Cristina Fernández de Kirchner anunció este jueves que recusará a la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que instruye en la causa que se sigue por el intento de asesinato que sufrió el pasado 1 de septiembre, en tanto que la querella de la exmandataria le reclamó a la Cámara Federal porteña que ordene el secuestro de los teléfonos celulares de dos asistentes del diputado nacional del PRO Gerardo Milman.

Además, los representantes legales de la Vicepresidenta insistieron en su planteo de investigar «con contundencia» la pista que surgió a raíz de sus supuestos dichos de Milman sobre el atentado pronunciados en la confitería Casablanca.

«Quiero compartir con ustedes el siguiente video. A raíz de los hechos que van a ver y escuchar, he instruido a mis abogados a recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti», señaló Cristina Fernández de Kirchner en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, acompañado por un material audiovisual de más de tres minutos en el que se detallan las alternativas del caso y las irregularidades que, según la querella de la Vicepresidenta, cometió la magistrada en la investigación.

En el video se escucha la voz en off de la periodista Julia Mengolini, quien asegura que, «cuando aparecieron las primeras pruebas que involucran a la política con el ataque» que sufrió la Vicepresidenta, «la jueza Capuchetti paralizó y boicoteó la investigación».

En el material se sostiene que el intento de magnicidio perpetrado por Fernando Sabag Montiel «fue el hecho más grave de una sucesión de acciones violentas contra Cristina registradas este año».

«Días más tarde del atentado, un testigo se presentó en el juzgado de Capuchetti para aportar información. Declaró que dos días antes del atentado, en el bar Casablanca, en la esquina del Congreso Nacional, escuchó decir al diputado nacional (de Juntos por el Cambio) Gerardo Milman junto a dos mujeres que lo acompañaban, lo siguiente: ‘Cuando la maten, yo voy a estar camino a la costa», se subraya.

Las afirmaciones del testigo se «constataron judicialmente» y las dos asesoras que acompañaban al legislador «primero negaron la reunión y su presencia en Casablanca» al momento de declarar «hasta que les mostraron las imágenes entrando y saliendo del bar».

«Pese a que iniciaron su declaración bajo juramento mintiendo, la jueza Capuchetti no tomó ninguna medida para seguir investigando. Milman todavía no fue citado a declarar en la causa», se afirma.

Además, se señaló que una de ellas, identificada como Carolina Gómez Mónaco, «fue Miss Argentina en el año 2012» y luego, en 2017, Milman «la designó como directora de la Escuela de Inteligencia Criminal de la Republica Argentina».

Sobre Gómez Mónaco se apunta que «es dueña de Luxa estética», una firma «creada el mismo año de su designación como funcionaria».

«Tiene una segunda empresa y otra socia María Mroue, la panelista del programa de Crónica TV, en el que llamativamente aparecieron por primera vez en escena Sabag Motniel y (la acusada) Brenda Uliarte semanas antes del atentado», se observó.

También se recordó que el viceministro de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich presentó el 18 de agosto «un proyecto de declaración alertando que un iluminado podía realizar un posible ataque a la figura de Cristina».

«Uno de los cofirmantes fue (el diputado del PRO) Francisco Sánchez quien días antes había pedido pena de muerte a Cristina», apuntó.

En tanto, en un audiencia ante la Cámara Federal porteña, la querella de la Vicepresidenta reclamó hoy que se ordene el secuestro de los teléfonos celulares de las dos asistentes de Milman, en la causa por el intento de asesinato contra la titular del Senado.

La querella insistió además en su planteo de investigar «con contundencia» la pista que surgió a raíz de sus supuestos dichos en la confitería Casablanca.

«No estamos pidiendo la detención de Milman, estamos pidiendo que secuestren los celulares», para «que se proceda a investigar esta línea con contundencia», sostuvo uno de los abogados de la querella, Marcos Aldazábal.

A su turno, el otro representante de la Vicepresidenta, el abogado José Manuel Ubeira, denunció ante los jueces de la sala I del Tribunal de Apelaciones que se busca instalar con hechos como la liberación de los integrantes de Revolución Federal resuelta en otro expediente, que «este no es un crimen político», algo que «claramente le resta entidad» y que «el mensaje dado a la sociedad» es que «matar a Cristina, a sus hijos o a su entorno no tiene costo».

«Es imposible avanzar en esta causa si no queremos meter los pies en la política», agregó el abogado y remarcó que «todo lo que apunta a la derecha del PRO es borrado».

Ante los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia los abogados de la querella reclamaron que se revoque la decisión de Capuchetti de no ordenar el secuestro para someter a una pericia los celulares de las dos asistentes de Milman.

Se trata de Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, quienes declararon en calidad de testigo en la causa y para la querella incurrieron en contradicciones y además en el caso de la última fue denunciada en otra causa por supuesto lavado de dinero a raíz de una sociedad en la que su socia tendría relación con la detenida por el intento de homicidio Brenda Uliarte.

Además remarcó como otro «elemento muy llamativo» que en el allanamiento a la procesada por el intento de magnicidio Uliarte se «encontró un papel manuscrito con la llamada regla de Tueller, vinculada a cómo disparar a corta distancia, antes de que otro saque un arma. Esta doctrina a la Argentina la trajo Milman».

Aldazábal remarcó que en la causa se corroboró todo lo que declaró el testigo de esa conversación de Milman en la confitería ubicada frente al Congreso Nacional, de apellido Abello.

«Se corroboran todas las presencias, pedimos investigar si Milman estuvo en Pinamar o no y no se hizo nada», agregó sobre el viaje que emprendió el diputado del PRO a esa ciudad luego de haber estado en la confitería.

Ubeira remarcó que a esta altura de los hechos será una «medida tardía y vana» por la prueba que pueda obtenerse y criticó a los jueces frente a los cuales hablaba por haber ordenado excarcelar a los integrantes de Revolución Federal en otra causa que investiga a esa agrupación.

Ubeira hizo «responsables» además a los jueces por la preservación de la vida de la Vicepresidenta y remarcó que hubo un «grupo de nazis que vinieron a atentar contra el sistema democrático».

«Preservarle la vida es una responsabilidad de ustedes, hagan lo que quieran con esto, pero estos animalitos están dando vueltas», indicó el abogado José Manuel Ubeira en relación a los excarcelados de la agrupación Revolución Federal, investigados en otra causa judicial.