Provincia
Esperada media sanción a la ley de protección de trabajadores de deliverys
La iniciativa presentada por el diputado del Frente Renovador-PJ Oscar Martínez busca garantizar la seguridad de los trabajadores de las apps de entrega a domicilio

Este jueves la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley presentado el año pasado por el legislador del Frente Renovador-PJ Oscar Martínez para la protección de las y los trabajadores que se desempeñan en servicios de apps de delivery, que desde hace un largo tiempo son blanco permanente de hechos de inseguridad. Gran algarabía de las trabajadoras y trabajadores presentes en la Legislatura.
Luego de pasar por varias comisiones y obtener el dictamen de Asuntos Constitucionales, se aprobó la media sanción de este proyecto en el recinto. En su discurso, Martínez manifestó su agradecimiento a las diputadas y diputados que dieron su voto positivo y recodó: “Venimos trabajando codo a codo con las y los trabajadores de delivery desde hace un año para que este proyecto sea una realidad. La mayoría de ellos son jóvenes que encontraron una salida en este panorama económico tan complicado que les dificulta enormemente su inserción en el mercado laboral. Que han sido además trabajadores esenciales en la pandemia y que lo que están pidiendo a gritos es poder trabajar seguros, que no les roben, que no los maten».
«Este gran colectivo de personas son trabajadores independientes, que tienen que pagarse su monotributo y su seguro, y además tienen que llevar un celular y dinero en sus bolsillos porque son ellos quienes pagan por adelantado los productos que luego reparten. Esto los pone en una situación sumamente vulnerable respecto de los delincuentes que andan sueltos y son muchos y conocidos los casos en los que han sido golpeados, robados y baleados en plena vía pública. Si bien no existen estadísticas se calculan solo en la ciudad alrededor de 10 robos por día, lo que se multiplica por dos en la ciudad de Rosario”, añadió
En ese sentido, explicó: “Consiste en la creación de un Programa de Monitoreo Informático Permanente mediante sistemas de posicionamiento global (GPS), asignando un dispositivo GPS a cada inscripto a los fines de monitorear de manera permanente su geo-localización en los horarios de trabajo, armar estadísticas de trabajo, coordinar esfuerzos y recursos en pos de una mayor eficiencia en la prevención del delito, y crear una central de denuncias con botón anti-pánico ante cualquier situación sospechosa, para que pueda ser abordada de manera inmediata».
«El objetivo del programa es garantizar la seguridad de todos los trabajadores y creemos que esos recursos deben ser aportados por las propias empresas proveedoras del servicio”, enfatizó el legislador, y apeló a la sensibilidad de la Cámara de Senadores “en un tema tan importante y candente en esta situación de inseguridad que atraviesa la provincia”, instándolos a que prontamente le den sanción definitiva.
Los detalles del proyecto que obtuvo media sanción
Según el texto aprobado se incorporan los apartados j) y k) al artículo 117 de la Ley 3456 -Código Fiscal de la provincia- (gravamen a los servicios de delivery y transporte mediante aplicaciones móviles).
En el Artículo 1 se crea el Monitoreo Informático Permanente ( MIP), mediante sistemas de posicionamiento global (GPS), que tiene por objetivo garantizar la seguridad de los trabajadores independientes que presten servicios de reparto de todo tipo de productos a domicilio, formato delivery, mediante aplicaciones móviles.
En el Artículo 2 establece que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Seguridad o el organismo que en un futuro lo reemplace.
En el Artículo 3 se detallan las tareas que llevará adelante el Ministerio asignado:
- la confección de un registro de trabajadores y proveedores independientes de servicios de reparto de todo tipo de productos a domicilio, formato delivery, mediante aplicaciones móviles;
- la asignación de un dispositivo GPS a cada inscripto a los fines de monitorear de manera permanente su geolocalización en los horarios de trabajo;
- crear un sistema informativo de monitoreo informático permanente de las actividades de dichos trabajadores y proveedores independientes;
- confeccionar estadísticas adecuadas priorizando el trazado de hojas de ruta del flujo laboral (horarios picos, distribución geográfica del flujo dentro de cada ciudad, tiempos promedios) a fin de coordinar esfuerzos y recursos en pos de una mayor eficiencia en la prevención del delito;
- crear una central de denuncias con botón anti-pánico ante cualquier situación sospechosa, para que pueda ser abordada de manera inmediata; y,
- crear uno o varios canales de denuncia anónima para delitos vinculados a las actividades y los trabajadores contenidos en el Artículo 1.
- En el Artículo 4 de la ley se establece que el financiamiento para el presente Monitoreo Informático Permanente se realizará con:
- el cien por ciento (100%) de lo recaudado en concepto de multas, intereses y accesorios, por incumplimiento de normativas nacionales o provinciales, que la Provincia aplique formalmente a las empresas que realicen comercialización de servicios online y mediante aplicaciones móviles que se operan mediante teléfonos inteligentes, para el reparto de productos a domicilio, formato delivery
- aportes provenientes de rentas generales del Tesoro Provincial;
- aportes provenientes de programas del Estado Nacional susceptibles de aplicarse a los objetivos de la presente;
- aportes provenientes de organismos multilaterales
- donaciones, legados y subvenciones, destinados al cumplimiento de los fines presentes.
Provincia
El senador Michlig contra el Ministro de Obras Públicas de Santa Fe

Tensión en el Senado: Michlig acusó a Enrico por «discrecionalidad» en fondos para vivienda y dijo «estar arrepentido» de haber votado su licencia
El senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, presentó un pedido de informes por la paralización de viviendas y cruzó al ministro de Obras Públicas. La respuesta llegó por parte de la senadora por General López, Leticia Di Gregorio, quien rechazó las acusaciones, brindó cifras oficiales de la gestión provincial y apuntó a una supuesta «cuestión personal» contra el funcionario
El Senado de la provincia de Santa Fe fue escenario este jueves de un inusual y tenso debate que puso en evidencia una fuerte interna dentro de Unidos. El senador por el departamento San Cristóbal y presidente del Senado, Felipe Michlig, y la senadora por el departamento General López, Leticia Di Gregorio, protagonizaron un duro contrapunto en torno a la ejecución de la obra pública y la terminación de viviendas paralizadas. Mientras el primero denunció «discrecionalidad» por parte del ministro Lisandro Enrico, la legisladora defendió la gestión del funcionario y atribuyó el reclamo a una «animosidad personal».
La discusión comenzó cuando Michlig justificó la presentación de un pedido de informes dirigido a la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo ante la falta de respuestas del Ministerio de Obras Públicas. El eje central fue la culminación de más de 800 casas correspondientes a planes nacionales en el territorio provincial. Según explicó, inicialmente se había acordado terminar aquellas con un avance de obra superior al 60 por ciento, pero denunció que el criterio cambió. «¿Decide el ministro por la cara, por lo que representa, porque le gusta más o le gusta menos, porque es del norte, porque es del sur, porque es del centro?», cuestionó el legislador, encargándose de separar «totalmente» al gobernador Maximiliano Pullaro de la polémica.
Provincia
Media sanción a una ley para expropiar la planta Dow

Un salvavidas desde el Senado
Salió por unanimidad y ahora define Diputados para salvar la fuente laboral de Puerto San Martín donde 120 trabajadores fueron despedidos por el cierre de la fábrica.
El Senado provincial aprobó por unanimidad un proyecto de ley que declarará «de utilidad pública y sujeta a expropiación» a la planta industrial de Dow Química Argentina en Puerto General San Martín, que la multinacional decidió cerrar hace dos semanas, con el despido de unas 120 personas que trabajaban allí. La pelota pasó a Diputados, y si allí se sanciona el Ejecutivo podrá –en caso de que Maximiliano Pullaro acceda– expropiar la fábrica y darle entrada a posibles inversores interesados que la petroquímica estadounidense no tiene intención de atender.
La iniciativa partió del senador por San Lorenzo, Armando Traferri, con apoyo del sindicato Soepu, que así ve una esperanza de continuidad laboral ante la decisión terminante de la empresa por mudar la producción de polioles (materia prima de poliuretanos) a su planta en Brasil.
«La expropiación es un mecanismo necesario en situaciones críticas como la que enfrentamos, y estoy convencido de que hay empresas con capacidad y disposición para mantener la producción de polioxi propilenglicol y éteres glicólicos, insumos esenciales para diversas industrias», señaló el legislador.
Es la segunda vez que la Legislatura interviene sobre la situación de esta industria química. En 2021 lo hizo junto con el sindicato y el Ministerio de Producción nacional para lograr que la empresa revierta su plan de cerrar.
Ahora el proyecto con media sanción impone que «el Poder Ejecutivo Provincial dispondrá la conformación de un Registro de las propuestas recibidas, a fin de declarar posteriormente la atribución de la operatoria industrial sujeta a expropiación a favor de un beneficiario privado, cuya propuesta y plan de inversión y explotación permitan la preservación de los puestos de trabajo y del proceso productivo».
Traferri sostiene que «existen empresas privadas interesadas y con la suficiente capacidad operativa y económica para adquirir la planta y continuar con su operación de forma normal. El cierre de la planta no sólo impactaría en los trabajadores, sino que también tendría graves consecuencias en la economía local y en la cadena de suministro nacional, ya que Dow es el único productor nacional de estos insumos», precisó.
En el mismo sentido se pronunció ayer el secretario general del Soepu, Mauricio Brizuela. «De esta petroquímica dependen siete ramas industriales. Dow busca importar desde Brasil, lo que va a redundar en la pérdida de casi 3000 puestos de trabajo», alertó.
El proyecto pasó a Diputados, donde también por todos los bloques votaron una declaración de solidaridad con los trabajadores. Habrá que ver si esa unanimidad se mantiene para sancionar la expropiación.
Provincia
Cortaron el suministro de gas en las estaciones de GNC y en industrias

Se agrava la situación en todo el país.
Ordenaron a cientos de estacioneros del interior frenar la venta hasta nuevo aviso. Además, más de 100 empresas que tienen contrato interrumpible se quedaron sin servicio. Las medidas son para combatir la ola de frío.
Varias empresas se quedaron sin gas y estaciones del interior tienen prohibido vender.

Ante las bajas temperaturas y los problemas con el transporte de gas, se cortó el suministro de gas en las estaciones de GNC de varias provincias hasta nuevo aviso, para atender a la demanda domiciliaria. Además, más de 100 empresas que tienen contrato interrumpible se quedaron sin servicio.
Además se interrumpió el envío a las industrias, incluso a algunas que tienen contratos no interrumpibles, situación originada en la demora en una compra de de gas natural licuado (GNL) por parte de la empresa estatal Enarsa.
Entre las provincias afectadas se encuentra Santa Fe y Córdoba.
En Córdoba, la empresa Distribuidora de Gas del Centro (Ecogas) ordenó a las expendedoras de GNC restringir de forma inmediata el suministro hasta nuevo aviso. La instrucción a los estacioneros llegó vía mail este martes cerca de las 19.
Marisa Centenaro, de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Córdoba, expresó en diálogo con C5N: «No sabemos cuánto se puede extender, queremos que se termine rápidamente. El estrés que produce al sector es muy importante. El comentario que tenemos de parte de Ecogas es que el corte es total y por tiempo indeterminado. En principio iba a ser por unas horas durante la tarde del martes, porque había problemas con unas compresoras, pero la situación se agravó por la situación del barco».
«Los coletazos de estas medidas los padece mucha gente, todo aquel que usa el vehículo para trabajar, esto provoca consecuencias graves e irreversibles. Lo que el estacionero no vende no va a vender cuando el servicio esté repuesto; y a los que tienen que moverse a nafta les modifica la economía familiar», añadió.
Las rispideces en materia de relaciones internacionales tienen su correlato en la cuestión del gas, dado que la compra del cargamento de GNL de parte de Enarsa a Petrobras no llegó a concretarse dado que la empresa brasileña «impugnó la carta de crédito con la que debía pagarse el combustible y no autorizó la descarga del GNL en la terminal regasificadora de Escobar», según detalló el medio EconoJournal.
A esto se suma que Transportadora de Gas del Norte sufrió un inconveniente técnico en dos plantas compresoras, lo que profundiza el problema del transporte y llevó a la decisión de interrumpir el suministro.













