Lejos de mejorar, la situación de Garbarino, la mayor cadena de electrodomésticos del país, es cada vez más incierta. Muy atrás parecen haber quedado los aires de renovación que llegaron hace solo un año para una situación ya muy crítica, cuando el empresario Carlos Rosales, dueño del grupo asegurador Prof, actual dirigente de San Lorenzo y ex funcionario bonaerense durante la gobernación de Daniel Scioli, se quedó con la empresa de la tradicional familia que le dio nombre a la compañía.

Rosales nunca pudo remontar el negocio, acuciado por una deuda extendida y el impacto de la pandemia en el consumo. Además del cierre constante de locales, en los últimos meses la empresa tampoco pagó sueldos. Fuentes sindicales fueron más allá en las últimas horas y directamente denunciaron un lockout patronal con cierre de comercios de la marca a nivel nacional.
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Todo en un contexto en el que se cayó la venta del único interesado firme en comprar la compañía: Facundo Prado, presidente de la operadora de televisión por cable e internet Supercanal Arlink y CEO de la empresa Centrocard.

A pesar de la reestructuración que logró Rosales con los bancos acreedores financiaron unos $4.000 millones, según fuentes del sector la deuda total de la empresa, con proveedores y otros, ascendería a unos $15.000 millones. Además, la compañía tiene paradas desde hace 45 días sus plantas de Tierra del Fuego –que maneja bajo la marca Digital Fueguina– por una medida gremial. El Grupo Garbarino, integrado por la cadena de electrodomésticos e informática (Compumundo), las fábricas del sur y sus negocios financieros y de viajes, suma un total de 3.800 empleados.

Venta frustrada

Prado había acordado con Rosales una negociación con términos reservados. Quería quedarse con el total de la cadena, pero cerca del actual dueño aseguran que él “solo busca nuevos socios o inversores, no salir de la cadena”. Como sea, el entorno del titular de Supercanal da por cerrado el trato. Lo mismo había pasado meses atrás con otros interesados, como Inverlat, el fondo de inversión dueño de Havanna y otras marcas.

“Estamos afuera porque venció el tiempo de aprobación de nuestra propuesta y fue rechazada. Estiraron todo y, a último momento, nos dijeron que no. No hubo acuerdo económico, eso es lo que pasó”, aseguran cerca de Prado. “No sabemos qué pasará de acá en más. Hay mucha incertidumbre porque hay casi 4.000 familias en el medio y hay que encontrar una solución. Pero con nosotros no será, seguro”, afirmaron.

“Se perdió mucho tiempo con esa negociación. La oferta no se aceptó porque era inconsistente, sin avales”, afirmaron desde Garbarino.

Sobre la situación de la empresa, sus actuales dueños prefieren no hablar de crisis, dicen que siguen buscando alternativas y que se trabaja sobre tres ejes para recuperarla. Primero, resolver la mora de los sueldos. Esperan recibir para hacerlo $438 millones que dicen que el Gobierno porteño les debe por retenciones indebidas de ingresos brutos. Luego, buscarán retomar la operación para revertir la caída de ventas, volver a comprar mercadería por medio de un fideicomiso (operado por un banco y administrado por un tercero) y poner en funcionamiento otra vez las plantas de Tierra del Fuego por medio de un acuerdo con otro gran fabricante con el que están negociando. Finalmente, la solución de fondo, que es reestructurar la deuda con nuevos inversores. Desde la empresa detallaron que volvieron a firmar un acuerdo de confidencialidad con “una empresa americana grande de e-commerce” para que se sume como socio. No dieron más detalles al respecto.

Hablan también de que la segunda ola impactó fuerte en la cadena y que hizo caer las ventas en un 60% en abril y 75% en mayo. “El flujo de caja se vio afectado y eso derivó en el atraso en los sueldos”, justificaron.

Con respecto a la deuda por ingresos brutos, desde el Gobierno porteño aseguraron que durante los últimos meses, las empresas Garbarino y Compumundo, como agentes de retención, retuvieron fondos de terceros y no los depositaron ante el fisco de la Ciudad. “Estas retenciones llevaron a que acumularan deudas impositivas ante la AGIP, por lo que ambas fueron declaradas en la máxima situación de riesgo fiscal. Durante junio de este año, comenzaron a regularizar su situación y se inició el proceso de devolución de los saldos a favor. De esta manera, ya se les reintegró el 50% del total de estos saldos, los cuales resguardaban el crédito fiscal, producto de los fondos indebidamente retenidos”, detallaron. El resto se encuentra en etapa de verificación por parte de la AGIP, según las autoridades porteñas.

La preocupación de los trabajadores

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) abrió a fines de la semana pasada un expediente en el ministerio de Trabajo –mediante una carta firmada por su secretario General, Armando Cavallieri– en el que aseguran: “Habiendo tomado conocimiento de que la firma Garbarino SAIC ha procedido a cerrar la totalidad de sus sucursales en todo el país, es que venimos a solicitar de forma urgente se fije una audiencia con la empresa mencionada con el fin de que se aclare la situación por la que está atravesando dicha firma”.

“El sindicato está disconforme y desilusionado con Rosales”, agregaron, off the record.

“Sólo recibimos $22.000 del Repro del mes pasado porque lo deposita directamente Anses en la cuenta, de la empresa nada” (empleado)

Según empleados que hablaron con Infobae, el jueves pasado la empresa dio la orden de cerrar todas las sucursales por “complicaciones mayores que se podrían dar en el contexto que estamos atravesando”. Temían saqueos: que los trabajadores se llevaran la mercadería como parte de pago de los sueldos adeudados, algo que estuvo a punto de pasar en sucursales del interior. El viernes, sin embargo, algunos gerentes volvieron a abrir sus locales.

“No hay novedades de una futura venta y estamos en el peor momento de la empresa, tocamos fondo. Empleados de Lanús y Avellaneda, por ejemplo, tomaron los locales y durmieron ahí. Y hay otros cerrados, como el de Lomas de Zamora, que bajó la persiana hace 10 días”, afirmaron.

La empresa confirmó que hubo orden de cierre en algunos locales, por los temores mencionados. Deben los sueldos de abril, mayo, junio y el aguinaldo. También los bonos de fin de año y pago de aportes sindicales y obras sociales. Esto a pesar de que sumando Garbarino, Garbarino Viajes y Compumundo el Gobierno pagó casi $170.000 millones en sueldos a través del programa Repro, entre noviembre de 2020 y mayo de 2021, a medida que la empresa se iba inscribiendo en el programa de ayuda.

“Hace tres meses que no pagan sueldos, no compran mercadería y Rosales no aparece por la empresa, parece fuera de todo. Tampoco se están pagando los alquileres y ese es otro gran problema: están cayendo las órdenes de desalojo. En cuanto a pagos, sólo recibimos $22.000 del Repro del mes pasado porque lo deposita directamente Anses en la cuenta, de la empresa nada”, aclaró un empleado quien además destacó que la semana pasada fueron a protestar frente a una empresa de Rosales.

“Rosales está en funciones, más allá del lugar en el que esté presente. Y está buscando soluciones”, dijeron en Garbarino.

Fuente: Infobae