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Oscar «Cachi» Martínez pide la actualización de la Billetera Santa Fe a $ 12.500

El legislador propone en primer lugar que este Programa llevado a cabo por Decreto se convierta en Ley, “para que no dependa de la voluntad política de cada gobierno de turno y sea sostenido en el tiempo más allá de una gestión”

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El diputado del Frente Renovador-PJ solicitó que se trate un proyecto de su autoría presentado en setiembre del año pasado. El mismo busca convertir el Programa en Ley Provincial, incrementar los montos de devolución a los usuarios, tener un monto preferencial para jubilados y pensionados y excluir a funcionarios públicos de alto rango de sus beneficios.

En los fundamentos del proyecto que Martínez presentó anteriormente y pedirá sea tratado en Sesiones Extraordinarias, sostiene que “esta iniciativa se funda en la necesidad de sostener y ampliar los beneficios de la herramienta de consumo digital conocida como Billetera Santa Fe. No caben dudas que la propuesta de la Secretaría de Comercio de la Provincia se ha constituido en un instrumento de apoyo e inclusión financiera que ha colaborado con el comercio, la industria y fundamentalmente, los consumidores generando un efecto positivo en la expansión del consumo privado, ayudando al comercio a vender más y a los consumidores a comprar más”.

Y agrega que “al mismo tiempo, la registración de múltiples operaciones que antes estaban fuera del sistema han quedado en el marco obligatorio de la formalidad, siendo este último aspecto una cuestión no menor, ya que esto tiene un impacto directo en la recaudación provincial y municipal tanto por Ingresos Brutos como por Derecho de Registro e Inspección. Pero como toda política pública siempre es perfectible y este Programa también lo es”.

En ese sentido, el legislador propone en primer lugar que este Programa llevado a cabo por Decreto se convierta en Ley, “para que no dependa de la voluntad política de cada gobierno de turno y sea sostenido en el tiempo más allá de una gestión”. En segundo lugar, sostiene que “es necesaria la actualización del monto pensado para un contexto de principios del año 2021, es decir dos años atrás, ya que la realidad nos muestra que el poder adquisitivo del salario se vio muy afectado y por ende ese monto ha quedado completamente desactualizado. Y agrega que los topes establecidos deberán actualizarse semestralmente por el Índice de Precios Consumidor publicado por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos. En este sentido, el legislador presentó además un Proyecto de Comunicación, en el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial la actualización del monto de reintegro a 12.500 pesos, manteniendo así el poder adquisitivo que significaba el beneficio al momento de su implementación.

Como tercer cuestión, el proyecto expresa la urgencia de que el reintegro sea mayor para los jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo “ya que ellos se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica mucho mayor que el resto de la población”. Por último, y según palabras del propio diputado, “creemos que quienes estamos en la actividad política debemos dar el ejemplo y todos los funcionarios públicos de alto rango tenemos que excluirnos de estos beneficios y ceder esos recursos a fin de mejorar la situación de otros sectores sociales”.

Respecto de este proyecto Martínez sostuvo que “esta solicitud al Ejecutivo se suma al pedido de actualización de los montos de a Tarjeta de Ciudadanía, en función de poder mantener el impacto positivo de estas políticas sociales que lleva adelante el gobierno de la provincia”.

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El senador Michlig contra el Ministro de Obras Públicas de Santa Fe

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Tensión en el Senado: Michlig acusó a Enrico por «discrecionalidad» en fondos para vivienda y dijo «estar arrepentido» de haber votado su licencia

El senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, presentó un pedido de informes por la paralización de viviendas y cruzó al ministro de Obras Públicas. La respuesta llegó por parte de la senadora por General López, Leticia Di Gregorio, quien rechazó las acusaciones, brindó cifras oficiales de la gestión provincial y apuntó a una supuesta «cuestión personal» contra el funcionario

El Senado de la provincia de Santa Fe fue escenario este jueves de un inusual y tenso debate que puso en evidencia una fuerte interna dentro de Unidos. El senador por el departamento San Cristóbal y presidente del Senado, Felipe Michlig, y la senadora por el departamento General López, Leticia Di Gregorio, protagonizaron un duro contrapunto en torno a la ejecución de la obra pública y la terminación de viviendas paralizadas. Mientras el primero denunció «discrecionalidad» por parte del ministro Lisandro Enrico, la legisladora defendió la gestión del funcionario y atribuyó el reclamo a una «animosidad personal».

La discusión comenzó cuando Michlig justificó la presentación de un pedido de informes dirigido a la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo ante la falta de respuestas del Ministerio de Obras Públicas. El eje central fue la culminación de más de 800 casas correspondientes a planes nacionales en el territorio provincial. Según explicó, inicialmente se había acordado terminar aquellas con un avance de obra superior al 60 por ciento, pero denunció que el criterio cambió. «¿Decide el ministro por la cara, por lo que representa, porque le gusta más o le gusta menos, porque es del norte, porque es del sur, porque es del centro?», cuestionó el legislador, encargándose de separar «totalmente» al gobernador Maximiliano Pullaro de la polémica.

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Media sanción a una ley para expropiar la planta Dow

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Un salvavidas desde el Senado
Salió por unanimidad y ahora define Diputados para salvar la fuente laboral de Puerto San Martín donde 120 trabajadores fueron despedidos por el cierre de la fábrica.

El Senado provincial aprobó por unanimidad un proyecto de ley que declarará «de utilidad pública y sujeta a expropiación» a la planta industrial de Dow Química Argentina en Puerto General San Martín, que la multinacional decidió cerrar hace dos semanas, con el despido de unas 120 personas que trabajaban allí. La pelota pasó a Diputados, y si allí se sanciona el Ejecutivo podrá –en caso de que Maximiliano Pullaro acceda– expropiar la fábrica y darle entrada a posibles inversores interesados que la petroquímica estadounidense no tiene intención de atender.

La iniciativa partió del senador por San Lorenzo, Armando Traferri, con apoyo del sindicato Soepu, que así ve una esperanza de continuidad laboral ante la decisión terminante de la empresa por mudar la producción de polioles (materia prima de poliuretanos) a su planta en Brasil.

«La expropiación es un mecanismo necesario en situaciones críticas como la que enfrentamos, y estoy convencido de que hay empresas con capacidad y disposición para mantener la producción de polioxi propilenglicol y éteres glicólicos, insumos esenciales para diversas industrias», señaló el legislador.

Es la segunda vez que la Legislatura interviene sobre la situación de esta industria química. En 2021 lo hizo junto con el sindicato y el Ministerio de Producción nacional para lograr que la empresa revierta su plan de cerrar.

Ahora el proyecto con media sanción impone que «el Poder Ejecutivo Provincial dispondrá la conformación de un Registro de las propuestas recibidas, a fin de declarar posteriormente la atribución de la operatoria industrial sujeta a expropiación a favor de un beneficiario privado, cuya propuesta y plan de inversión y explotación permitan la preservación de los puestos de trabajo y del proceso productivo».

Traferri sostiene que «existen empresas privadas interesadas y con la suficiente capacidad operativa y económica para adquirir la planta y continuar con su operación de forma normal. El cierre de la planta no sólo impactaría en los trabajadores, sino que también tendría graves consecuencias en la economía local y en la cadena de suministro nacional, ya que Dow es el único productor nacional de estos insumos», precisó.

En el mismo sentido se pronunció ayer el secretario general del Soepu, Mauricio Brizuela. «De esta petroquímica dependen siete ramas industriales. Dow busca importar desde Brasil, lo que va a redundar en la pérdida de casi 3000 puestos de trabajo», alertó.

El proyecto pasó a Diputados, donde también por todos los bloques votaron una declaración de solidaridad con los trabajadores. Habrá que ver si esa unanimidad se mantiene para sancionar la expropiación.

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Cortaron el suministro de gas en las estaciones de GNC y en industrias

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Se agrava la situación en todo el país.

Ordenaron a cientos de estacioneros del interior frenar la venta hasta nuevo aviso. Además, más de 100 empresas que tienen contrato interrumpible se quedaron sin servicio. Las medidas son para combatir la ola de frío.

Varias empresas se quedaron sin gas y estaciones del interior tienen prohibido vender.

Ante las bajas temperaturas y los problemas con el transporte de gas, se cortó el suministro de gas en las estaciones de GNC de varias provincias hasta nuevo aviso, para atender a la demanda domiciliaria. Además, más de 100 empresas que tienen contrato interrumpible se quedaron sin servicio.

Además se interrumpió el envío a las industrias, incluso a algunas que tienen contratos no interrumpibles, situación originada en la demora en una compra de de gas natural licuado (GNL) por parte de la empresa estatal Enarsa.

Entre las provincias afectadas se encuentra Santa Fe y Córdoba.

En Córdoba, la empresa Distribuidora de Gas del Centro (Ecogas) ordenó a las expendedoras de GNC restringir de forma inmediata el suministro hasta nuevo aviso. La instrucción a los estacioneros llegó vía mail este martes cerca de las 19.

Marisa Centenaro, de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Córdoba, expresó en diálogo con C5N: «No sabemos cuánto se puede extender, queremos que se termine rápidamente. El estrés que produce al sector es muy importante. El comentario que tenemos de parte de Ecogas es que el corte es total y por tiempo indeterminado. En principio iba a ser por unas horas durante la tarde del martes, porque había problemas con unas compresoras, pero la situación se agravó por la situación del barco».

«Los coletazos de estas medidas los padece mucha gente, todo aquel que usa el vehículo para trabajar, esto provoca consecuencias graves e irreversibles. Lo que el estacionero no vende no va a vender cuando el servicio esté repuesto; y a los que tienen que moverse a nafta les modifica la economía familiar», añadió.

Las rispideces en materia de relaciones internacionales tienen su correlato en la cuestión del gas, dado que la compra del cargamento de GNL de parte de Enarsa a Petrobras no llegó a concretarse dado que la empresa brasileña «impugnó la carta de crédito con la que debía pagarse el combustible y no autorizó la descarga del GNL en la terminal regasificadora de Escobar», según detalló el medio EconoJournal.

A esto se suma que Transportadora de Gas del Norte sufrió un inconveniente técnico en dos plantas compresoras, lo que profundiza el problema del transporte y llevó a la decisión de interrumpir el suministro.

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