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Se llevó a cabo la Junta Provincial de Seguridad entre el gobernador y dirigentes de la oposición

“Este tiene que ser un ámbito donde nos escuchemos, hay muchas cosas que compartimos todos» manifestó Perotti.

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El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, encabezó este jueves la reunión de la Junta Provincial de Seguridad, tal como lo establece la Ley de Emergencia N°14.070.

En la oportunidad, Perotti sostuvo que “este tiene que ser un ámbito donde nos escuchemos, hay muchas cosas que compartimos todos. El conocimiento del territorio lo tienen las autoridades locales involucradas plenamente, en la misma instancia que nos permitan recabar niveles de información y la posibilidad de llevar adelante de manera exitosa el tema multiagencial”.

Por eso, “tenemos que ser la provincia que tenga plena escolaridad. La educación es un primer paso esencial y estratégico para generar condiciones de igualdad de oportunidades”, agregó Perotti.

Nosotros vamos a seguir manteniendo las reuniones con el Consejo Económico y Social, con las instituciones sociales, donde surgen muchos de estos aportes y también las cosas más duras. Eso es parte de lo que tendremos que traer a esta mesa, con metas puntuales y concretas”, concluyó el gobernador.

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Por su parte, la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, describió que “esta Junta, es la continuidad del diálogo que se había iniciado sobre este tema a fines del año pasado, cuando el gobernador convocó a legisladores provinciales y nacionales y al Consejo Económico Social para avanzar en la profundización de todas las acciones que se llevan adelante. Específicamente, esta Junta fue incluida en la ley de Emergencia en Seguridad y Asuntos Penitenciarios, es la institucionalización de este espacio donde estamos representados los tres poderes del Estado que tenemos responsabilidad en el tema”.

Para la ministra “el objetivo concreto es avanzar en el diálogo efectivo que ya venimos teniendo, articulando distintas acciones, priorizando las medidas, las acciones conjuntas con los operativos multiagenciales en el territorio, el diálogo con los gobiernos locales. La próxima reunión vamos a trabajar en un temario concreto con acciones específicas”.

Finalmente Arena expresó que se trató de “un espacio muy constructivo, que no diluye las distintas miradas que tenemos pero sí entender que cada uno de los poderes tiene responsabilidad en la resolución de esto y que el mejor aporte que podemos hacer de cara a la ciudadanía es profundizar esta articulación y que haya un diálogo constructivo y efectivo”.

En tanto, el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, afirmó que “este ámbito es en función de poder mejorar entre todos los poderes del Estado y haciendo una profunda autocrítica de lo que estamos haciendo mal y de lo que hay que mejorar. Esta apertura es para poder lograr un mayor consenso entre los que estamos de acuerdo y trabajar sobre el disenso”.

Nos vamos a sentar a trabajar juntos para poder acordar políticas de Estado en su conjunto, este no es solo un problema del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial tiene que asumir su rol en esto y el Legislativo igual. Lo que tratamos de hacer es trabajar en conjunto con el resto de los poderes porque todos tenemos algo para aportar”, puntualizó Corach.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, indicó: “Nuestro plan de seguridad tiene dos aristas importantes: el plano de la modernización tecnológica y el equipamiento de la policía, y el personal capacitado, para lo cual estamos trabajando mucho en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación, con la Justicia Federal, con la Procunar”.

Para finalizar, el ministro se refirió a la Ley de Emergencia: “Hicimos una propuesta, pero tenemos totalmente definido en qué vamos a gastar, cómo lo vamos a gastar, con presupuesto regular, o con la Ley de Emergencia”.

Por último, el secretario de Justicia, Héctor Somaglia, manifestó que “esto tiene que ser una política de Estado y únicamente se sostiene bajo el consenso. Es necesaria una relación o interconexión entre el Ministerio Público de la Acusación y las fuerzas policiales de nuestra provincia. Se está trabajando en conjunto. La labor conjunta se viene haciendo”.

La reunión se llevó adelante en el Salón Banco de Casa de Gobierno, en la ciudad de Santa Fe, y participaron también la vicegobernadora Alejandra Rodenas; los secretarios de Seguridad Pública, Jorge Bortolozzi, y de Gobierno, Oscar Urruty; la jefa de la Policía, Emilce Chimenti; el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Rafael Gutiérrez; el procurador general de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Jorge Barraguirre; el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini; el fiscal de la Regional I, Carlos Arietti; el fiscal de la Regional II, María Eugenia Iribarren; el fiscal de la Regional III, Matías Merlo; el fiscal de la Regional IV, Rubén Martínez; el fiscal de la Regional V, Diego Vigo; los diputados provinciales Natalia Belavi, Juan Cruz Cándido, Carlos Del Frade, Ricardo Olivera y Joaquín Blanco; y los senadores Armando Traferri y Rodrigo Borla.

Creada por decreto provincial, la Junta Provincial de Seguridad persigue el objeto de institucionalizar un espacio de diálogo entre las diferentes esferas del Estado santafesino en materia de políticas de Seguridad Pública en el territorio. Se trata de un órgano institucional de análisis, elaboración y coordinación de las políticas de seguridad de la provincia.

La integran, en representación del Poder Ejecutivo, los siguientes funcionarios: el gobernador y vicegobernador de la provincia, los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad, el secretario de Seguridad Pública y el jefe de la Policía. En representación del Poder Judicial, el presidente y procurador general de la Corte Suprema de Justicia, al fiscal General del Ministerio de la Acusación y a los cinco Fiscales Regionales. En representación del Poder Legislativo, dos senadores en representación de las fuerzas políticas que componen la Cámara de Senadores y a cuatro diputados en representación de las fuerzas políticas que componen la Cámara de Diputados.

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Restituyen en un acto simbólico legajos de estudiantes desaparecidos por el terrorismo de Estado

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Los familiares de tres jóvenes que asistían a la Agrotécnica de Casilda, dependiente de la UNR, recibirán sus legajos en la escuela este martes. Es parte de una agenda que la Universidad viene llevando a cabo en varias de sus instituciones

En un acto simbólico que tendrá lugar este martes, se realizará la restitución de legajos de tres alumnos graduados de la Escuela Agrotécnica de Casilda -dependiente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR)- que fueron desaparecidos por el terrorismo de Estado durante la dictadura cívico militar.

Se trata de Víctor Bié, Hugo Bivi y Sergio Jalil, y el acto consiste en la entrega de los legajos reparados a sus familiares, como parte de la política institucional de reconstrucción, reparación histórica y rectificación de legajos de la comunidad universitaria víctima del terrorismo de Estado, impulsada por el Área de Derechos Humanos y el Consejo Académico de Derechos Humanos de la UNR.

La ceremonia se hará este martes, 23 de septiembre, a las 10.30 en la sede de la Escuela Agrotécnica “Libertador General San Martín” (Ovidio Lagos 1000/2170) de la ciudad de Casilda.

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Soea paró Vicentín por falta de pago del Bono Anual

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El Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (Soea) inició una medida de fuerza por tiempo indeterminado tras el incumplimiento de la primera cuota de la gratificación 2024 por parte de la agroexportadora. La situación agrava el delicado estado financiero de la compañía

El 2025 comenzó con un nuevo conflicto en Vicentin, donde trabajadores aceiteros del cordón industrial de San Lorenzo y Ricardone llevan adelante un paro por tiempo indeterminado. La medida fue convocada por el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (Soea) tras el incumplimiento del pago de la primera cuota de la gratificación anual correspondiente al 2024, pactada en paritarias.

El bono, equivalente a un sueldo extra, debía abonarse en dos cuotas: una el 10 de enero y otra el 10 de febrero. Sin embargo, la empresa no cumplió con la primera entrega ni ofreció una nueva fecha para el pago, lo que desató la inmediata reacción del gremio.

“Nosotros no permitiremos que falte un peso en el bolsillo de los trabajadores”, expresó el sindicato este domingo, mientras trabajadores permanecen en las instalaciones de la planta para visibilizar el reclamo.

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La protesta afecta no solo a las plantas de Vicentin, sino también a la envasadora Renopack, que no forma parte del concurso preventivo. La empresa alegó dificultades financieras, un argumento recurrente en los últimos cinco años de crisis económica y judicial que atraviesa la firma.

El acuerdo firmado en diciembre de 2024 había establecido un aumento interanual del 122% en la gratificación anual, convirtiendo a los aceiteros en uno de los pocos sectores que superaron la inflación. Sin embargo, la empresa no logró cumplir con el compromiso en el inicio del nuevo año.

Daniel Succi, secretario general del Soea, aseguró: “Defendemos el derecho de los trabajadores y, si hoy no tenemos una respuesta positiva, mañana las medidas de fuerza se incrementarán en todo el cordón industrial”. Además, señaló que la falta de comunicación por parte de la empresa durante el fin de semana es una muestra del abandono de responsabilidades.

Desde la empresa, se afirmó que la reacción gremial demuestra “nula paciencia y entendimiento”, a pesar de haber cumplido con los aumentos salariales de 2024. “La compañía triplicó su actividad respecto a 2023 y cumplió con todos los compromisos. Este conflicto parece ser una jugada política para influir en la decisión de la Corte sobre nuestro proceso judicial”, expresaron voceros de Vicentin.

La situación económica de Vicentin ha estado bajo la lupa desde 2019, cuando inició un proceso de concurso preventivo por deudas millonarias. En este contexto, el nuevo conflicto agudiza las tensiones dentro de la compañía y expone la incertidumbre laboral de los trabajadores.

El paro también evidencia el impacto de las dificultades financieras en los acuerdos laborales, en un momento en que los gremios buscan defender los derechos de los empleados en medio de un panorama inflacionario y económico adverso.

El sindicato anunció que el paro se mantendrá hasta obtener garantías concretas del pago adeudado. Además, advirtió que, de no haber respuestas inmediatas, endurecerán las medidas en toda la región industrial, afectando la actividad productiva de manera significativa.

Mientras tanto, la expectativa se centra en que las autoridades de Vicentin y representantes gremiales logren entablar un diálogo para destrabar el conflicto, en un momento crítico tanto para los trabajadores como para la empresa.

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73° Congreso Ordinario y Extraordinario de la Federación Aceitera

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El Miércoles 6, se realizó el 73° Congreso Ordinario y Extraordinario de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, donde Soea San Lorenzo, reafirmó el compromiso de garantizar un salario digno en paritarias y profundizó el debate para llevar la Unidad Obrera a la lucha por nuevos y mejores derechos.


Daniel Succi, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo, fue claro: “Tenemos una sola obligación: defender a nuestros compañeros trabajadores y el valor del trabajo como sabemos hacerlo”.


“En años anteriores, por mucho menos de lo que está pasando hoy, estábamos todos en la calle. Por eso salimos nosotros y logramos esta unidad para luchar con la Federación. Este gobierno viene por todo: vienen por los municipales, los químicos, los petroquímicos, vienen por la clase trabajadora. Si no nos juntamos y actuamos, nos van a pasar por arriba”, advirtió Succi.


Por su parte, el secretario gremial Martín Morales destacó: “No podemos esperar nada de nadie. Hay que actuar, como hacemos dentro de cada fábrica con nuestros delegados, dando el debate que merece esta crisis económica que golpea a nuestra gente”.

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“El movimiento obrero necesita un plan para resistir a este gobierno. Si no lo hacen los grandes de arriba, lo haremos nosotros desde abajo”, concluyó Morales.

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