Región
La justicia condenó a tres años de prisión efectiva al ex fiscal Ponce Asahad por asociación ilícita
La pena a seis años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos se reduce a la mitad, tal como prevé la figura de imputado colaborador

La Justicia determinó este martes que el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad reciba una condena a seis años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua por los delitos de Incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y miembro integrante de una asociación ilícita en carácter de coautor. La condena fue acordada mediante un procedimiento abreviado en el cual los fiscales solicitaron que la jueza María Isabel Más Varela revise la figura de imputado colaborador y, en caso de aceptarla, reduzca la pena a tres años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer un cargo o empleo público. La magistrada homologó el acuerdo y aceptó reducir la pena.
«El juicio abreviado es por 6 años. Pero como se lo considera imputado colaborador porque aportó datos a la investigación, la fiscalía solicitó una reducción de la pena que la jueza aceptó. Eso implica que convalidó que los datos que aportó a la investigación son veraces», indicó una fuente judicial, que agregó: «Lo importante es que con esto se convalida las declaraciones y los aportes que dio Ponce a la investigación».
Los Fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada de la Fiscalía le atribuyeron a Ponce Asahad «haber conformado una asociación ilícita integrada además por -al menos- el ex fiscal Patricio Serjal, el empresario Leonardo Peiti, Nelson Ugolini (imputados), David Perona (fallecido) y Alejandro Torrisi, quien ya fuera condenado en septiembre de 2020 en procedimiento abreviado a tres años de prisión condicional y una reparación económica de 270 mil pesos como miembro de asociación ilícita en concurso real con asociación y explotación de salas de juego clandestino y tenencia de arma de fuego de guerra.
El objeto de la asociación ilícita fue usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal y apuestas efectuadas por medios electrónicos, todos ellos sin contar con la autorización de la autoridad competente. Para ello los integrantes de la asociación ilícita con sus diversos aportes y roles, organizaron, explotaron y administraron juegos de azar ilegal.
La organización se desplegó en el ámbito de la provincia de Santa Fe, concretamente en Rosario, Villa Gobernador Gálvez, ciudad de Gálvez y Rafaela; siendo que el asiento principal de los negocios y la residencia de los organizadores se encuentra en la ciudad de Rosario. Los organizadores de esta asociación fueron el empresario de juego Leonardo Peiti y el ex fiscal regional Patricio Serjal, mientras que el resto de las personas antes nombradas participan en carácter de integrantes y conforme el rol que se asigna a cada uno de ellos.
De acuerdo a lo que afirman desde Fiscalía, así ofrecieron y aceptaron dádivas a funcionarios públicos que omitieron hacer actos propios de su funciones; omitieron perseguir penalmente los delitos estando obligados a hacerlo y brindaron información reservada a personas con el objetivo de hacer fracasar cursos investigativos. Dicha organización tuvo una duración temporal que va al menos desde mediados de diciembre de 2018 (fecha en la cual afirma Leonadro Peiti haberse encontrado por primera vez con el imputado, en su carácter de Fiscal Adjunto, para ofrecerle información sobre sus causas) hasta el 24 de julio de 2020 (fecha en la cual se reunieron en la cochera sita en calle Jujuy al 2300 de Rosario el abogado de Peiti y Ponce Asahad).
El rol en la asociación ilícita de Ponce Asahad consistió en haber usufructuado ilegalmente su cargo de fiscal adjunto para recibir dinero de Peiti, a cambio de transmitirle directa o indirectamente por medio de sus empleados responsables, información relativa a las investigaciones que pudieran tener a Peiti como sospechoso o aquellas que él le solicite o las referidas a juego ilegal.
A mediados de diciembre de 2018 el imputado se comunicó con Leonardo Peiti a fines de informarle que existían en el ámbito del MPA investigaciones penales en su contra y que él lo podría ayudar a eludirlas. El imputado junto a Nelson Ugolini obstaculizó la investigación penal por juego clandestino a cargo del Fiscal de Melincué, Matías Merlo, que llevaba como imputado a Leonardo Peiti y otros, informando al imputado la existencia de la investigación y la solicitud de allanamientos, lo que motivó que el fiscal Merlo desista de su realización a consecuencia de esa filtración de información.
A sabiendas de la existencia de una investigación sobre juego clandestino cuya tramitación se encontraba ante la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, el 5 de diciembre de 2018 Nelson Ugolini creó un legajo sobre juegos de azar y se le asignó por fuera de la reglamentación vigente a Gustavo Ponce Asahad, con el fin de interferir en los allanamientos que estaba por realizar el fiscal Merlo. Esto les permitió acceder a información vinculada a las investigaciones del fiscal y vincular a un legajo propio los legajos a cargo de la Unidad de Delitos Económicos sobre juegos de azar, en el cual solicitó una veintena de allanamientos. A sabiendas que Leonardo Peiti estaba siendo víctima de hechos violentos contra su persona, dado que Maximiliano «Cachete» Díaz y sus allegados le reclamaban dinero a cambio de no dañarlo, se reunió junto a Patricio Serjal y le indicaron que no realice medidas de investigación, que no cite a la víctima, afirmando que se habían comunicado con el abogado y éste había informado que estaba fuera de la ciudad.
Ponce Asahad se encontró en distintas oportunidades con Peiti, al menos desde diciembre de 2018, a los fines de recibir el dinero acordado. El imputado concurrió el 17 de junio de 2020 junto con Serjal al Organismo de Investigaciones del MPA (OI), en calle Moreno 1053 de Rosario, y tomó conocimiento de una investigación en curso sobre una asociación ilícita integrada por distintas personas, entre las que se encontraban Alejandro Torrisi y Peiti. El imputado le informó a Peiti de la existencia de esa investigación que lo tenía como sospechoso y le pidió U$S 100.000 dólares para evitar que prospere dicha investigación. Así también se reunió con Peiti. en Bv. Oroño esquina Mendoza en diversas oportunidades y recibió el dinero acordado.
Por su parte en el 2019 y previo a su viaje a Italia, le requirió a Peiti dinero extra y éste le entregó euros y dólares que equivalen a dos de los pagos mensuales que en esa época entregaba. El condenado. concurrió a un encuentro con Peiti el 9 de julio de 2020, a las 12.30, en el Pje, Rosales de Rosario y acordaron que aquél entregaría U$S 10.000 dólares ese mismo día, por la tarde. Esa entrega se concretó a las 18 aproximadamente, en la sede del Círculo Argentino Arabe de Rosario o Centro Cultural Arabe, sito en Dorrego 1251 de Rosario. Ponce Asahad se reunió con el abogado defensor de Peiti en una cochera sita en calle Jujuy entre Alvear y Santiago de la ciudad de Rosario, a las 21.40 aproximadamente a los fines de manifestarle que no lo denuncie ni a Patricio Serjal.
Fuente: La Capital
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Restituyen en un acto simbólico legajos de estudiantes desaparecidos por el terrorismo de Estado

Los familiares de tres jóvenes que asistían a la Agrotécnica de Casilda, dependiente de la UNR, recibirán sus legajos en la escuela este martes. Es parte de una agenda que la Universidad viene llevando a cabo en varias de sus instituciones
En un acto simbólico que tendrá lugar este martes, se realizará la restitución de legajos de tres alumnos graduados de la Escuela Agrotécnica de Casilda -dependiente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR)- que fueron desaparecidos por el terrorismo de Estado durante la dictadura cívico militar.
Se trata de Víctor Bié, Hugo Bivi y Sergio Jalil, y el acto consiste en la entrega de los legajos reparados a sus familiares, como parte de la política institucional de reconstrucción, reparación histórica y rectificación de legajos de la comunidad universitaria víctima del terrorismo de Estado, impulsada por el Área de Derechos Humanos y el Consejo Académico de Derechos Humanos de la UNR.
La ceremonia se hará este martes, 23 de septiembre, a las 10.30 en la sede de la Escuela Agrotécnica “Libertador General San Martín” (Ovidio Lagos 1000/2170) de la ciudad de Casilda.
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Soea paró Vicentín por falta de pago del Bono Anual

El Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (Soea) inició una medida de fuerza por tiempo indeterminado tras el incumplimiento de la primera cuota de la gratificación 2024 por parte de la agroexportadora. La situación agrava el delicado estado financiero de la compañía
El 2025 comenzó con un nuevo conflicto en Vicentin, donde trabajadores aceiteros del cordón industrial de San Lorenzo y Ricardone llevan adelante un paro por tiempo indeterminado. La medida fue convocada por el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (Soea) tras el incumplimiento del pago de la primera cuota de la gratificación anual correspondiente al 2024, pactada en paritarias.
El bono, equivalente a un sueldo extra, debía abonarse en dos cuotas: una el 10 de enero y otra el 10 de febrero. Sin embargo, la empresa no cumplió con la primera entrega ni ofreció una nueva fecha para el pago, lo que desató la inmediata reacción del gremio.
“Nosotros no permitiremos que falte un peso en el bolsillo de los trabajadores”, expresó el sindicato este domingo, mientras trabajadores permanecen en las instalaciones de la planta para visibilizar el reclamo.
La protesta afecta no solo a las plantas de Vicentin, sino también a la envasadora Renopack, que no forma parte del concurso preventivo. La empresa alegó dificultades financieras, un argumento recurrente en los últimos cinco años de crisis económica y judicial que atraviesa la firma.
El acuerdo firmado en diciembre de 2024 había establecido un aumento interanual del 122% en la gratificación anual, convirtiendo a los aceiteros en uno de los pocos sectores que superaron la inflación. Sin embargo, la empresa no logró cumplir con el compromiso en el inicio del nuevo año.
Daniel Succi, secretario general del Soea, aseguró: “Defendemos el derecho de los trabajadores y, si hoy no tenemos una respuesta positiva, mañana las medidas de fuerza se incrementarán en todo el cordón industrial”. Además, señaló que la falta de comunicación por parte de la empresa durante el fin de semana es una muestra del abandono de responsabilidades.
Desde la empresa, se afirmó que la reacción gremial demuestra “nula paciencia y entendimiento”, a pesar de haber cumplido con los aumentos salariales de 2024. “La compañía triplicó su actividad respecto a 2023 y cumplió con todos los compromisos. Este conflicto parece ser una jugada política para influir en la decisión de la Corte sobre nuestro proceso judicial”, expresaron voceros de Vicentin.
La situación económica de Vicentin ha estado bajo la lupa desde 2019, cuando inició un proceso de concurso preventivo por deudas millonarias. En este contexto, el nuevo conflicto agudiza las tensiones dentro de la compañía y expone la incertidumbre laboral de los trabajadores.
El paro también evidencia el impacto de las dificultades financieras en los acuerdos laborales, en un momento en que los gremios buscan defender los derechos de los empleados en medio de un panorama inflacionario y económico adverso.
El sindicato anunció que el paro se mantendrá hasta obtener garantías concretas del pago adeudado. Además, advirtió que, de no haber respuestas inmediatas, endurecerán las medidas en toda la región industrial, afectando la actividad productiva de manera significativa.
Mientras tanto, la expectativa se centra en que las autoridades de Vicentin y representantes gremiales logren entablar un diálogo para destrabar el conflicto, en un momento crítico tanto para los trabajadores como para la empresa.
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73° Congreso Ordinario y Extraordinario de la Federación Aceitera



El Miércoles 6, se realizó el 73° Congreso Ordinario y Extraordinario de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, donde Soea San Lorenzo, reafirmó el compromiso de garantizar un salario digno en paritarias y profundizó el debate para llevar la Unidad Obrera a la lucha por nuevos y mejores derechos.
Daniel Succi, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo, fue claro: “Tenemos una sola obligación: defender a nuestros compañeros trabajadores y el valor del trabajo como sabemos hacerlo”.
“En años anteriores, por mucho menos de lo que está pasando hoy, estábamos todos en la calle. Por eso salimos nosotros y logramos esta unidad para luchar con la Federación. Este gobierno viene por todo: vienen por los municipales, los químicos, los petroquímicos, vienen por la clase trabajadora. Si no nos juntamos y actuamos, nos van a pasar por arriba”, advirtió Succi.
Por su parte, el secretario gremial Martín Morales destacó: “No podemos esperar nada de nadie. Hay que actuar, como hacemos dentro de cada fábrica con nuestros delegados, dando el debate que merece esta crisis económica que golpea a nuestra gente”.
“El movimiento obrero necesita un plan para resistir a este gobierno. Si no lo hacen los grandes de arriba, lo haremos nosotros desde abajo”, concluyó Morales.
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