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El Diputado Provincial, Oscar Martínez, pide aumentar el reintegro de Billetera Santa Fe, ¿de cuánto sería?
Presentaron ante comerciantes de la región el proyecto para que la Legislatura convierta a Billetera Santa Fe en ley

El Programa Billetera Santa Fe podría convertirse en ley y tener una continuidad y actualización permanente, y no quedar solo una iniciativa de la actual gestión en la Casa Gris. Los diputados Oscar Martínez y Luis Rubeo presentaron este martes en Rosario a comerciantes de la región los detalles del proyecto para convertir en ley el programa Billetera Santa Fe que entre sus puntos destacados plantea un reajuste del monto del beneficio del reintegro tomando como referencia al Índice de Precios al Consumidor que mide el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec).
Los legisladores explicaron que el reintegro hoy debería ubicarse en $12.500, en lugar de los actuales $5.000, teniendo en cuenta que cuando comenzó el programa Billetera Santa Fe hace dos años el valor representaba casi el 27% de la canasta básica de una persona y hoy es el 9%. El monto nunca se actualizó desde su lanzamiento.

Martínez destacó que se busca que el programa “se convierta en política de Estado para que esta gestión y para futuras gestiones, cualquiera sea el signo político”.
“Claramente Billetera Santa Fe ha servido para promover el consumo, ayudó a comerciantes y consumidores. También para regularizar el comercio minorista, mejorando la recaudación de la provincia en materia de ingresos brutos y de los municipios a través de la tasa de registro e inspección. Nos parece en este momento tan especial donde el Estado tiene recursos en el banco que puede ser una política para sostener el consumo interno, que es el que justifica el 60% del crecimiento económico de la provincia”, detalló el legislador por el Frente Renovador.
Sobre el monto del reintegro, Martínez explicó que la iniciativa legislativa plantea una actualización periódica en función del índice de precios. “Hoy todos sabemos que $5.000 no es nada, todos queremos que la inflación descienda, pero esto permite que aumente este beneficio que ha sido muy importante para Santa Fe”, indicó en la previa al encuentro que mantuvieron con representantes de la Asociación de Entidades Empresarias del Sur Santafesino (Adeesa) el Anexo de la Cámara de Diputados de la Provincia en la ciudad de Rosario.
En ese sentido, Rubeo destacó que hoy el monto actualizado de acuerdo a los números que manejan “está en $12.500” y agregó que “cuando comenzó Billetera Santa Fe era casi el 27% de la canasta básica de una persona” mientras que “hoy es el 9% y por eso es necesario actualizarlo”.
“El proyecto establece un mecanismo de actualización de acuerdo al proceso inflacionario que mide el Ipec, mide la inflación provincial. Habrá que ver si es trimestral o cada cuánto. Lo ponemos en cabeza del Ministerio de la Producción la implementación de este sistema, que sea el gobierno el que lo reglamente”, detalló.
Martínez explicó que junto con Rubeo como impulsores del proyecto de ley buscarán que se pueda discutir en las sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados de la provincia, pero si el Ejecutivo no lo presenta se tratará después del 1 de mayo en sesiones ordinarias. “Lo he charlado con el secretario de gobierno, Oscar Urruty, también con el gobernador. Creemos que es importante más en este año tan difícil. Todas las fuerzas políticas van a tener que comprometerse, así como pretenden modificar las cosas que se han hecho mal, a sostener lo que se ha hecho bien y esta sería la manera de sostener esa política”, precisó sobre el proyecto de ley que en breve también será presentado a los centros comerciales de la provincia.
Por su parte, Rubeo acotó que “Santa Fe plata tiene”. En ese sentido, subrayó: “Hay 130.000 millones de pesos que están en plazo fijo que a los únicos que beneficia es a los del Banco de Santa Fe. No solamente planteamos una iniciativa sino que estamos diciendo que están los recursos que habilitan a dinamizar el consumo en la provincia. La recaudación se incrementa, por ende esto beneficia a municipios y comunas. Si una política ha sido exitosa hay que institucionalizarla y dejarla en forma permanente y ese es el objetivo que estamos persiguiendo”.
El legislador además señaló que habrá que trabajar para lograr el consenso con todas las fuerzas políticas, pero se mostró entusiasmado con el futuro de la iniciativa porque “el consenso ya está, hay 1,7 millones de santafesinos que adhirieron, sería casi inexplicable que los legisladores no quisieran darle la fuerza de ley a una política exitosa”.
La iniciativa propone una corrección sobre el alcance del reintegro, apunta a que funcionarios públicos queden excluidos del programa. “Planteamos que se excluya a funcionarios públicos de alta jerarquía, no parece sensato que un ministro, un secretario, un legislador, un juez o un fiscal tenga un beneficio de esta característica cuando hay un costo fiscal. A la vez proponemos que esa reducción de beneficiarios vaya en beneficios de un sector vulnerable como es el sector de los jubilados”, señaló Martínez.
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El senador Michlig contra el Ministro de Obras Públicas de Santa Fe

Tensión en el Senado: Michlig acusó a Enrico por «discrecionalidad» en fondos para vivienda y dijo «estar arrepentido» de haber votado su licencia
El senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, presentó un pedido de informes por la paralización de viviendas y cruzó al ministro de Obras Públicas. La respuesta llegó por parte de la senadora por General López, Leticia Di Gregorio, quien rechazó las acusaciones, brindó cifras oficiales de la gestión provincial y apuntó a una supuesta «cuestión personal» contra el funcionario
El Senado de la provincia de Santa Fe fue escenario este jueves de un inusual y tenso debate que puso en evidencia una fuerte interna dentro de Unidos. El senador por el departamento San Cristóbal y presidente del Senado, Felipe Michlig, y la senadora por el departamento General López, Leticia Di Gregorio, protagonizaron un duro contrapunto en torno a la ejecución de la obra pública y la terminación de viviendas paralizadas. Mientras el primero denunció «discrecionalidad» por parte del ministro Lisandro Enrico, la legisladora defendió la gestión del funcionario y atribuyó el reclamo a una «animosidad personal».
La discusión comenzó cuando Michlig justificó la presentación de un pedido de informes dirigido a la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo ante la falta de respuestas del Ministerio de Obras Públicas. El eje central fue la culminación de más de 800 casas correspondientes a planes nacionales en el territorio provincial. Según explicó, inicialmente se había acordado terminar aquellas con un avance de obra superior al 60 por ciento, pero denunció que el criterio cambió. «¿Decide el ministro por la cara, por lo que representa, porque le gusta más o le gusta menos, porque es del norte, porque es del sur, porque es del centro?», cuestionó el legislador, encargándose de separar «totalmente» al gobernador Maximiliano Pullaro de la polémica.
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Media sanción a una ley para expropiar la planta Dow

Un salvavidas desde el Senado
Salió por unanimidad y ahora define Diputados para salvar la fuente laboral de Puerto San Martín donde 120 trabajadores fueron despedidos por el cierre de la fábrica.
El Senado provincial aprobó por unanimidad un proyecto de ley que declarará «de utilidad pública y sujeta a expropiación» a la planta industrial de Dow Química Argentina en Puerto General San Martín, que la multinacional decidió cerrar hace dos semanas, con el despido de unas 120 personas que trabajaban allí. La pelota pasó a Diputados, y si allí se sanciona el Ejecutivo podrá –en caso de que Maximiliano Pullaro acceda– expropiar la fábrica y darle entrada a posibles inversores interesados que la petroquímica estadounidense no tiene intención de atender.
La iniciativa partió del senador por San Lorenzo, Armando Traferri, con apoyo del sindicato Soepu, que así ve una esperanza de continuidad laboral ante la decisión terminante de la empresa por mudar la producción de polioles (materia prima de poliuretanos) a su planta en Brasil.
«La expropiación es un mecanismo necesario en situaciones críticas como la que enfrentamos, y estoy convencido de que hay empresas con capacidad y disposición para mantener la producción de polioxi propilenglicol y éteres glicólicos, insumos esenciales para diversas industrias», señaló el legislador.
Es la segunda vez que la Legislatura interviene sobre la situación de esta industria química. En 2021 lo hizo junto con el sindicato y el Ministerio de Producción nacional para lograr que la empresa revierta su plan de cerrar.
Ahora el proyecto con media sanción impone que «el Poder Ejecutivo Provincial dispondrá la conformación de un Registro de las propuestas recibidas, a fin de declarar posteriormente la atribución de la operatoria industrial sujeta a expropiación a favor de un beneficiario privado, cuya propuesta y plan de inversión y explotación permitan la preservación de los puestos de trabajo y del proceso productivo».
Traferri sostiene que «existen empresas privadas interesadas y con la suficiente capacidad operativa y económica para adquirir la planta y continuar con su operación de forma normal. El cierre de la planta no sólo impactaría en los trabajadores, sino que también tendría graves consecuencias en la economía local y en la cadena de suministro nacional, ya que Dow es el único productor nacional de estos insumos», precisó.
En el mismo sentido se pronunció ayer el secretario general del Soepu, Mauricio Brizuela. «De esta petroquímica dependen siete ramas industriales. Dow busca importar desde Brasil, lo que va a redundar en la pérdida de casi 3000 puestos de trabajo», alertó.
El proyecto pasó a Diputados, donde también por todos los bloques votaron una declaración de solidaridad con los trabajadores. Habrá que ver si esa unanimidad se mantiene para sancionar la expropiación.
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Cortaron el suministro de gas en las estaciones de GNC y en industrias

Se agrava la situación en todo el país.
Ordenaron a cientos de estacioneros del interior frenar la venta hasta nuevo aviso. Además, más de 100 empresas que tienen contrato interrumpible se quedaron sin servicio. Las medidas son para combatir la ola de frío.
Varias empresas se quedaron sin gas y estaciones del interior tienen prohibido vender.

Ante las bajas temperaturas y los problemas con el transporte de gas, se cortó el suministro de gas en las estaciones de GNC de varias provincias hasta nuevo aviso, para atender a la demanda domiciliaria. Además, más de 100 empresas que tienen contrato interrumpible se quedaron sin servicio.
Además se interrumpió el envío a las industrias, incluso a algunas que tienen contratos no interrumpibles, situación originada en la demora en una compra de de gas natural licuado (GNL) por parte de la empresa estatal Enarsa.
Entre las provincias afectadas se encuentra Santa Fe y Córdoba.
En Córdoba, la empresa Distribuidora de Gas del Centro (Ecogas) ordenó a las expendedoras de GNC restringir de forma inmediata el suministro hasta nuevo aviso. La instrucción a los estacioneros llegó vía mail este martes cerca de las 19.
Marisa Centenaro, de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Córdoba, expresó en diálogo con C5N: «No sabemos cuánto se puede extender, queremos que se termine rápidamente. El estrés que produce al sector es muy importante. El comentario que tenemos de parte de Ecogas es que el corte es total y por tiempo indeterminado. En principio iba a ser por unas horas durante la tarde del martes, porque había problemas con unas compresoras, pero la situación se agravó por la situación del barco».
«Los coletazos de estas medidas los padece mucha gente, todo aquel que usa el vehículo para trabajar, esto provoca consecuencias graves e irreversibles. Lo que el estacionero no vende no va a vender cuando el servicio esté repuesto; y a los que tienen que moverse a nafta les modifica la economía familiar», añadió.
Las rispideces en materia de relaciones internacionales tienen su correlato en la cuestión del gas, dado que la compra del cargamento de GNL de parte de Enarsa a Petrobras no llegó a concretarse dado que la empresa brasileña «impugnó la carta de crédito con la que debía pagarse el combustible y no autorizó la descarga del GNL en la terminal regasificadora de Escobar», según detalló el medio EconoJournal.
A esto se suma que Transportadora de Gas del Norte sufrió un inconveniente técnico en dos plantas compresoras, lo que profundiza el problema del transporte y llevó a la decisión de interrumpir el suministro.




















