Política
Sergio Urribarri fue condenado a 8 años de prisión efectiva y tuvo que presentar la renuncia como embajador
El exgobernador de Entre Ríos, y actual El embajador en Israel y Chipre fue hallado culpable de delitos contra la administración pública durante su gestión.
El embajador en Israel y Chipre y exgobernador de la provincia de Entre Ríos, Sergio Urribarri, un hombre muy cercano al kirchnerismo y principalmente a Cristina Fernández de Kirchner, fue condenado este jueves a 8 años de prisión por delitos contra la administración pública durante su gestión.
El tribunal que emitió el fallo estuvo compuesto por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón. La audiencia comenzó el 27 de septiembre pasado y se extendió, debido a la complejidad de los delitos investigados, a la profusa prueba documental que se va exponiendo en el debate y a la cantidad de testigos previstos.
Los delitos acusados son Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública. Los fiscales calculan un desfalco que supera los 7 millones de dólares.
Es la primera vez desde la restauración democrática que un tribunal entrerriano decide un fallo de este tipo. Hubo una lógica expectativa porque el principal acusado es nada más y nada menos que el exgobernador entrerriano, que también fue presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Además intentó ser precandidato a presidente en 2015. Precisamente la instalación de su frustrada candidatura está dentro de los gastos irregulares que se juzgan.
La Fiscalía había solicitado 12 años de cárcel para Sergio Urribarri, 10 para el exministro de Cultura y Comunicación Pedro Baéz y el funcionario del Senado, Juan Pablo Aguilera (cuñado de Urribarri); ocho para la contadora Corina Cargnel y cinco para el exministro de Turismo Hugo Marsó. Para todos, además, se pidió una multa de 90.000 pesos.
Las acusaciones fueron por los delitos de Negociaciones incompatibles, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.
Además solicitaron pena para Gerardo Caruso (imputado por el desvío de fondos para instalar publicidad de Urribarri en Mar del Plata), cinco años de prisión; Gustavo Tamay (acusado de certificaciones de publicidad amañadas, en el marco de su rol en el área de Comunicación del Gobierno de la provincia), cuatro años de prisión; para el empresario Germán Buffa, tres años de prisión condicional; para el contador Gustavo Tórtul, tres años de prisión condicional; para el diseñador gráfico y empresarioE miliano Giacopuzzi solicitó cuatro años de prisión; para Maximiliano Sena la pena de dos años; para Luciana y Alejandro Almada (socios en la empresa de Aguilera, a través de la cuál se desviaban fondos) pidieron tres años de prisión condicional.
El megajuicio acumula cinco legajos por presunta corrupción en el gobierno de Entre Ríos, bajo los mandatos del exgobernador Sergio Urribarri -quien está exceptuado de participar de la audiencia para cumplir con sus tareas en las embajadas de Israel y Chipre, donde vive actualmente con su esposa Ana Lía Aguilera-.
El primero de los legajos investigados en el Ministerio Público Fiscal se conoce como “causa de la vaca” o “causa de las imprentas”. Tiene como imputados al exgobernador Urribarri; el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez; a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador y empleado del Senado; a Alejandro y Luciana Almada; a Maximiliano Sena; a Emiliano Giacopuzzi -los cuatro como directivos de las empresas Tep y Next-; a Gustavo Tamay como responsable de certificación de publicidad en la vía pública del exMinisterio de Cultura y Comunicación; y a Corina Cargnel, contadora de las empresas.
Se ventila también el legajo conocido como “sueño entrerriano” que acumula tres expedientes: la causa Cumbre del Mercosur; Parador Playero en Mar del Plata; y Solicitada, todas vinculadas a desvíos de fondos oficiales a fines proselitistas. Los imputados son Urribarri; Báez; Gustavo Javier Tórtul; Aguilera; Cargnel; el exministro de Turismo; Hugo Marsó; y Gerardo Caruso. La hipótesis acusatoria sostiene que a través de gastos del Gobierno de Entre Ríos se financió la campaña presidencial del exgobernador Urribarri.
El último legajo del megajuicio es el conocido como “Global Means”, a partir del cual se investigó la adjudicación de publicidad en 18 medios gráficos del país a una empresa que, cuando recibió el beneficio, no estaba constituida como tal y tampoco aparecía en el registro de proveedores del Estado.
Además de los fiscales, en el debate intervinieron los defensores Raúl Barrandeguy; Candelario Pérez; Marcos Rodríguez Allende; Emilio Fouces; José Velázquez; Ignacio Díaz; Juan Méndez y Miguel Cullen.
Política
Nación: Milei y Caputo usaron un bot de Jumbo para festejar la caída de la inflación, pero la cuenta reconoció que es falsa
En los últimos días, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, festejaron la caída de la inflación a partir del seguimiento de precios que hacía un bot de Jumbo en X (ex Twitter). Sin embargo, el gobierno libertario recibió un golpe desde las redes sociales.El usuario reveló anoche que sus mediciones sobre los precios del supermercado eran falsas y dejó en evidencia tanto a Milei y a Caputo. «Esta cuenta es un experimento social. Nunca analizó precios, ni existió ningún bot que siguiera los productos de Jumbo», escribió la cuenta. «Sí sirvió para una cosa: ver la necesidad que tienen muchos en mostrar resultados que la realidad les niega», agregó.
«Pedimos disculpas a quienes se esperanzaron por nuestros datos, incluido al Presidente», publicó la cuenta de Jumbo BOT. «Hacemos extensivas las disculpas al ministro de Economía, Luis Caputo. No se tome a personal el asunto. Repetimos: fue solo un experimento social», aclaró. Por último, sostuvo: «Sólo tenemos un pedido: sígannos si a futuro quieren sorprenderse con nuevas domadas de este calibre».
Así, se cayeron los argumentos del mandatario y del ministro. En una entrevista con Alejandro Fantino en Neura, Milei había afirmado ayer que «se va a derrumbar la tasa de inflación» e invitó al conductor a observar las publicaciones del Jumbo BOT. «Pasamos de 5,22% a -4,52%», expresó y ante la consulta del periodista sobre si usaba esa cuenta para guiarse, respondió: «Yo estoy mirando los números todo el tiempo».A su vez, Luis Caputo había confirmado que utilizaba los datos de bot de Jumbo en un reportaje con Jonatan Viale en TN el pasado. «El Jumbo BOT dice que la inflación de precios en abril dio negativo», había dicho entusiasmado.
Política
El gobierno anunció el cierre del Inadi y celebró Biondini
«No vamos a seguir financiando ni rosca política ni lugares donde se paguen favores políticos», dijo Adorni.
El gobierno de Javier Milei anunció que avanzará el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) porque «no sirve para nada».
«Estamos dando los primeros pasos para avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven absolutamente para nada o son grandes cajas de la política o son lugares para generar empleo militante», anunció Manuel Adorni.
«El primero es el INADI, estamos empezando con su cierre definitivo», agregó el vocero, que sostuvo que el organismo «tiene alrededor de 400 empleados y decenas de oficinas». «Estos institutos tienen la particularidad de que están conducidos por funcionarios de dudosa idoneidad», reconoció.
El dirigente neonazi Alejandro Biondini celebró el anuncio. «La primera medida con la que estoy de acuerdo. Hasta ahora el INADI sólo había servido para perseguir al Nacionalismo y otras expresiones. Era una herramienta para coartar la libertad de opinión en forma arbitraria y selectiva. Me alegra que lo desmantelen», dijo Biondini.
La decisión se conoce un día después de que el Gobierno designó como interventora a María de los Ángeles Quiroga, que será la encargada del desmantelamiento.
«No vamos a seguir financiando ni rosca política ni lugares donde se paguen favores políticos, ni donde hayan decenas o cientos de puestos jerárquicos que no suman nada», insistió Adorni. «Hay un sin fin de institutos que el Presidente está decidido a cerrar o desmantelar», agregó.
«Los trámites burocráticos no siempre son tan sencillos, lamentablemente la burocracia pone algunos límites. Nos encantaría que el INADI esté cerrado hoy, pero no se puede», continuó el vocero en conferencia de prensa.
Adorni explicó que el cierre de organismos «en algunos será por decreto, en otros bastará con la decisión de cada ministro». Respecto a los posibles despidos, Adorni dijo que «empleado que esté de más no tiene razón de ser que un argentino abone su sueldo con sus impuestos».
Política
Plan Incluir: casi 150 millones para localidades del departamento
El senador Traferri detalló fondos por casi 150 millones que llegarán a localidades del departamento
Los aportes serán destinados a obras públicas de importancia estratégica para las comunas y municipios.
El Ejecutivo provincial dictó sendos decretos con asignaciones de fondos del Presupuesto Provincial 2024 a favor de distintos municipios y comunas, entre los cuales se encuentran tres localidades del departamento San Lorenzo, que recibirán 148.630.000 de pesos, según detalló el senador Armando Traferri.
De acuerdo al acto administrativo, se beneficiarán en esta oportunidad las localidades de Ricardone, que recibirá $ 48.630.000 a ser destinados para el estabilizado de las calles de tierra del pueblo, Roldán que recibirá $ 60.000.000 para infraestructura urbana y Fray Luis Beltrán, donde se destinarán $ 40.000.000 para obras de iluminación que permitirán brindar mayor seguridad.
“Trabajamos mucho legislativamente en la aprobación del Presupuesto Provincial 2024. hablamos en su momento de la importancia que tiene para el Poder Ejecutivo contar con esta herramienta administrativa en tiempo y forma, y es en momentos como este, con hechos concretos, con asignaciones importantes de fondos, donde podemos ver con claridad el valor de la labor legislativa”, remarcó el senador Traferri
PLAN INCLUIR
El Plan Incluir programa fue creado por medio del decreto 1184 del 29 de octubre de 2020 y continúa siendo aplicado por las actuales autoridades provinciales. Tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las familias en los barrios mediante la generación de obras de infraestructura estratégica, vinculadas a la mejora del hábitat, el equipamiento barrial, el saneamiento y el acceso a luz y agua seguras.
También busca fortalecer las redes sociales del barrio promoviendo el encuentro, la participación y la convivencia en el espacio público, para prevenir la violencia interpersonal, impulsar la participación social y ciudadana en espacios barriales, donde autoridades locales y provinciales interactúen con las y los vecinos, a fin de priorizar en conjunto los problemas a resolver y abordar a las familias desde una perspectiva integral asegurando el acceso a derechos fundamentales.
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