Sergio Massa salió a diferenciarse de la postura del Gobierno nacional sobre la actitud pasiva que adoptó el embajador argentino en Nicaragua, Daniel Capitanich, respecto de la presencia del iraní Mohsen Rezai en el acto de asunción del dictador nicaragüense Daniel Ortega, y también expresó su condena sobre la situación política que vive el país centroamericano.
“La presencia de Rezai es una burla del Gobierno de Nicaragua sobre los muertos de la AMIA. Tiene pedido de captura internacional. Y su libre circulación muestra que no funciona el Estado de Derecho”, le dijo el presidente de la Cámara de Diputados y máximo referente del Frente Renovador a Infobae.

Massa, además, cuestionó que en Nicaragua exista un sistema de persecución contra los políticos opositores que fueron encarcelados antes de las elecciones del 7 de noviembre de 2021 que les permitieron a Ortega y a su esposa Rosario Murillo continuar en la presidencia por otro período, el cuarto de manera consecutiva.

“Un gobierno con 131 opositores presos no es una democracia. Es autocracia o farsa. Y en cualquiera de esos casos nos debe generar rechazo”, le aseguró Massa a este medio, tomando distancia de la posición del oficialismo que integra dentro de la coalición del Frente de Todos.

Rezai, quien es vicepresidente de Asuntos Económicos de la República Islámica de Irán, fue uno de los invitados de honor del régimen de Ortega que estuvo en Managua el lunes 10 de enero para su asunción. En ese mismo acto estuvo representando a la Argentina el embajador Daniel Capitanich, hermano de Jorge, el actual gobernador de la provincia de Chaco. Sobre Rezai pesa un alerta roja de búsqueda de Interpol, porque está sindicado como uno de los terroristas involucrados en el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que ocurrió el 18 de julio de 1994.

Capitanich, según la Cancillería argentina que encabeza Santiago Cafiero, desconocía que el funcionario iraní iba a participar del acto, nunca lo había visto personalmente y no advirtió su presencia en ningún momento. El martes 11, cuando se conocieron fotografías y videos de la ceremonia de asunción de Ortega, el Gobierno de Alberto Fernández recién esbozó una reacción: emitió un comunicado repudiando a Rezai, le mandó una nota verbal de queja a los nicaragüenses por no haberlo detenido y activó el mecanismo en conjunto con la Policía Federal (que depende del Ministerio de Seguridad de Aníbal Fernández) para que Interpol interviniese, dando curso a la alerta roja. Pero Rezai siguió en libertad.

Con el paso de los días también trascendieron dos reuniones que Rezai mantuvo en Nicaragua y en La Habana, con el presidente cubano Miguel Díaz Canel. Tampoco en la capital cubana las alertas rojas funcionaron.

Argentina, si bien condenó la no detención de Rezai, se había apoyado en Nicaragua en la Cumbre de Cancilleres de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) realizada el viernes 7 de enero en Buenos Aires donde Alberto Fernández logró el consenso de los 32 países participantes para quedarse con la presidencia pro témpore del foro regional que se opone a los lineamientos de la Organización de Estados Americanos (OEA), que preside el uruguayo Luis Almagro y que cuestiona la falta de transparencia en la política de derechos humanos de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Fue clave en el marco de la CELAC el respaldo del canciller nicaragüense Denis Moncada a la postulación argentina. Gracias al trabajo conjunto que encararon el canciller argentino, Santiago Cafiero, y su par mexicano, Marcelo Ebrard, se pudo conseguir que Alberto Fernández se quedara con la presidencia, tras la postergación que sufrió el traspaso el 18 de septiembre de 2021 cuando Felipe Solá había sido desplazado de su cargo como ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país.

Debieron sortear, además, la resistencia de Nicaragua, que a través de Daniel Ortega se había opuesto casi hasta último momento a la candidatura de Fernández. El retiro de los embajadores de ambos países de Managua provocó un enojo mayúsculo en el mandatario nicaragüense que finalmente quedó superado después de arduas negociaciones.

La CELAC, concebida por el venezolano Hugo Chávez en 2011 con el objetivo de criticar la política de injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de los países de la región, es el vehículo que tanto Nicaragua, como Cuba y Venezuela, cuestionados por el gobierno de Joseph Biden y sus aliados por las violaciones a los derechos humanos y la falta de apego a la democracia, utilizan como defensa ante la comunidad internacional.

Después de la Cumbre de la CELAC hubo algunos pedidos de interpelación y también para que el canciller Cafiero diera explicaciones ante el Congreso de la Nación de varios legisladores de la oposición nucleados en Juntos por el Cambio.

Luego, el jueves 13 de este mes, Brian Nichols, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, criticó duramente la presencia del funcionario del gobierno iraní en la capital nicaragüense. En su cuenta de Twitter, el funcionario que tiene a su cargo la relación del Departamento de Estado con América Latina remarcó que Rezai está acusado de haber ideado el atentado contra la sede de la AMIA en 1994.

El tuit publicado por Nichols señala que “en su ‘inauguración’, Ortega-Murillo estuvieron acompañados por Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y Mohsen Rezaei, un iraní implicado en el atentado a la AMIA en Argentina. El hemisferio no puede mirar al otro lado mientras Ortega-Murillo socavan la democracia y seguridad regional”.

El presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, designó a Nichols como el encargado de la relación con América Latina debido a su amplia experiencia diplomática en la región. Había sido embajador estadounidense en Perú entre 2014 y 2017. Entre 2007 y 2010 revistó en la embajada de Estados Unidos en Colombia y también atendió asuntos vinculados a México y El Salvador. Se lo define como un funcionario de carrera con mucha experiencia en América Latina.

La crítica de Nichols es otra muestra del rechazo a los métodos empleados por el régimen del sandinista Ortega. La organización Human Rights Watch (HRW), consignó en su informe anual “América Latina: Alarmante retroceso de libertades básicas”, que “las elecciones de noviembre en Nicaragua se llevaron a cabo sin las más mínimas garantías democráticas. De cara a los comicios, el Gobierno de Daniel Ortega detuvo y procesó arbitrariamente a críticos y opositores, incluyendo a siete candidatos presidenciales”.

En el mismo informe Human Rights Watch subrayó que desde que Ortega volvió al poder en 2007 “ha desmantelado casi todos los controles institucionales sobre el poder presidencial (…) destituyó a los legisladores de la oposición en 2016 y prohibió los partidos políticos de la oposición antes de las elecciones presidenciales de 2021″.