eso, le suman ahora más competencia? No niego que haya que sumar recursos a la Justicia federal en el marco de la implementación del acusatorio. Eso aun cuando algunas cosas no están bien pensadas como, por ejemplo, tener jueces de garantías, de juicio, de revisión, de ejecución, es decir estructuras rígidas totalmente desactualizadas. Pero se supone que ello va de la mano de la exigencia de que la Justicia federal comience a dar una respuesta que durante años fue muy débil.