Provincia
Espionaje ilegal: imputaron a Marcelo Sain y ex funcionarios del ministerio de Seguridad
El ex ministro de Seguridad de la Provincia fue imputado por espionaje ilegal este martes y dejó en la lupa al gobernador Omar Perotti, quién según Sain, era el que daba las órdenes.

Este martes el ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain quedó al borde de ir preso tras ser imputado por más de 20 delitos en base a una asociación ilícita por hechos cometidos entre comienzos de 2021 y finales de 2021.
Junto al ex ministro, otras 11 personas fueron identificadas como parte de una “asociación ilícita” dedicada a cometer “defraudaciones al Estado” y además violar la ley de inteligencia nacional. Se los investiga por haber realizado escuchas ilegales a personalidades públicas de la provincia, políticos, periodistas y empresarios, entre otros.
Según los fiscales, «la organización criminal poseía estructura piramidal y era encabezada por Marcelo Sain -en carácter de Jefe-, seguido por Nadia Schujman -en carácter de organizadora en el Ministerio de Seguridad- y Débora Cotichini -como organizadora en el Organismo de Investigaciones».
Relataron que «se utilizó para fines ajenos a la prevención en seguridad y la investigación penal (ya sea para fines políticos partidarios, para hostigar o intimidar a rivales políticos o funcionarios, empresarios y profesionales con los que disentía públicamente, etc.) la información personal cuya obtención ilegal ordenó».
También que «utilizó con los mismos fines información obtenida en el marco de investigaciones penales violando el deber de reserva».
Para todo eso, realizaron «acciones de inteligencia prohibidas por la ley 25520, consistentes en obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre personas por el sólo hecho de sus acciones privadas, opinión política, adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o laborales y por actividades lícitas que desarrollan en la Provincia de Santa Fe«.
«Con ello procuraron además influir en la situación institucional, política, policial y social de la Provincia de Santa Fe, así como influir en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión y en asociaciones y agrupaciones de la Provincia de Santa Fe. Ello fue realizado además sin respetar los principios de necesidad y pertinencia, utilidad, proporcionalidad y legalidad de la inteligencia criminal«, agregaron.
«A su vez, divulgaron información reservada adquirida en ejercicio de sus funciones sin que medie orden o dispensa judicial», añadieron.
De la descripción de los hechos surge que el ex secretario de prensa y comunicación Federico Llumá fue clave para la divulgación.
Para los hechos, Sain atribuía órdenes del entonces senador nacional Roberto Mirabella -ahora diputado- y del gobernador Omar Perotti. En el caso de Gabriel Somaglia, secretario de Justicia, su voz aparece expresamente.
Repercusiones
Luego de dicha audiencia, las diputadas Lionella Cattalini y Gisel Mahmud, integrantes del Bloque Socialista, dijeron a LT10 que los acusados fueron «imputados por asociación ilícita, espionaje ilegal, defraudación al estado», y de esta forma «da cuenta de que los funcionarios que tenían que dedicarse a cuidarnos, estaban cometiendo delitos».
Además, sostuvieron que quieren saber «el rol de Sain y el del gobernador, quién era el jefe de la banda, de la asociación ilícita, y qué sabia y que no el gobernador. Nadie cree que se cometieran estos delitos sin que el gobernador lo supiera».
En consonancia, exigen que el gobernador se presente a la Justicia: «Ahora le toca a Perotti rendir cuentas y decirnos a la ciudadanía qué pasó y por qué en el Ministerio de Seguridad en lugar de actuar en pos de la sociedad, se cometían delitos».
Fuente: LT10
Provincia
El senador Michlig contra el Ministro de Obras Públicas de Santa Fe

Tensión en el Senado: Michlig acusó a Enrico por «discrecionalidad» en fondos para vivienda y dijo «estar arrepentido» de haber votado su licencia
El senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, presentó un pedido de informes por la paralización de viviendas y cruzó al ministro de Obras Públicas. La respuesta llegó por parte de la senadora por General López, Leticia Di Gregorio, quien rechazó las acusaciones, brindó cifras oficiales de la gestión provincial y apuntó a una supuesta «cuestión personal» contra el funcionario
El Senado de la provincia de Santa Fe fue escenario este jueves de un inusual y tenso debate que puso en evidencia una fuerte interna dentro de Unidos. El senador por el departamento San Cristóbal y presidente del Senado, Felipe Michlig, y la senadora por el departamento General López, Leticia Di Gregorio, protagonizaron un duro contrapunto en torno a la ejecución de la obra pública y la terminación de viviendas paralizadas. Mientras el primero denunció «discrecionalidad» por parte del ministro Lisandro Enrico, la legisladora defendió la gestión del funcionario y atribuyó el reclamo a una «animosidad personal».
La discusión comenzó cuando Michlig justificó la presentación de un pedido de informes dirigido a la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo ante la falta de respuestas del Ministerio de Obras Públicas. El eje central fue la culminación de más de 800 casas correspondientes a planes nacionales en el territorio provincial. Según explicó, inicialmente se había acordado terminar aquellas con un avance de obra superior al 60 por ciento, pero denunció que el criterio cambió. «¿Decide el ministro por la cara, por lo que representa, porque le gusta más o le gusta menos, porque es del norte, porque es del sur, porque es del centro?», cuestionó el legislador, encargándose de separar «totalmente» al gobernador Maximiliano Pullaro de la polémica.
Provincia
Media sanción a una ley para expropiar la planta Dow

Un salvavidas desde el Senado
Salió por unanimidad y ahora define Diputados para salvar la fuente laboral de Puerto San Martín donde 120 trabajadores fueron despedidos por el cierre de la fábrica.
El Senado provincial aprobó por unanimidad un proyecto de ley que declarará «de utilidad pública y sujeta a expropiación» a la planta industrial de Dow Química Argentina en Puerto General San Martín, que la multinacional decidió cerrar hace dos semanas, con el despido de unas 120 personas que trabajaban allí. La pelota pasó a Diputados, y si allí se sanciona el Ejecutivo podrá –en caso de que Maximiliano Pullaro acceda– expropiar la fábrica y darle entrada a posibles inversores interesados que la petroquímica estadounidense no tiene intención de atender.
La iniciativa partió del senador por San Lorenzo, Armando Traferri, con apoyo del sindicato Soepu, que así ve una esperanza de continuidad laboral ante la decisión terminante de la empresa por mudar la producción de polioles (materia prima de poliuretanos) a su planta en Brasil.
«La expropiación es un mecanismo necesario en situaciones críticas como la que enfrentamos, y estoy convencido de que hay empresas con capacidad y disposición para mantener la producción de polioxi propilenglicol y éteres glicólicos, insumos esenciales para diversas industrias», señaló el legislador.
Es la segunda vez que la Legislatura interviene sobre la situación de esta industria química. En 2021 lo hizo junto con el sindicato y el Ministerio de Producción nacional para lograr que la empresa revierta su plan de cerrar.
Ahora el proyecto con media sanción impone que «el Poder Ejecutivo Provincial dispondrá la conformación de un Registro de las propuestas recibidas, a fin de declarar posteriormente la atribución de la operatoria industrial sujeta a expropiación a favor de un beneficiario privado, cuya propuesta y plan de inversión y explotación permitan la preservación de los puestos de trabajo y del proceso productivo».
Traferri sostiene que «existen empresas privadas interesadas y con la suficiente capacidad operativa y económica para adquirir la planta y continuar con su operación de forma normal. El cierre de la planta no sólo impactaría en los trabajadores, sino que también tendría graves consecuencias en la economía local y en la cadena de suministro nacional, ya que Dow es el único productor nacional de estos insumos», precisó.
En el mismo sentido se pronunció ayer el secretario general del Soepu, Mauricio Brizuela. «De esta petroquímica dependen siete ramas industriales. Dow busca importar desde Brasil, lo que va a redundar en la pérdida de casi 3000 puestos de trabajo», alertó.
El proyecto pasó a Diputados, donde también por todos los bloques votaron una declaración de solidaridad con los trabajadores. Habrá que ver si esa unanimidad se mantiene para sancionar la expropiación.
Provincia
Cortaron el suministro de gas en las estaciones de GNC y en industrias

Se agrava la situación en todo el país.
Ordenaron a cientos de estacioneros del interior frenar la venta hasta nuevo aviso. Además, más de 100 empresas que tienen contrato interrumpible se quedaron sin servicio. Las medidas son para combatir la ola de frío.
Varias empresas se quedaron sin gas y estaciones del interior tienen prohibido vender.

Ante las bajas temperaturas y los problemas con el transporte de gas, se cortó el suministro de gas en las estaciones de GNC de varias provincias hasta nuevo aviso, para atender a la demanda domiciliaria. Además, más de 100 empresas que tienen contrato interrumpible se quedaron sin servicio.
Además se interrumpió el envío a las industrias, incluso a algunas que tienen contratos no interrumpibles, situación originada en la demora en una compra de de gas natural licuado (GNL) por parte de la empresa estatal Enarsa.
Entre las provincias afectadas se encuentra Santa Fe y Córdoba.
En Córdoba, la empresa Distribuidora de Gas del Centro (Ecogas) ordenó a las expendedoras de GNC restringir de forma inmediata el suministro hasta nuevo aviso. La instrucción a los estacioneros llegó vía mail este martes cerca de las 19.
Marisa Centenaro, de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Córdoba, expresó en diálogo con C5N: «No sabemos cuánto se puede extender, queremos que se termine rápidamente. El estrés que produce al sector es muy importante. El comentario que tenemos de parte de Ecogas es que el corte es total y por tiempo indeterminado. En principio iba a ser por unas horas durante la tarde del martes, porque había problemas con unas compresoras, pero la situación se agravó por la situación del barco».
«Los coletazos de estas medidas los padece mucha gente, todo aquel que usa el vehículo para trabajar, esto provoca consecuencias graves e irreversibles. Lo que el estacionero no vende no va a vender cuando el servicio esté repuesto; y a los que tienen que moverse a nafta les modifica la economía familiar», añadió.
Las rispideces en materia de relaciones internacionales tienen su correlato en la cuestión del gas, dado que la compra del cargamento de GNL de parte de Enarsa a Petrobras no llegó a concretarse dado que la empresa brasileña «impugnó la carta de crédito con la que debía pagarse el combustible y no autorizó la descarga del GNL en la terminal regasificadora de Escobar», según detalló el medio EconoJournal.
A esto se suma que Transportadora de Gas del Norte sufrió un inconveniente técnico en dos plantas compresoras, lo que profundiza el problema del transporte y llevó a la decisión de interrumpir el suministro.
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