Región
Erbetta: «Traspasar causas de droga a la Justicia provincial no sirve para nada, será un fracaso»
Para el ministro de la Corte, en las provincias donde se aplicó no funcionó. «Van casi a vaciar de trabajo a la Justicia federal y retacear recursos a la que mostró niveles de eficacia», dijo
La iniciativa de desfederalizar en Santa Fe la persecución del narcomenudeo como forma de ser más eficaces a la hora de enfrentar este delito y también la enorme violencia que produce en lugares como Rosario volvió a asomar en la agenda pública. Para el ministro de la Corte Daniel Erbetta, una ley de este tipo “no sirve para nada”. Para el docente de la UNR reinstalar la posibilidad de implementarla en Santa Fe “es volver a eludir la esencia del problema, que se vincula a la necesidad de investigaciones estratégicas y coordinadas sobre un mercado ilegal complejo, atravesado por organizaciones con logística, sectores del poder real, sectores de la policía y cierto desconcierto o silencio de responsables institucionales”.
Erbetta rechaza el planteo de que las principales provincias del país, cómo Córdoba y Buenos Aires, tienen sus causas menores de drogas en la Justicia ordinaria con logros aceptables. “Es una idea errada. Operativamente fue un desastre en todas las provincias que adhirieron. Pero ya parece un recurso fácil hacer política criminal sin datos y peor aún, como en este caso, con datos en contra. Si quieren vender la ilusión de que van a resolver el problema que lo hagan, pero anticipo que de concretarse el resultado es previsible: fracaso total. Todas las investigaciones empíricas, todos los expertos que han evaluado la experiencia en esas provincias, han dado cuenta de que no sólo aumentó el consumo sino subió el precio y quedó impune el narcotráfico y, además, sólo ha servido para hacer estadística con nimiedades y en muchos casos complicar investigaciones complejas haciéndolas fracasar”, dijo.
Para el especialista en Derecho Penal, implicarse en un debate sobre una ley que pase causas menores de drogas a la Justicia provincial no atenuaría los problemas reales de violencia y reeditaría experiencias que en otras provincias no fueron exitosas. “Sería preferible que nos aboquemos inmediatamente a discutir una reforma policial porque ello sí es imprescindible pensando a mediano plazo y dentro de un conjunto de otras políticas”, dijo.
Una de las ideas en favor de la desfederalización es que la Justicia provincial ya trabaja de hecho identificando, y actuando en delitos ordinarios como homicidios y balaceras, a actores que están en el narcotráfico. Y que esto simplificaría actuaciones. “Es un argumento sin peso”, le dice el penalista de la Corte Suprema a La Capital. “Sumar el narcomenudeo implicaría sobrecargar la estructura ya comprometida de la Justicia provincial con delitos de menor cuantía. ¿A alguien le podría parecer comparable con un homicidio o una extorsión mediante balaceras? Es la mejor forma para que haya un dispendio de recursos que comprometerá incluso la capacidad de rendimiento en las investigaciones por delitos ordinarios graves que hoy se llevan a cabo con bastante buen resultado”.
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Un traspaso de causas de drogas a la Justicia provincial supondrá, para Erbetta, saturar el sistema con hechos de flagrancia. “Es lo que ocurre en las provincias que lo tienen. Lo van a saturar con lo que encuentran en el cateo, abandonado u oculto de algún modo, lo que se cruza en la calle con la policía, pero nunca habrá detenidos clave por esos hallazgos porque el déficit es la falta de investigaciones que lleguen a los niveles más altos de las organizaciones criminales. La Justicia federal habrá tenido pocos recursos, pero ¿no debe explicar por qué no se investigó organizaciones con niveles de presencia y exposición tan elevados?”, se preguntó.
La semana pasada el senador Lisandro Enrico (UCR/General López) reimpulsó un proyecto de narcomenudeo en la provincia. “Uno de los delitos que más ha crecido, se ha masificado y se ha esparcido sigue siendo considerado como un delito de carácter excepcional y no común, dando intervención sólo a la Justicia Federal sin la participación de la Justicia Provincial”, sostuvo. El fiscal general Jorge Baclini se mostró proclive a la idea.
Qué implica traspasar a la provincia las causas federales? ¿ Tiene lógica en términos de carga laboral y de recursos en la Justicia federal? “El escenario reciente de nuestra provincia parece el de una brújula imantada”, dice Erbetta. De un lado, se ponen de acuerdo para sumar recursos a la Justicia federal y del otro proponen sacarle casi el 67% de las causas penales que tramitan y derivarlas a la justicia ordinaria, lo cual demandaría obviamente crear cargos de jueces, fiscales, defensores y empleados provinciales. ¿O pensarán sumar recursos a una Justicia federal a la que van casi a vaciar de trabajo y retacear a la que mostró niveles de eficacia y, tal vez por eso, le suman ahora más competencia? No niego que haya que sumar recursos a la Justicia federal en el marco de la implementación del acusatorio. Eso aun cuando algunas cosas no están bien pensadas como, por ejemplo, tener jueces de garantías, de juicio, de revisión, de ejecución, es decir estructuras rígidas totalmente desactualizadas. Pero se supone que ello va de la mano de la exigencia de que la Justicia federal comience a dar una respuesta que durante años fue muy débil.
La PSA allanó al entorno de Willy Velázquez y Tito Marino, quienes están detenidos desde 2021 por narcotráfico en San Lorenzo y la región. Investigan presunta protección de personal de Prefectura y a una asociación de taxistas. Hay ocho detenidos
Dos viejos conocidos del submundo narco del Cordón Industrial volvieron a quedar en la picota de la Justicia Federal, aun operando desde prisión. Se trata de Ramón Alberto “Willy” Velázquez y su mano derecha, Jehiel Fabián “Tito” Marino, alojados en el penal federal de Resistencia, Chaco, donde cumplen condenas por causas de drogas.
Este miércoles, el Servicio Penitenciario Federal requisó sus celdas y los incomunicó, mientras personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó 25 domicilios: tres en Rosario, once en San Lorenzo, seis en Capitán Bermúdez, uno en Puerto San Martín, dos en Serodino y dos en Puerto Gaboto, según enumeraron fuentes del caso. También hubo otra requisa en el penal federal de Ezeiza.
Hasta la tarde, el resultado era de ocho personas detenidas, cuatro millones de pesos y seis mil dólares secuestrados, además de vehículos y 108 dosis de cocaína (36 gramos) incautados.
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Voceros del Ministerio de Seguridad de la Nación se mostraron conformes con el operativo delegado a la PSA, sobre todo porque desde la Fiscalía Federal solicitaron secuestrar celulares a personal de la Prefectura Naval de San Lorenzo sospechado de brindar cobertura a los investigados. Sin embargo, no hubo órdenes de detención sobre miembros de esa fuerza.
También se expusieron sospechas sobre integrantes de la Asociación de Taxis de San Lorenzo, aunque desde la Fiscalía Federal no abundaron en detalles y optaron por la reserva, al menos hasta la audiencia indagatoria ante el juez Carlos Vera Barros, prevista para los próximos días. El expediente tiene más de dos años y se inició antes del cambio del Código Procesal Penal.
Willy Velázquez, un transa de San Lorenzo y su zona de influencia, es conocido por operar a la vieja escuela: reacio a la violencia y proclive al arreglo con la autoridad. Confeso informante de fiscales y fuerzas de seguridad, cayó en Serodino en abril de 2021 en medio de una investigación de Prefectura Naval. Según la información oficial, tenía 4,3 kilos de cocaína.
Más tarde se supo que lo había entregado Marcos “Pato” Mc Caddon, un convicto por narcotráfico y emisario de Los Monos en el Cordón Industrial.
Por esos días trascendió que Willy había aportado datos para desbaratar a la banda del narcocriminal rosarino Brandon Bay, quien intentaba copar San Lorenzo con una gavilla de tiratiros que, entre 2019 y 2020, sembró el caos en la ciudad portuaria. Los detalles de esa declaración ante el juez Vera Barros, publicada por Rosario3, son un botón de muestra del submundo de las investigaciones direccionadas, los “buches” y la corrupción policial, en especial en la cuestionada Unidad Regional XVII.
En tanto, en julio de 2021 terminó preso Jahiel “Tito” Marino, considerado mano derecha de Willy en sus negocios en el Cordón. Prefectura lo detuvo en pleno centro de San Lorenzo mientras ingresaba a una vinería. Desde entonces, ninguno volvió a la calle. Aunque fuentes judiciales no abundaron en detalles, ambos narcos fueron condenados en procesos abreviados por causas de drogas que no merecieron publicidad.
Según una investigación de los fiscales Javier Arzubi Calvo, Matías Scilabra, Franco Benetti y Claudio Kishimoto, Tito y Willy siguieron operando junto con otro preso cuya identidad no trascendió. Se prevé que al menos once personas sean indagadas por esa maniobra. Fuente: Rosario3
Región
Restituyen en un acto simbólico legajos de estudiantes desaparecidos por el terrorismo de Estado
Los familiares de tres jóvenes que asistían a la Agrotécnica de Casilda, dependiente de la UNR, recibirán sus legajos en la escuela este martes. Es parte de una agenda que la Universidad viene llevando a cabo en varias de sus instituciones
En un acto simbólico que tendrá lugar este martes, se realizará la restitución de legajos de tres alumnos graduados de la Escuela Agrotécnica de Casilda -dependiente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR)- que fueron desaparecidos por el terrorismo de Estado durante la dictadura cívico militar.
Se trata de Víctor Bié, Hugo Bivi y Sergio Jalil, y el acto consiste en la entrega de los legajos reparados a sus familiares, como parte de la política institucional de reconstrucción, reparación histórica y rectificación de legajos de la comunidad universitaria víctima del terrorismo de Estado, impulsada por el Área de Derechos Humanos y el Consejo Académico de Derechos Humanos de la UNR.
La ceremonia se hará este martes, 23 de septiembre, a las 10.30 en la sede de la Escuela Agrotécnica “Libertador General San Martín” (Ovidio Lagos 1000/2170) de la ciudad de Casilda.
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El Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (Soea) inició una medida de fuerza por tiempo indeterminado tras el incumplimiento de la primera cuota de la gratificación 2024 por parte de la agroexportadora. La situación agrava el delicado estado financiero de la compañía
El 2025 comenzó con un nuevo conflicto en Vicentin, donde trabajadores aceiteros del cordón industrial de San Lorenzo y Ricardone llevan adelante un paro por tiempo indeterminado. La medida fue convocada por el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (Soea) tras el incumplimiento del pago de la primera cuota de la gratificación anual correspondiente al 2024, pactada en paritarias.
El bono, equivalente a un sueldo extra, debía abonarse en dos cuotas: una el 10 de enero y otra el 10 de febrero. Sin embargo, la empresa no cumplió con la primera entrega ni ofreció una nueva fecha para el pago, lo que desató la inmediata reacción del gremio.
“Nosotros no permitiremos que falte un peso en el bolsillo de los trabajadores”, expresó el sindicato este domingo, mientras trabajadores permanecen en las instalaciones de la planta para visibilizar el reclamo.
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La protesta afecta no solo a las plantas de Vicentin, sino también a la envasadora Renopack, que no forma parte del concurso preventivo. La empresa alegó dificultades financieras, un argumento recurrente en los últimos cinco años de crisis económica y judicial que atraviesa la firma.
El acuerdo firmado en diciembre de 2024 había establecido un aumento interanual del 122% en la gratificación anual, convirtiendo a los aceiteros en uno de los pocos sectores que superaron la inflación. Sin embargo, la empresa no logró cumplir con el compromiso en el inicio del nuevo año.
Daniel Succi, secretario general del Soea, aseguró: “Defendemos el derecho de los trabajadores y, si hoy no tenemos una respuesta positiva, mañana las medidas de fuerza se incrementarán en todo el cordón industrial”. Además, señaló que la falta de comunicación por parte de la empresa durante el fin de semana es una muestra del abandono de responsabilidades.
Desde la empresa, se afirmó que la reacción gremial demuestra “nula paciencia y entendimiento”, a pesar de haber cumplido con los aumentos salariales de 2024. “La compañía triplicó su actividad respecto a 2023 y cumplió con todos los compromisos. Este conflicto parece ser una jugada política para influir en la decisión de la Corte sobre nuestro proceso judicial”, expresaron voceros de Vicentin.
La situación económica de Vicentin ha estado bajo la lupa desde 2019, cuando inició un proceso de concurso preventivo por deudas millonarias. En este contexto, el nuevo conflicto agudiza las tensiones dentro de la compañía y expone la incertidumbre laboral de los trabajadores.
El paro también evidencia el impacto de las dificultades financieras en los acuerdos laborales, en un momento en que los gremios buscan defender los derechos de los empleados en medio de un panorama inflacionario y económico adverso.
El sindicato anunció que el paro se mantendrá hasta obtener garantías concretas del pago adeudado. Además, advirtió que, de no haber respuestas inmediatas, endurecerán las medidas en toda la región industrial, afectando la actividad productiva de manera significativa.
Mientras tanto, la expectativa se centra en que las autoridades de Vicentin y representantes gremiales logren entablar un diálogo para destrabar el conflicto, en un momento crítico tanto para los trabajadores como para la empresa.
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