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Diputados dio media sanción al proyecto para fortalecer la Justicia Penal Federal de Santa Fe
El proyecto busca frenar la violencia narco en la ciudad de Santa Fe. La iniciativa tuvo 214 votos a favor y 4 abstenciones, todas del Frente de Izquierda.

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que apunta a fortalecer la Justicia penal federal de Santa Fe, y que tiene como propósito implementar el Código Procesal Penal en ese distrito y de esa manera agilizar la resolución de causas vinculadas al narcotráfico y otros delitos complejos.
La iniciativa que crea 50 cargos entre jueces, fiscales y defensores federales, y contó con el apoyo de casi todos los bloques, cosechó 214 votos positivos y cuatro abstenciones (del Frente de Izquierda), en lo que significa un mensaje político en medio de la ola de violencia narco que sacude a Rosario.
Al tomar la palabra como miembro informante del oficialismo, el autor principal del proyecto, Roberto Mirabella (Frente de Todos-Santa Fe), destacó que el gobernador de su provincia, Omar Perotti (quien se encontraba presente en la Cámara baja mientras se trataba el expediente), fue quien motorizó la iniciativa al convocar en diciembre de 2021 a todos los diputados santafesinos para «acordar un texto» en común.
El legislador oficialista destacó que la propuesta de fortalecer el sistema de Justicia Penal Federal de Santa Fe tiene el objeto de «implementar el nuevo Código procesal penal votado en este Congreso en diciembre del 2014 y cuya única aplicación se da al día de hoy en Salta y Jujuy con resultados extraordinarios».
«Queremos implementar este nuevo Código Procesal Penal Federal en Santa Fe y este proyecto de ley va en esa dirección y en esa perspectiva», enfatizó Mirabella, que detalló que con este proyecto se crearían 27 cargos de fiscales federales, cargos de defensores, jueces de garantía, jueces de revisión y jueces de ejecución penal.
Para el santafesino, «esto es un salto cualitativo gigante para la provincia de Santa Fe en lo que hace a la organización del sistema federal en cuanto a la persecución criminal». Además, recordó que la «estructura federal en Santa Fe hace muchísimo años es igual» y puso como ejemplo las ciudades de Rosario y Santa Fe que permanecen sin cambios «hace 30 años».
«Este fenómeno que estamos enfrentando que es la narcocriminalidad, el narcotráfico, el lavado de dinero, es un delito que hace 30 o 40 años no existía. Y posiblemente lo que esté pasando hoy en algunos lugares de mi provincia y esta complejidad de la narcocriminalidad no tiene demasiados antecedentes de la dimensión que lo tiene en la Argentina», apuntó.
«De hecho, según la PROCUNAR, en Santa Fe se tramitan causas de estupefacientes 5 a 10 veces más que cualquier otra provincia. Y de hecho, el 20% de las causas de drogas se tramitan en los tribunales federales de la provincia de Santa Fe. La cantidad de homicidios cuadriplican en Rosario la media nacional. El 80% se explica por ajustes de cuentas entre bandas de narcotraficantes», graficó.
Palabras de otros diputados
El diputado nacional del PRO Federico Angelini acusó al Gobierno nacional de no ocuparse fehacientemente del problema del narcotráfico, y al respecto señaló que «no lo hacen porque priorizan los derechos de los delincuentes por sobre los derechos de todos los argentinos y rosarinos».
«El 10 de diciembre de 2023 a todos los responsables que nos llevaron a esta situación se les acaba la joda y la impunidad«, provocó el santafesino.
En tanto, el opositor cargó contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por el retraso en la conformación de la comisión bicameral encargada del proceso de implementación del Código Procesal Penal.
«Por una decisión política de Cristina Fernández de Kirchner hace tres años que el sistema acusatorio no se implementa en Santa Fe, beneficiando a los delincuentes y narcos por sobre los santafesinos», cargó.
Angelini recordó que este proyecto había sido presentado en mayo del año pasado, y que desde entonces «nunca fue prioridad del Gobierno nacional tratarlo».
En este sentido, opinó que lo desempolvaron «ahora que pasó lo del supermercado de la familia (Lionel) Messi», pero advirtió que «casos como los tiroteos a comercios y asesinatos a menores lamentablemente sucedieron en 2020, 2021 y 2022» y «nunca les interesó.
«Este proyecto va a ayudar en el mediano y largo plazo a fortalecer a la justicia federal en la lucha contra el narcotráfico y lo celebro», ponderó el diputado macrista, aunque reclamó al Gobierno nacional y al provincial «medidas de corto plazo».
Sobre esas medidas, indicó que hay que «restablecer la inteligencia penitenciaria» dado que «hoy más del 60% de los delitos que se realizan en Rosario se organizan desde las cárceles», y también propuso «volver a los pabellones de presos de alto perfil», así como «saturar las zonas calientes con fuerzas federales y utilizar todos los recursos desde el Estado».
A su turno, Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) coincidió en la importancia de poner en marcha la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal para poder avanzar hacia el sistema acusatorio, y destacó que lo que se está haciendo con este proyecto es apenas «el esqueleto».
«El trámite en el que estamos, es en ponernos de acuerdo los políticos del Congreso para poner en marcha la Comisión Bicameral«, manifestó la diputada del interbloque Federal, que agregó que «lo que tiene que haber es vocación política para terminar con el sistema vetusto que es el sistema inquisitivo».
Para Camaño, «lo que estamos haciendo es el esqueleto y nos olvidamos de los trabajadores, porque solo se está previendo la cúpula del Poder Judicial, y no se tiene en cuenta a trabajadores para que este sistema funcione».
Myriam Bregman (Frente de Izquierda) cuestionó el acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio al sostener que «si les importara de verdad lo que pasa en Rosario, no estaríamos discutiendo cargos en un juzgado, estaríamos discutiendo terminar con el negocio del narcotráfico y el movimiento financiero de los capitales que lo originan».
En sintonía con algunos diputados que lo precedieron en el uso de la palabra, el socialista santafesino Enrique Estévez advirtió que «hay una Comisión Bicameral que es la encargada de implementar el nuevo Código Procesal Penal Federal que no está funcionado».
En su intervención, el también santafesino Eduardo Toniolli (Frente de Todos) puso el eje en el «autogobierno policial y su imbricación con el delito» del narcotráfico.
«¿Por qué no avanzamos con la tan postergada reforma integral de la policía santafesina, sin la cual cualquier otra medida que se tome, por más buena que sea, será insuficiente?«, propuso el hombre del Movimiento Evita.
A su vez, indicó que «la ausencia de una fiscalía federal desde hace cuatro décadas en Rosario favoreció el lavado de activos y el narcotráfico y permitió que muten y crezcan exponencialmente».
El macrista Alfredo Schiavoni alertó sobre el avance de este delito complejo y al respecto alertó que «los narcos se nos cagan de risa».
El misionero celebró esta ley pero señaló que el problema del narcotráfico hay que abordarlo en un sentido federal, porque de lo contrario «lo único que se va a lograr es que los narcos se vayan mudando de ciudad.
«Los narcos nos disputan parte del territorio, están mejor armados, mejor comunicados que el Estado organizado», advirtió el legislador del PRO.
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El senador Michlig contra el Ministro de Obras Públicas de Santa Fe

Tensión en el Senado: Michlig acusó a Enrico por «discrecionalidad» en fondos para vivienda y dijo «estar arrepentido» de haber votado su licencia
El senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, presentó un pedido de informes por la paralización de viviendas y cruzó al ministro de Obras Públicas. La respuesta llegó por parte de la senadora por General López, Leticia Di Gregorio, quien rechazó las acusaciones, brindó cifras oficiales de la gestión provincial y apuntó a una supuesta «cuestión personal» contra el funcionario
El Senado de la provincia de Santa Fe fue escenario este jueves de un inusual y tenso debate que puso en evidencia una fuerte interna dentro de Unidos. El senador por el departamento San Cristóbal y presidente del Senado, Felipe Michlig, y la senadora por el departamento General López, Leticia Di Gregorio, protagonizaron un duro contrapunto en torno a la ejecución de la obra pública y la terminación de viviendas paralizadas. Mientras el primero denunció «discrecionalidad» por parte del ministro Lisandro Enrico, la legisladora defendió la gestión del funcionario y atribuyó el reclamo a una «animosidad personal».
La discusión comenzó cuando Michlig justificó la presentación de un pedido de informes dirigido a la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo ante la falta de respuestas del Ministerio de Obras Públicas. El eje central fue la culminación de más de 800 casas correspondientes a planes nacionales en el territorio provincial. Según explicó, inicialmente se había acordado terminar aquellas con un avance de obra superior al 60 por ciento, pero denunció que el criterio cambió. «¿Decide el ministro por la cara, por lo que representa, porque le gusta más o le gusta menos, porque es del norte, porque es del sur, porque es del centro?», cuestionó el legislador, encargándose de separar «totalmente» al gobernador Maximiliano Pullaro de la polémica.
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Media sanción a una ley para expropiar la planta Dow

Un salvavidas desde el Senado
Salió por unanimidad y ahora define Diputados para salvar la fuente laboral de Puerto San Martín donde 120 trabajadores fueron despedidos por el cierre de la fábrica.
El Senado provincial aprobó por unanimidad un proyecto de ley que declarará «de utilidad pública y sujeta a expropiación» a la planta industrial de Dow Química Argentina en Puerto General San Martín, que la multinacional decidió cerrar hace dos semanas, con el despido de unas 120 personas que trabajaban allí. La pelota pasó a Diputados, y si allí se sanciona el Ejecutivo podrá –en caso de que Maximiliano Pullaro acceda– expropiar la fábrica y darle entrada a posibles inversores interesados que la petroquímica estadounidense no tiene intención de atender.
La iniciativa partió del senador por San Lorenzo, Armando Traferri, con apoyo del sindicato Soepu, que así ve una esperanza de continuidad laboral ante la decisión terminante de la empresa por mudar la producción de polioles (materia prima de poliuretanos) a su planta en Brasil.
«La expropiación es un mecanismo necesario en situaciones críticas como la que enfrentamos, y estoy convencido de que hay empresas con capacidad y disposición para mantener la producción de polioxi propilenglicol y éteres glicólicos, insumos esenciales para diversas industrias», señaló el legislador.
Es la segunda vez que la Legislatura interviene sobre la situación de esta industria química. En 2021 lo hizo junto con el sindicato y el Ministerio de Producción nacional para lograr que la empresa revierta su plan de cerrar.
Ahora el proyecto con media sanción impone que «el Poder Ejecutivo Provincial dispondrá la conformación de un Registro de las propuestas recibidas, a fin de declarar posteriormente la atribución de la operatoria industrial sujeta a expropiación a favor de un beneficiario privado, cuya propuesta y plan de inversión y explotación permitan la preservación de los puestos de trabajo y del proceso productivo».
Traferri sostiene que «existen empresas privadas interesadas y con la suficiente capacidad operativa y económica para adquirir la planta y continuar con su operación de forma normal. El cierre de la planta no sólo impactaría en los trabajadores, sino que también tendría graves consecuencias en la economía local y en la cadena de suministro nacional, ya que Dow es el único productor nacional de estos insumos», precisó.
En el mismo sentido se pronunció ayer el secretario general del Soepu, Mauricio Brizuela. «De esta petroquímica dependen siete ramas industriales. Dow busca importar desde Brasil, lo que va a redundar en la pérdida de casi 3000 puestos de trabajo», alertó.
El proyecto pasó a Diputados, donde también por todos los bloques votaron una declaración de solidaridad con los trabajadores. Habrá que ver si esa unanimidad se mantiene para sancionar la expropiación.
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Cortaron el suministro de gas en las estaciones de GNC y en industrias

Se agrava la situación en todo el país.
Ordenaron a cientos de estacioneros del interior frenar la venta hasta nuevo aviso. Además, más de 100 empresas que tienen contrato interrumpible se quedaron sin servicio. Las medidas son para combatir la ola de frío.
Varias empresas se quedaron sin gas y estaciones del interior tienen prohibido vender.

Ante las bajas temperaturas y los problemas con el transporte de gas, se cortó el suministro de gas en las estaciones de GNC de varias provincias hasta nuevo aviso, para atender a la demanda domiciliaria. Además, más de 100 empresas que tienen contrato interrumpible se quedaron sin servicio.
Además se interrumpió el envío a las industrias, incluso a algunas que tienen contratos no interrumpibles, situación originada en la demora en una compra de de gas natural licuado (GNL) por parte de la empresa estatal Enarsa.
Entre las provincias afectadas se encuentra Santa Fe y Córdoba.
En Córdoba, la empresa Distribuidora de Gas del Centro (Ecogas) ordenó a las expendedoras de GNC restringir de forma inmediata el suministro hasta nuevo aviso. La instrucción a los estacioneros llegó vía mail este martes cerca de las 19.
Marisa Centenaro, de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Córdoba, expresó en diálogo con C5N: «No sabemos cuánto se puede extender, queremos que se termine rápidamente. El estrés que produce al sector es muy importante. El comentario que tenemos de parte de Ecogas es que el corte es total y por tiempo indeterminado. En principio iba a ser por unas horas durante la tarde del martes, porque había problemas con unas compresoras, pero la situación se agravó por la situación del barco».
«Los coletazos de estas medidas los padece mucha gente, todo aquel que usa el vehículo para trabajar, esto provoca consecuencias graves e irreversibles. Lo que el estacionero no vende no va a vender cuando el servicio esté repuesto; y a los que tienen que moverse a nafta les modifica la economía familiar», añadió.
Las rispideces en materia de relaciones internacionales tienen su correlato en la cuestión del gas, dado que la compra del cargamento de GNL de parte de Enarsa a Petrobras no llegó a concretarse dado que la empresa brasileña «impugnó la carta de crédito con la que debía pagarse el combustible y no autorizó la descarga del GNL en la terminal regasificadora de Escobar», según detalló el medio EconoJournal.
A esto se suma que Transportadora de Gas del Norte sufrió un inconveniente técnico en dos plantas compresoras, lo que profundiza el problema del transporte y llevó a la decisión de interrumpir el suministro.




















