Desde el entorno de Massa anticiparon que la Argentina «buscará negociar» una extensión de los desembolsos por 7.500 millones de dólares que tiene previsto entregar el FMI en agosto si la votación del miércoles concluye de manera favorable, con el objetivo de sumar a las reservas y poder intervenir en el mercado financiero de cambios.

Uno de los planteos del Fondo en las negociaciones era precisamente achicar la brecha cambiaria, e inmediatamente luego de las elecciones Economía decidió cambiar la política de administración del tipo de cambio.

«Argentina tuvo que tomar una decisión muy desagradable que fue la devaluación de su moneda por imposición del Fondo Monetario Internacional», dijo Massa durante una entrevista televisiva.

Massa aseguró que a raíz del préstamo por 45.000 millones de dólares tomado por la gestión de Mauricio Macri, el FMI «funciona como el síndico de una convocatoria, que cada tres meses te mira las cuentas» argentinas, y consideró que eso «es un enorme collar de sandías en la espalda de los argentinos».

El candidato presidencial sostuvo que, hacia adelante, tiene como misión «compensar el daño que se ha generado por la devaluación». Recalcó en más de una oportunidad que al Fondo no lo trajo este gobierno, y aclaró que él tampoco renegoció la deuda con el organismo de crédito, al referirse a que el acuerdo vigente lo concretó su antecesor, Martín Guzmán. «En todo caso, a mí me tocó tomar el ‘tomuer’ frío», manifestó.

Massa también expresó su deseo: «Si soy presidente voy a juntar los dólares para sacar al FMI». En tanto, mencionó la «acumulación de intereses» como uno de los puntos a abordar.

El pasado lunes, luego de que se reanudaran las actividades en el organismo tras el receso de verano, la directora de Comunicaciones del FMI, Julie Kozack, recordó que el 28 de julio de pasado «las autoridades argentinas y el personal técnico del FMI llegaron a un acuerdo a nivel de personal técnico sobre la quinta y sexta revisiones en el marco del Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) de 30 meses de Argentina», y que esa cuestión será analizada por el directorio el próximo miércoles.

A fines de julio pasado el Gobierno nacional y el FMI alcanzaron, luego de más de tres meses de negociaciones, un acuerdo técnico para reformular el programa vigente, a través del cual se estableció que Argentina recibirá un desembolso de 7.500 millones de dólares, ni bien el directorio ratifique el entendimiento técnico.

El nuevo acuerdo incorporó el impacto de la sequía, y en particular hubo una importante relajación de las metas de reservas, ya que los requerimientos pasaron desde los 8.000 millones de dólares de acumulación neta a 1.000 millones de dólares para todo 2023.

También «el entendimiento prevé un desembolso de 7.500 millones de dólares en agosto y otro en noviembre, y que el Fondo aprobó las facultades de intervenir en los mercados para asegurar su normal funcionamiento», informaron el FMI y el Palacio de Hacienda de manera conjunta al dar a conocer el entendimiento.

«El acuerdo está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, que se espera se reúna el 23 de agosto para aprobar los desembolsos acordados», completó la vocera del organismo.

«Valoramos las acciones de políticas recientes de las autoridades y el compromiso de salvaguardar la estabilidad, reconstruir las reservas y fortalecer el orden fiscal», agregó Kozack, el mismo día en que el Banco Central tomó nuevas medidas con el tipo de cambio.

En la víspera, casi en línea con la apertura del mercado el día después de las elecciones Paso, el Banco Central decidió elevar 20% la cotización oficial del dólar a $365,50 y subir la tasa de política monetaria en 21 puntos porcentuales al 118% nominal anual, lo cual brindaría una tasa efectiva mensual del 9,7%.

Diputados comenzará a tratar nuevo blanqueo de capitales

La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados comenzará a analizar el próximo jueves el proyecto del ley de blanqueo, denominado «Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino no Exteriorizado», presentado por el Poder Ejecutivo en junio pasado.

El proyecto en cuestión estipula un blanqueo que comprendería a personas humanas, sucesiones indivisas y empresas con bienes y activos financieros no declarados ante el fisco, que contará con una alícuota de 5% para quienes se registren en los primeros 120 días desde la entrada en vigencia de la iniciativa.

La iniciativa -que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; y el ministro de Economía, Sergio Massa- establece que se podrá exteriorizar la tenencia de moneda nacional y/o extranjera en el país o en el exterior, activos financieros, bienes inmuebles e inmuebles.

La iniciativa elaborada por el Palacio de Hacienda surge luego del acuerdo firmado en diciembre pasado entre la Argentina y Estados Unidos, que establece un sistema de intercambio de información tributaria que permitirá a ambos países acceder a información cruzada sobre operaciones realizadas por sus ciudadanos en los respectivos sistemas financieros, con el objetivo explicito de combatir la evasión fiscal.

En base a los considerandos y principales artículos del proyecto, la iniciativa -de prosperar su tratamiento- establece que entrará en vigencia a los 15 días de su publicación en el Boletín Oficial, y que contará con un alícuota especial la exteriorización voluntaria de los bienes no registrados que tengan en el país y en el exterior.

Asimismo, se incrementarán las alícuotas aplicables para la exteriorización de los bienes del exterior en el caso de que no exista repatriación.

En los fundamentos del proyecto se destaca que «las tenencias de bienes que se exterioricen pagarán un impuesto especial con alícuota creciente en el tiempo».

Para acceder al régimen, la declaración voluntaria de la tenencia de moneda nacional o de moneda extranjera requerirá la confección de una declaración jurada meramente informativa que dé cuenta del monto exteriorizado.

El proyecto prevé que quedarán excluidos únicamente del Régimen Simplificado los contribuyentes alcanzados por el Aporte Solidario.

Tampoco podrán ingresar al blanqueo de capitales ningún presidente o vicepresidente, ministros del Poder Ejecutivo Nacional o provincial, gobernadores, intendentes, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, legisladores nacionales y provinciales, así como los jueces del Poder Judicial de la Nación que hayan asumido sus funciones a partir del 1 de enero de 2010.