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Política

La Justicia investiga a Bullrich por desviar fondos de ONG para hacer campaña

La IGJ presentó la denuncia contra la precandidata del PRO, Gerardo Milman y el jefe de campaña Juan Pablo Arenaza. Utilizaron el IEES Asociación Civil para tomar dinero del público desviando los fondos con fines proselitistas.

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La Inspección General de Justicia (IGJ) presentó una denuncia penal contra la precandidata presidencial de Juntos Por el Cambio, Patricia Bullrich, por considerar que ella y el resto delos titulares del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES), utilizaron la ONG como una “pantalla” para conseguir dinero y desviar esos fondos hacia la campaña electoral.

En la denuncia, a la que accedió C5N.com, la IGJ advierte por “la apropiación de fondos correspondientes a la IEES Asociación Civil y que indirectamente –por intermedio de aquella- han sido utilizados para tomar dinero del público desviando el destino de los fondos de su real titular –la entidad civil referida- y afectándolos a un fin distinto como lo constituye la realización de la campaña proselitista de la Sra. Bullrich”.

En duros términos, la IGJ advierte que la plata habría sido obtenida “mediante la presunta realización de ‘seminarios y capacitaciones’ que en realidad fueron meras fachadas de encuentros con la Sra. Bullrich, en los cuales se realizaron aportes para la referida campaña electoral de la precandidata a presidenta”.

Al respecto, agrega que la Asociación Civil “fue utilizada como instrumento de financiamiento para actos proselitistas de Campaña de la Sra. Patricia Bullrich, que incluyó –entre otras cuestiones- la adquisición de pasajes y hospedaje para su campaña, el desembolso de honorarios en favor de profesionales dedicados al asesoramiento político”.

Según lo constatado, la Asociación Civil, “tuvo ingresos por montos superiores a los PESOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($85.000.000)” en el año 2022. Ese dinero, en parte, fue destinado al pago de honorarios de los propios integrantes de la IEES. Por ejemplo, Gerardo Milman cobró $2.766.170.

La denuncia señala que hay canales legales para el financiamiento privado de los partidos políticos y que, en este caso, se desvió dinero de la Asociación Civil. Por lo que podría haberse cometido “el delito previsto y reprimido en y por el art. 173 inc. 7) del Código Penal de la Nación y por violación de las prohibiciones de percibir aportes establecidas en los arts. 14 y . 15, de la Ley Nº 26.215”.

En ese sentido, la denuncia indica que la Asociación Civil tuvo un “repentino y vertiginoso” crecimiento de los ingresos y “pasó en pocos meses –y tal como lo ha informado la propia entidad- de no poder costear los gastos corrientes a recaudar más de $ 90.000.000”.

El escrito presentado por la entidad que preside Guillermo Nissen, también advierte sobre “la posible comisión de infracciones a la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos”, que indica que los partidos no pueden recibir dinero por parte de personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar.

El mecanismo habría sido simple: fondos conseguidos a través de la ONG, algunos de ellos, por ejemplo, de empresas de juegos de azar, fueron transferidos para gastos de campaña. “Por vía de donaciones a la entidad civil, que de ningún modo podrían ser aportantes a la campaña de un partido político, se han eludido las prohibiciones de la Ley 26.215”, asegura la denuncia. Y explica que “así resulta de la propia documental aportada por la entidad (…) donde aparecen como “aportantes” nada menos que “Casino Melincué S.A.” , “Casino Puerto Santa Fe S.A.”, entre otros”.

Otro de los ejes de la denuncia señala que Bullrich excedió el porcentaje previsto por la ley para el aporte de fondos por parte de una misma persona: “El módulo electoral del partido político que preside la Dra. Bullrich -ahora en uso de licencia- es de $ 40.257.956 pero, para el distrito Capital, el monto máximo de aportes por personas humanas o jurídicas es de $3.059.431 por año calendario”, dice el escrito de 42 páginas que ya tienen en sus manos el juez federal Sebastián Ramos y el fiscal Carlos Stornelli.

Para la IGJ estos números son el “elemento que evidencia el dolo de haber utilizado a la entidad civil para obtener fondos por encima de los máximos de aportes privados permitidos para un partido político. (…) Así, por ejemplo, el Banco Galicia y Buenos Aries S.A.U. aportó entre agosto y diciembre de 2022 la suma de $(400.000+ 400.000 + 400.000 + 1.500.000 + 400.000 + 400.000) 3.500.000 violando el máximo permitido para el Distrito Capital ($ 3.059.431) previsto y autorizado por la Cámara Nacional Electoral para 2023”

Tras el análisis de los ingresos y egresos de la Asociación, la IGJ concluye que “de este modo (Bullrich) procuró para sí un lucro indebido puesto que ha empleado dineros que no son de su propiedad y que no fueron aportados a partido político alguno, para afrontar los gastos de su propia y particular campaña”.

Lo que ocurre es que fue la propia IGJ la que autorizó en su momento (año 2017) la constitución y funcionamiento de la Asociación Civil señalada, sin fines de lucro y con el objetivo concreto de investigar en materia de políticas de Seguridad. Por eso, ahora la Inspección misma detectó que la ONG “fue utilizada como instrumento de financiamiento para actos proselitistas”. Para probarlo, la denuncia alerta que “existe una evidente sincronización entre las acciones políticas de la Sra. Patricia Bullrich, presidenta de la institución, y los aportes y pagos en concepto de seminarios”.

Además de Bullrich la lista de denunciados por la IGJ la integran Martín Siracusa (Secretario de IEES); Silvia Turetzky (Tesorera); Gerardo Milman (sobre quien se señala su “sugerente alejamiento” de la campaña por “motivos de público conocimiento”), Guillermo Yanco, Alberto Fohrig, Gastón Schulmeinter, Mariela Budiño, Federico Seattone, Sebastián García Donofrio, Javier Parisow y Adriana La Forgia, en carácter vocales; Silvia Datsira, Soledad Magallanes, Martín Culato y Julieta Liali como revisores de cuentas.

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Política

Nación: Milei y Caputo usaron un bot de Jumbo para festejar la caída de la inflación, pero la cuenta reconoció que es falsa

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En los últimos días, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, festejaron la caída de la inflación a partir del seguimiento de precios que hacía un bot de Jumbo en X (ex Twitter). Sin embargo, el gobierno libertario recibió un golpe desde las redes sociales.El usuario reveló anoche que sus mediciones sobre los precios del supermercado eran falsas y dejó en evidencia tanto a Milei y a Caputo. “Esta cuenta es un experimento social. Nunca analizó precios, ni existió ningún bot que siguiera los productos de Jumbo”, escribió la cuenta. “Sí sirvió para una cosa: ver la necesidad que tienen muchos en mostrar resultados que la realidad les niega”, agregó.

“Pedimos disculpas a quienes se esperanzaron por nuestros datos, incluido al Presidente”, publicó la cuenta de Jumbo BOT. “Hacemos extensivas las disculpas al ministro de Economía, Luis Caputo. No se tome a personal el asunto. Repetimos: fue solo un experimento social”, aclaró. Por último, sostuvo: “Sólo tenemos un pedido: sígannos si a futuro quieren sorprenderse con nuevas domadas de este calibre”.

Así, se cayeron los argumentos del mandatario y del ministro. En una entrevista con Alejandro Fantino en Neura, Milei había afirmado ayer que “se va a derrumbar la tasa de inflación” e invitó al conductor a observar las publicaciones del Jumbo BOT. “Pasamos de 5,22% a -4,52%”, expresó y ante la consulta del periodista sobre si usaba esa cuenta para guiarse, respondió: “Yo estoy mirando los números todo el tiempo”.A su vez, Luis Caputo había confirmado que utilizaba los datos de bot de Jumbo en un reportaje con Jonatan Viale en TN el pasado. “El Jumbo BOT dice que la inflación de precios en abril dio negativo”, había dicho entusiasmado.

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El gobierno anunció el cierre del Inadi y celebró Biondini

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El gobierno anunció el cierre del Inadi y celebró Biondini

“No vamos a seguir financiando ni rosca política ni lugares donde se paguen favores políticos”, dijo Adorni.

El gobierno de Javier Milei anunció que avanzará el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) porque “no sirve para nada”.

“Estamos dando los primeros pasos para avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven absolutamente para nada o son grandes cajas de la política o son lugares para generar empleo militante”, anunció Manuel Adorni.

“El primero es el INADI, estamos empezando con su cierre definitivo”, agregó el vocero, que sostuvo que el organismo “tiene alrededor de 400 empleados y decenas de oficinas”. “Estos institutos tienen la particularidad de que están conducidos por funcionarios de dudosa idoneidad”, reconoció.

El dirigente neonazi Alejandro Biondini celebró el anuncio. “La primera medida con la que estoy de acuerdo. Hasta ahora el INADI sólo había servido para perseguir al Nacionalismo y otras expresiones. Era una herramienta para coartar la libertad de opinión en forma arbitraria y selectiva. Me alegra que lo desmantelen”, dijo Biondini.

La decisión se conoce un día después de que el Gobierno designó como interventora a María de los Ángeles Quiroga, que será la encargada del desmantelamiento.

“No vamos a seguir financiando ni rosca política ni lugares donde se paguen favores políticos, ni donde hayan decenas o cientos de puestos jerárquicos que no suman nada”, insistió Adorni. “Hay un sin fin de institutos que el Presidente está decidido a cerrar o desmantelar”, agregó.

“Los trámites burocráticos no siempre son tan sencillos, lamentablemente la burocracia pone algunos límites. Nos encantaría que el INADI esté cerrado hoy, pero no se puede”, continuó el vocero en conferencia de prensa.

Adorni explicó que el cierre de organismos “en algunos será por decreto, en otros bastará con la decisión de cada ministro”. Respecto a los posibles despidos, Adorni dijo que “empleado que esté de más no tiene razón de ser que un argentino abone su sueldo con sus impuestos”.

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Plan Incluir: casi 150 millones para localidades del departamento

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Plan Incluir: casi 150 millones para localidades del departamento

El senador Traferri detalló fondos por casi 150 millones que llegarán a localidades del departamento

Los aportes serán destinados a obras públicas de importancia estratégica para las comunas y municipios.

El Ejecutivo provincial dictó sendos decretos con asignaciones de fondos del Presupuesto Provincial 2024 a favor de distintos municipios y comunas, entre los cuales se encuentran tres localidades del departamento San Lorenzo, que recibirán 148.630.000 de pesos, según detalló el senador Armando Traferri.

De acuerdo al acto administrativo, se beneficiarán en esta oportunidad las localidades de Ricardone, que recibirá $ 48.630.000 a ser destinados para el estabilizado de las calles de tierra del pueblo, Roldán que recibirá $ 60.000.000 para infraestructura urbana y Fray Luis Beltrán, donde se destinarán $ 40.000.000 para obras de iluminación que permitirán brindar mayor seguridad.

“Trabajamos mucho legislativamente en la aprobación del Presupuesto Provincial 2024. hablamos en su momento de la importancia que tiene para el Poder Ejecutivo contar con esta herramienta administrativa en tiempo y forma, y es en momentos como este, con hechos concretos, con asignaciones importantes de fondos, donde podemos ver con claridad el valor de la labor legislativa”, remarcó el senador Traferri

PLAN INCLUIR
El Plan Incluir programa fue creado por medio del decreto 1184 del 29 de octubre de 2020 y continúa siendo aplicado por las actuales autoridades provinciales. Tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las familias en los barrios mediante la generación de obras de infraestructura estratégica, vinculadas a la mejora del hábitat, el equipamiento barrial, el saneamiento y el acceso a luz y agua seguras.

También busca fortalecer las redes sociales del barrio promoviendo el encuentro, la participación y la convivencia en el espacio público, para prevenir la violencia interpersonal, impulsar la participación social y ciudadana en espacios barriales, donde autoridades locales y provinciales interactúen con las y los vecinos, a fin de priorizar en conjunto los problemas a resolver y abordar a las familias desde una perspectiva integral asegurando el acceso a derechos fundamentales.

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