El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que sin el acuerdo que la Argentina alcanzó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el país tendría «menos dólares, menos actividad y menos empleo y más inflación», y estimó que la letra chica del entendimiento final se terminará de definir en las próximas tres semanas.

En una entrevista con Télam en Moscú, donde formó parte de la comitiva del presidente Alberto Fernández en su visita oficial a la Federación Rusa, el titular del Palacio de Hacienda admitió que el entendimiento con el Fondo se alcanzó a partir de las «alternativas realmente existentes» y subrayó que el Gobierno optó por ir «un paso hacia adelante y no hacia lo desconocido». «Nadie en nuestra fuerza política está alegre con tener al FMI en la Argentina, pero es una realidad.

Lo trajo el gobierno anterior y está toda esa deuda. Elegimos la alternativa más razonable; el acuerdo era lo más sano para el país», puntualizó en diálogo con esta agencia tras una intensa jornada de contactos con funcionarios, empresarios y representantes del sector financiero de la Federación Rusa.

Los siguientes son los tramos principales de la entrevista con Télam en la que Guzmán habló sobre la negociación sobre la que aún resta continuar con el Fondo, la inflación, los subsidios, la llegada de inversiones y los desafíos para los próximos años de la economía argentina.-Télam:

El Presidente ya se fue a China, pero usted sigue en Moscú. ¿Con quiénes se reunió hoy y qué resultados puede anunciar de esas conversaciones?

-Martín Guzmán: Estuve en la mañana del viernes con mi par de Rusia, el ministro Siluanov, con quien nos vemos en el G20, y, como siempre, fue una muy buena reunión. Durante el resto del día tuve reuniones con el sector privado. Estuve con quince empresarios de la economía real y financiera de Rusia: energía tradicional y renovable, infraestructura, industria, agroindustria, tecnología y también el sector financiero. Previendo que el comercio bilateral crezca, es importante que haya financiamiento para ello.

-T: ¿Hubo acuerdos en ese sentido?
-MG: Una de las reuniones fue con el director del Eximbank y hablamos de financiamiento para las importaciones y exportaciones entre Rusia y Argentina. Es importante complementar el diálogo con los actores de la economía real con su contraparte financiera. Pero esto es una agenda que se va construyendo. Las oportunidades se dan entre los privados y el Estado juega un rol coordinador para facilitar las oportunidades de inversión del sector privado. Ya tuvimos una visita de alrededor de treinta empresarios rusos a la Argentina. En nuestra agenda bilateral, en cada país al que vamos, buscamos potenciar estas oportunidades.

-T: Más allá de la retórica política, ¿cuáles hubieran sido las consecuencias concretas para la economía argentina si no había acuerdo con el Fondo Monetario Internacional?
-MG: Entre 2018 y 2019, se desembolsaron 44.500 millones de dólares del programa stand by. La gran concentración de vencimientos de esa deuda se da entre 2022, con 19.000 millones, y 2023, con 20.000 millones, entre capital e intereses. Argentina no tiene esos dólares para pagar. Si quisiéramos forzar algo que no se puede, que es amortizar una parte de esa deuda en los próximos dos años, implicaría que el país tenga menos disponibilidad de dólares.

Cuando hay menos dólares, hay menos actividad económica, menos empleo y más inflación. Si no se hubiese hecho un acuerdo y el país no pagaba, también habría habido menos dólares que los que hay con un acuerdo con las bases que se alcanzaron, porque habría menos financiamiento por parte de los bancos multilaterales de desarrollo que nos prestan y también por parte de los acreedores bilaterales. Además, posiblemente, habría salida de dólares de la Argentina. Otra vez: menos dólares, menos actividad, menos empleo, más inflación. Hubiese sido un golpe al proceso de recuperación económica que la Argentina está transitando. Siempre hay que comparar entre alternativas.

-T: ¿Había otras, además de este acuerdo o ninguna?
-MG: Por ejemplo, un acuerdo de un fuerte ajuste fiscal que hubiera descarrilado la recuperación económica. En ese caso, la comparación entre acordar o no acordar sería muy diferente de la que fue. Elegimos entre la alternativa de un acuerdo sobre pilares razonables o el escenario de que explicaba antes. Nadie en nuestra fuerza política está alegre con tener al FMI en la Argentina, pero es una realidad. Lo trajo el gobierno anterior y está toda esta deuda. La comparación fue entre este acuerdo o el default. Elegimos la alternativa más razonable, que era un paso hacia adelante y no hacia lo desconocido.

-T: ¿De dónde partieron los negociadores del Fondo y de dónde la Argentina en cada uno de los aspectos más difíciles de la negociación y hasta dónde cedió cada uno?
-MG: Fue una negociación bien compleja, en un escenario geopolítico también complejo. Cuando yo hablé con los gobernadores, el Fondo partía de un esquema fiscal que, desde nuestro punto de vista, hubiese desestabilizado la recuperación económica, porque pedían una contracción del gasto real. El 7 de enero, la negociadora del FMI recibió mandato para una negociación final. En los siguientes veinte días, hubo una serie de movimientos, sobre todo en lo fiscal. Llegamos a acordar que el Estado no tuviera que contraer el gasto real, sino moderar su expansión. En la práctica, se invertirá sustancialmente más en capital público, pasando de 1,4% del PBI en 2021 a 2,2% como base en 2022 y, si llegase a haber financiamiento adicional de organismos multilaterales, podría ser mayor y, al mismo tiempo, tendremos más recursos para la ciencia y la tecnología, lo que nos daría más capacidad de generar conocimiento y aplicarlo a la producción. Teniendo en cuenta las alternativas, el acuerdo era lo más sano para la Argentina.

-T: ¿Qué plazos manejan para llegar al memorándum y la carta de intención?
-MG: Nos propusimos que sean casi cuatro semanas desde el día del anuncio y estamos trabajando en ello.

-T: El acuerdo plantea como meta la reducción del déficit y no del gasto, es decir que deja abierta una ecuación entre gastos e ingresos. ¿Cuál es su estrategia para cumplir esa meta sin contraer la economía?
-MG: Efectivamente, se buscará reducir el déficit fiscal sin contraer el gasto real. Al contrario, el gasto tendrá una moderada expansión. Esto ya ocurrió en 2021, con una muy fuerte reducción del déficit fiscal primario, de 3,5% del PBI, al mismo tiempo que el Estado tuvo un rol expansivo contra cíclico que apuntaló la recuperación económica y conllevó una expansión del gasto real. Mostramos que se puede.

-T: ¿Y sobre el sistema impositivo, qué se proponen hacer al respecto?

MG: En el acuerdo con el Fondo, el componente impositivo no tiene que ver con política tributaria sino con su administración. Nosotros ya avanzamos, con la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, en un conjunto de medidas de política tributaria que fortalecieron la recaudación con un criterio de progresividad. Ahora queremos fortalecer la administración tributaria, atacando la evasión en los segmentos altos, para proteger a los contribuyentes que sí cumplen.

-T: ¿Analiza el Gobierno un subsidio directo a la demanda con criterios de necesidad social, y discutir qué segmentos deben recibir ayuda para pagarlas?

MG: Vamos a avanzar en una reducción del monto de los subsidios energéticos en relación con el PBI. La meta es no superar el 1,7% en 2022. Para esto se va a conjugar la actualización ya publicada con la segmentación de los subsidios, que es justamente subsidiar a los usuarios con más vulnerabilidad. Venimos trabajando en un plan para focalizar gradualmente, de forma cada vez más efectiva, los subsidios al consumo de energía. Además, hoy tenemos un plan Gas vigente que compensa a la producción en un valor significativamente menor que el que estaba vigente hacía fines de 2021. Se había pasado de 7,5 a 6 dólares por millón de BTU y el plan Gas actual paga aproximadamente 3,5 desde el 1 de enero de este año. Eso también contribuye a la reducción de los subsidios. Eso nos permite, en parte, expandir otros rubros del gasto y la inversión pública que son fundamentales para el desarrollo, como por ejemplo infraestructura, ciencia y tecnología.