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Política

Se suspendió la indagatoria a Mauricio Macri porque no fue relevado del deber de guardar secreto

Iba a declarar ante el magistrado subrogante Martín Bava, quien el miércoles fue ratificado al frente de la investigación por la Cámara Federal de Mar del Plata. Está imputado por espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan.

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El expresidente Mauricio Macri se presentó este jueves a declaración indagatoria en la causa donde se lo acusa de haber promovido espionaje ilegal a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido en 2017, pero el trámite se suspendió porque no está relevado de su deber de guardar secreto de Estado sobre temas de inteligencia.

Macri ingresó poco antes de las 12 al juzgado federal de Dolores a cargo de Martín Bava junto a su abogado Pablo Lanusse y se retiró casi una hora después sin declarar, informaron a Télam fuentes judiciales.

Según explicaron las fuentes, cuando iba a comenzar el trámite se informó que, por su condición de exmandatario, está obligado a guardar secreto de Estado.

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) informó al juzgado no estar en condiciones de relevarlo de esta obligación ya que el pedido debe hacerse ante el presidente de la Nación Alberto Fernández. Ante esto, la defensa solicitó la suspensión de la audiencia y el juez hizo lugar.

La nueva fecha se fijará una vez que se cumpla con este requisito para que Macri pueda hablar o responder preguntas vinculadas a cuestiones de inteligencia.

La llegada de Macri

Macri llegó a las 10.30, a la sede de la Municipalidad de Dolores, donde mantuvo una reunión con dirigentes del PRO, como Jorge Macri y el jefe comunal, Luis María Camilo Etchevarren.

Desde antes de las 7, comenzaron a llegar a la sede del juzgado, ubicado sobre la calle Buenos Aires en el centro de Dolores, efectivos de la Policía Federal que cortaron la calle y desplegaron un operativo de seguridad, en tanto que se registra una importante presencia de medios de comunicación.

A dos cuadras del juzgado, en la Plaza Castelli, se montó una especie de escenario en el acoplado de un camión, donde se desarrolló un acto de apoyo a Macri organizado desde Juntos por el Cambio (JxC).

A horas de la indagatoria, el tribunal de apelaciones rechazó la recusación con la cual la defensa de Macri pretendía correr de la causa al juez que el 1 de octubre dispuso que se lo convocara a dar explicaciones por el supuesto espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan.

Macri está imputado desde hace más de un año por supuestas maniobras de espionaje ilegal que habrían tenido por objetivo monitorear las actividades de las organizaciones de familiares de las víctimas del hundimiento del submarino San Juan.

Macri está imputado desde hace más de un año por supuestas maniobras de espionaje ilegal que, de acuerdo con la investigación judicial, habrían tenido por objetivo monitorear las actividades de las organizaciones de familiares de las víctimas del hundimiento del submarino San Juan “desde la perspectiva de la afectación a la imagen de la gestión de Gobierno”.

Se lo acusa de haber ordenado y posibilitado, entre diciembre de 2017 y finales del 2018, “la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la Ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos”.

“Entre esas tareas de espionaje prohibidas por ley, se le imputa haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan”, dice la imputación que leerá hoy el juez Bava y que ya fue expuesta en el llamado a indagatoria.

Los documentos que dieron origen a la denuncia contra Macri no fueron elaborados por la Casa Militar ni encontrados en sus oficinas, sino que estaban en poder de la base Mar del Plata de la AFI, algo que está prohibido por la propia Ley de Inteligencia.

Las acciones ilegales “buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento de dicho submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes”, se indicó en la imputación.

En las declaraciones previas a su indagatoria -como aquellas que le dio al Noticiero 7 de Santiago del Estero- el expresidente Macri intentó desvincularse del supuesto espionaje, cuestionó al juez Bava y dijo que su citación a indagatoria tiene que ver con que el magistrado desconoce cómo trabaja la Casa Militar.

Lo primero que señaló fue que el juez Bava es “manifiestamente incompetente” porque, entre otras cosas, “el ARA San Juan no se hundió en Dolores”, ni él trabajó en Dolores y “los servicios de inteligencia nacionales no trabajan en Dolores”.

En esos dichos, el exmandatario confundió, por lo menos, dos expedientes: aquel en el que se investiga el hundimiento del submarino que tramita ante la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yañez, mientras que lo que se investiga en Dolores es el espionaje a los familiares de las víctimas, ocurrido en Mar del Plata.

“Yo no espié a nadie, ni mandé a espiar a nadie. Ni en esta causa ni en ninguna otra”, se defendió Macri, quien se encuentra imputado desde septiembre del año pasado, cuando el primer fiscal que intervino en la causa, Daniel Adler, impulsó la investigación tras la denuncia de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño.

A pesar de que Macri afirmara que la de hoy fue una convocatoria intempestiva y que él no estaba en el expediente, ya en la denuncia, la interventora de la AFI lo ubicó expresamente como el “responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional”.

Macri sostuvo que acusarlo por supuestas maniobras de espionaje ilegal “es desconocer cómo funciona la Casa Militar y la custodia del Presidente, que a cada lugar que va tiene que naturalmente saber con quién se va a reunir”.

Pero los documentos que dieron origen a la denuncia contra Macri no fueron elaborados por la Casa Militar ni encontrados en sus oficinas, sino que, según surge de la investigación, estaban en poder de la base Mar del Plata de la AFI, algo que está prohibido por la propia Ley de Inteligencia.

“Todas estas tareas de inteligencia ilegal no contaron con autorización judicial alguna, ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional y se realizaron”, sostuvo el juez en la imputación de Macri.

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El gobierno anunció el cierre del Inadi y celebró Biondini

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El gobierno anunció el cierre del Inadi y celebró Biondini

“No vamos a seguir financiando ni rosca política ni lugares donde se paguen favores políticos”, dijo Adorni.

El gobierno de Javier Milei anunció que avanzará el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) porque “no sirve para nada”.

“Estamos dando los primeros pasos para avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven absolutamente para nada o son grandes cajas de la política o son lugares para generar empleo militante”, anunció Manuel Adorni.

“El primero es el INADI, estamos empezando con su cierre definitivo”, agregó el vocero, que sostuvo que el organismo “tiene alrededor de 400 empleados y decenas de oficinas”. “Estos institutos tienen la particularidad de que están conducidos por funcionarios de dudosa idoneidad”, reconoció.

El dirigente neonazi Alejandro Biondini celebró el anuncio. “La primera medida con la que estoy de acuerdo. Hasta ahora el INADI sólo había servido para perseguir al Nacionalismo y otras expresiones. Era una herramienta para coartar la libertad de opinión en forma arbitraria y selectiva. Me alegra que lo desmantelen”, dijo Biondini.

La decisión se conoce un día después de que el Gobierno designó como interventora a María de los Ángeles Quiroga, que será la encargada del desmantelamiento.

“No vamos a seguir financiando ni rosca política ni lugares donde se paguen favores políticos, ni donde hayan decenas o cientos de puestos jerárquicos que no suman nada”, insistió Adorni. “Hay un sin fin de institutos que el Presidente está decidido a cerrar o desmantelar”, agregó.

“Los trámites burocráticos no siempre son tan sencillos, lamentablemente la burocracia pone algunos límites. Nos encantaría que el INADI esté cerrado hoy, pero no se puede”, continuó el vocero en conferencia de prensa.

Adorni explicó que el cierre de organismos “en algunos será por decreto, en otros bastará con la decisión de cada ministro”. Respecto a los posibles despidos, Adorni dijo que “empleado que esté de más no tiene razón de ser que un argentino abone su sueldo con sus impuestos”.

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Plan Incluir: casi 150 millones para localidades del departamento

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Plan Incluir: casi 150 millones para localidades del departamento

El senador Traferri detalló fondos por casi 150 millones que llegarán a localidades del departamento

Los aportes serán destinados a obras públicas de importancia estratégica para las comunas y municipios.

El Ejecutivo provincial dictó sendos decretos con asignaciones de fondos del Presupuesto Provincial 2024 a favor de distintos municipios y comunas, entre los cuales se encuentran tres localidades del departamento San Lorenzo, que recibirán 148.630.000 de pesos, según detalló el senador Armando Traferri.

De acuerdo al acto administrativo, se beneficiarán en esta oportunidad las localidades de Ricardone, que recibirá $ 48.630.000 a ser destinados para el estabilizado de las calles de tierra del pueblo, Roldán que recibirá $ 60.000.000 para infraestructura urbana y Fray Luis Beltrán, donde se destinarán $ 40.000.000 para obras de iluminación que permitirán brindar mayor seguridad.

“Trabajamos mucho legislativamente en la aprobación del Presupuesto Provincial 2024. hablamos en su momento de la importancia que tiene para el Poder Ejecutivo contar con esta herramienta administrativa en tiempo y forma, y es en momentos como este, con hechos concretos, con asignaciones importantes de fondos, donde podemos ver con claridad el valor de la labor legislativa”, remarcó el senador Traferri

PLAN INCLUIR
El Plan Incluir programa fue creado por medio del decreto 1184 del 29 de octubre de 2020 y continúa siendo aplicado por las actuales autoridades provinciales. Tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las familias en los barrios mediante la generación de obras de infraestructura estratégica, vinculadas a la mejora del hábitat, el equipamiento barrial, el saneamiento y el acceso a luz y agua seguras.

También busca fortalecer las redes sociales del barrio promoviendo el encuentro, la participación y la convivencia en el espacio público, para prevenir la violencia interpersonal, impulsar la participación social y ciudadana en espacios barriales, donde autoridades locales y provinciales interactúen con las y los vecinos, a fin de priorizar en conjunto los problemas a resolver y abordar a las familias desde una perspectiva integral asegurando el acceso a derechos fundamentales.

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Senadores Justicialistas: “los trabajadores y trabajadoras no deben pagar el ajuste”

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Los senadores justicialistas de la provincia de Santa Fe presentamos un proyecto de comunicación solicitando que se abone la totalidad de la paritaria acordara para el 2023 para los trabajadores estatales y también que se negocien para 2024 actualizaciones salariales basadas en el índice de Precios Mayoristas y no con otras referencias.

“Entendemos las dificultades que plantea la actual situación económica del país, pero consideramos que el gobierno provincial debe mantener un canal de diálogo permanente y abierto con el sector trabajador, en un espacio reconocido y valorado como el que representa la negociación paritaria, el cual debe defenderse y respetarse en todo momento”.

“El costo del ajuste fiscal no puede recaer sobre los encargados de brindar salud, educación y tantos otros servicios fundamentales que cumplen nuestros trabajadores estatales. Es en ese marco que deben encontrarse soluciones y ofrecerse propuestas, aún transitorias o provisorias” expresaron.

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