El ingeniero civil, de 77 años, es presentado por la mayoría de los medios de comunicación como un «outsider» a pesar de haber sido alcalde de Bucaramanga, capital del departamento de Santander (norte).

Su principal asesor de campaña, el argentino Ángel Beccassino, días antes de la elección dijo que ve a su candidato como un «llanero solitario» e insistió en presentarlo como alguien que rechaza las alianzas con otros espacios políticos y que solamente está dispuesto a hacer acuerdos con «personas» y a cambio «de nada».

Ambos candidatos buscaron el «voto oculto» -en palabras de Hernández- interpelando a la ciudadanía a través del uso de herramientas digitales y tradicionales. Si bien Hernández dice rechazar los aparatos políticos tradicionales, montó una red de «voluntarios» en torno a su figura.

También declinó debatir con Petro, al igual que en la primera vuelta, para acentuar su perfil y las diferencias con «los políticos de siempre».

El jueves, un fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó a los candidatos presentarse a un debate televisivo en línea con la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que argumentó acerca del interés que representaba para la ciudadanía el poder conocer las propuestas de los candidatos previo a tan importante contienda electoral.

Hernández presentó una serie de condiciones para asistir pero finalmente declinó, pese a que el equipo de Petro se encontraba listo para participar.

En paralelo, se difundió en medios y redes sociales un video de Hernández en una fiesta en un yate que levantó nuevas críticas contra el candidato.

El video actualizó el frente judicial que enfrenta el postulante, quien pese a enarbolar la bandera en contra de la corrupción, deberá enfrentar el próximo 21 de julio un proceso judicial en el que se lo involucra en la fallida asignación ilegal de un contrato para la gestión de los residuos urbanos a la empresa Vitalogic cuando fue alcalde de Bucaramanga, y a su hijo acusado del cobro de una comisión millonaria.

El material audiovisual data de 2021, pero fue publicado esta semana por la revista Cambio y recordó a la ciudadanía colombiana ese escándalo porque una fuente citada por el medio aseguró que los gastos de la fiesta «fueron cubiertos por la compañía farmacéutica Pfizer, interesada en ampliar sus negocios en Colombia, y varios de sus ejecutivos estuvieron presentes». Si bien la compañía multinacional lo negó, queda por ver si la imagen de Hernández ha logrado salir indemne.

Para la jornada electoral, tanto comerciantes, pero también medios y el gobierno manejan hipótesis de conflictividad luego del cierre de mesas de votación.

En el centro de Bogotá, dueños de cafés y tiendas dijeron a Télam que el domingo pretenden cerrar las puertas a la par que se conozca el cierre de urnas.

En tanto, este viernes el ministro de Defensa, Diego Molano, fue consultado por la cadena CNN en Español sobre posibles alteraciones al orden público y respondió: «Hay convocatorias en redes sociales» para «desarrollar acciones violentas» a la vez que confirmó que habrá un equipo de más de 4.800 miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), fuerza cuestionada por su violento accionar durante las protestas del año pasado contra el gobierno.

El pasado 13 de junio, la Procuradora colombiana Margarita Cabello Blanco instó a alcaldes y gobernadores a adoptar medidas para «salvaguardar la seguridad y la convivencia» durante la jornada electoral porque tenían información «de algunos grupos» que tenían la pretensión de «alterar el orden público».

De repetirse el escenario del primer turno electoral, se estima que los resultados se conocerán en torno a las 19 horas de Colombia (21 de Argentina).

Quien resulte el próximo ocupante de la Casa de Nariño deberá atender la grave situación alimentaria que atraviesa Colombia, con índices desoladores en un país en el que alrededor de 60% de sus habitantes no cuenta con un trabajo registrado.

También quedará como prioritario en la agenda del próximo presidente el cumplimiento de los acuerdos de paz de 2016, desechados en general por el actual Gobierno, y que, de empezar a implementarse, podrían evitar los asesinatos de exguerrilleros (hubo unos 300) y líderes sociales (1.300) ocurridos desde la rúbrica del pacto.

Ambos candidatos explicitan en sus programas de gobierno sus deseos de cumplir el Acuerdo Final de Paz con las extintas FARC e incluso avanzar con diálogos con el ELN, aunque Hernández dijo no estar dispuesto a reabrir nuevos procesos de diálogos sino simplemente incorporarlos al acuerdo existente.

Además, la entrada en vigencia del acuerdo podría mejorar notablemente la situación del campesinado, ya que algunos de los puntos que quedan por aplicar son una reforma agraria y una política de sustitución de cultivos ilícitos, que beneficiaría la economía de las familias rurales.