El gobierno informó un incremento en el presupuesto universitario pero solo abarca los gastos de funcionamiento. El Consejo Interuniversitario Nacional señaló que es un reconocimiento al ajuste aunque considera insuficiente a propuesta. Se mantiene la movilización de la semana próxima.

La marcha prevista para el 23 de abril en defensa de la universidad pública que se realizará en todo el país promete ser multitudinaria. Crecen las expresiones de apoyo y convocatoria tanto a nivel nacional como en el extranjero, incluso centros de estudiantes de universidades privadas, como la UADE, se suman a la convocatoria. Actores, científicos, docentes, dirigentes gremiales y estudiantes llaman a movilizarse contra el desastre que se avizora ante el desprecio que le dispensa el gobierno libertario a la educación pública. La primera reacción del gobierno fue el ataque furioso, encabezado por el presidente Javier Milei. Anoche, además, hubo un intento de desactivar la movilización. Desde el Ministerio de Capital Humano informaron que «se dispuso un aumento del 70 por ciento en marzo llevando la asignación por gastos de funcionamiento» y adelantaron que en mayo se otorgará el mismo porcentaje. De esa manera, el gobierno lanzó a rodar una moneda falsa al anunciar que se había llegado un acuerdo. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que congrega a todas las universidades públicas, lo desmintió. «Nos parece bien que reconozcan que existe el ajuste, porque hasta hace poco lo negaban. Queremos sentarnos a dialogar, pero la propuesta sigue siendo insuficiente», señalaron desde una de las universidades. El CIN ratificó la convocatoria a la movilización.

El gobierno ya utilizó esta estrategia sin resultados positivos. Ante el conflicto, rechaza su existencia, ataca a sus protagonistas, cuando todo está por desmadrarse hace una oferta y, a través de las redes sociales, vende una solución que no existe. Así lo hizo el pasado 14 de marzo cuando intentó frenar la huelga nacional de los docentes universitarios. La noche anterior anunció el incremento de un 70 por ciento para gastos de mantenimiento que las universidades debían recibirlo los primeros días de abril. Los gremios docentes y no docentes no se equivocaron en mantener el paro porque ese dinero no llegó.

Es más, se trata del mismo porcentaje que forma parte del ofrecimiento que realizaron a última hora de este jueves al CIN. Pero este aumento representa en realidad menos del 10 por ciento del presupuesto de las universidad que todavía no lo cobraron. El gobierno dice que ese 70 por ciento «lleva la asignación por gastos de funcionamiento a $10.075.851.995 mensuales para las Universidades Nacionales» y propone otro «70 por ciento en el mes de mayo alcanzando los $14.224.732.213 mensuales, totalizando un 140 por ciento de aumento sobre la asignación base de $5.926.971.777 mensuales». «Además –agregó el comunicado–, se dispuso una partida extraordinaria para atender las necesidades de los hospitales universitarios de $14.403.479.661».

Los números siguen siendo insuficientes porque, como sostienen en las universidades, el ajuste es superior a lo que está ofreciendo ahora la Rosada. La propuesta es un aumento sobre los gastos de funcionamiento de las universidades que representan solo es el 10 por ciento del presupuesto. El otro 90 por ciento son los salarios.

En cambio, el gobierno anunció que estos los montos surgían de un consenso alcanzado con los rectores de las universidades nacionales y anticipó un encuentro para avanzar en «lograr una educación universitaria de calidad». Sin embargo, desde el CIN no dijeron lo mismo. Valoraron «que se reconozca parte de lo que venimos reclamando, sustancial e ineludible para el normal funcionamiento de nuestras instituciones». Y señalaron que el diálogo convocado porque «es sin dudas el camino para lograr acuerdos duraderos que den la previsibilidad que el sistema universitario y científico necesita las en materia presupuestaria». Pero los rectores también informaron que están «a la espera de la invitación formal a la reunión donde se anuncie formalmente estas medidas, reunión a la cual asistirá el Comité Ejecutivo». Advirtieron, además, que el Consejo Interuniversitario «siempre ha estado y estará en virtud de nuestro convicción profunda respecto del rol estratégico que la educación pública, el sistema público de educación superior y la ciencia tienen para el país». Y destacaron que la marcha convocada para el 23 abril «continúa siendo una actividad de vital importancia y de visibilización, la cual el CIN adhiere y convoca».

«No hubo un acuerdo, hubo una propuesta del gobierno, de manera informal, donde se comprometen a subsanar el 25 por ciento del ajuste de los gastos de funcionamiento de las universidades», señaló en las redes sociales Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA.

El comunicado de los rectores a la propuesta apresurada y de última hora también es una respuesta a los ataques a los que los sometieron tanto el presidente Milei como su ministro del Interior Guillermo Francos. A los docentes universitarios el Presidente los llamó “salamines firmadores de cartas de indignación” y acusó a la educación pública de generar «disonancia cognitiva». A su turno, Francos se preguntó si ante los problemas presupuestarios no deberían plantearse «la forma de generar más recursos a los que aporte el Estado nacional». Tanto Francos como Milei tienen en común el haber egresado de universidades privadas. Tal vez eso también explica el desapego que expresan por las universidades públicas. (P12)