La fiscal Gabriela Baigún acusó a Julio De Vido y a Ricardo Jaime por la defraudación contra el Estado debido a la millonaria compra de trenes chatarra en España y Portugal. Lo hizo en su alegato en el juicio oral y público en el que el ex secretario de Transporte del kirchnerismo está imputado por cuatro casos de corrupción. Así lo describe el periodista Omar Lavieri en una investigación periodística para infobae.com

Uno de ellos versa sobre la adquisición de material ferroviario en desuso para intentar repararlo en Argentina y con ello reactivar los talleres que estaban parados luego de la crisis del 2001. Aquel plan de Néstor Kirchner no se llevó adelante. Es más, se compró mal, caro, y además se pagaron coimas. Al menos eso es lo que planteó la fiscal ante el Tribunal Oral Federal 6 que lleva adelante el juicio en el que están imputados, entre otros, el ex ministro de Planificación (De Vido) y quien era su subordinado: el ex secretario de Transporte, Jaime.

En la primera parte de su alegato Baigún había explicado qué habían hecho De Vido y Jaime. “Se encuentra acreditado que Julio Miguel De Vido, en su carácter de ministro de Planificación, Inversión Pública y Servicios de la Nación, y Ricardo Jaime, en su calidad de secretario de Transporte, es decir, máximas autoridades del transporte ferroviario, llevaron adelante una serie de actos jurídicos que, violando los deberes a su cargo, obligaron y comprometieron abusivamente al patrimonio del estado nacional, cuya administración les fuera confiada, generándose en forma directa un grave e irreversible perjuicio patrimonial”.

El gasto total por la compra fue de unos 100 millones de euros. Por el material ferroviario español se pagaron 75 millones y por el portugués unos 25. La fiscal concluyó que: “El 54% de las formaciones adquiridas no prestó ningún tipo de servicio al 2012 y el 25% del material restante se encontró operativo durante muy poco tiempo. En definitiva, el 79% del material rodante comprado por De Vido y Jaime no era utilizado de ningún modo por el sistema ferroviario nacional en el año 2015″.

Luego de la acusación en general la fiscal hizo un listado meticuloso de todas las irregularidades cometidas durante el proceso de adquisición de los trenes. La fiscal dijo que durante el juicio se comprobó que no hubo control de los contratos por las áreas jurídicas correspondientes. Que no se inspeccionó el material rodante a adquirir. Que no hubo representantes del Estado argentino al momento de embarcar los trenes. Que no se calculó el costo del transporte del material ferroviario desde Europa a la Argentina lo que encareció el precio. Que no hubo análisis de los precios que se pagaron. Y que el material fue abandonado en su mayoría: la fiscal remarcó que recién cuando se abrió el caso judicial en 2013 se hizo un listado de todo lo comprado en Europa. Hasta entonces no se se tenía un registro conjunto del material que se había adquirido. En todas esas irregularidades se basó la acusación de defraudación contra la administración pública contra De Vido y Jaime.

Pero a Jaime y a su testaferro Manuel Vázquez también se los acusa por el delito de cohecho. Es decir por cobrar coimas. Al expediente judicial abierto en la Argentina en 2013 se sumó la documentación enviada desde España con todos y cada uno de los papeles del contrato de compra venta del material ferroviario. En esa documentación se basó la acusación por cohecho.

La fiscal acusó al dúo Jaime-Vázquez de haber cobrado coimas provenientes del contrato con España por una cifra millonaria. La consultora Controles y Auditorías Especiales S.A. (CAESA) -que era de Vázquez- firmó un contrato de “asistencia técnica” con la firma estatal española Expansión Exterior que vendió los trenes. Como las coimas debían facturarse quedó registro de ello en el expediente. Por esa “asistencia técnica” la firma CAESA facturó 913.000 euros. En tanto la firma Controles y Auditorías Especiales (CYAES), que se presentaba como la filial española de la consultora de Vázquez, facturó 1.600.000 euros. En un momento se cambiaron las condiciones del contrato y en vez de “asistencia técnica” se facturó por “rehabilitación e interiorismo”, un concepto más abstracto aún que el primero.

Para que se aceptara la intermediación de la consultora en un contrato de Estado a Estado, hizo falta una autorización expresa de Jaime: el ex secretario de Transporte escribió una carta en la que recomendó a la consultora de su testaferro para cobrar comisiones por tareas de incomprobable realización. Esa carta forma parte del expediente. La firma Expansión Exterior dejó en claro que pagaría a las consultoras regenteadas por un asesor de Jaime, luego de cobrar de la secretaría de Transporte. Es decir que fue Jaime quien designó a la consultora de su asesor/socio/testaferro para que cobrara comisiones que se pagarían con el dinero de los argentinos.

La firma CAESA no tenía personal por lo que mal podría haber brindado “asistencia técnica” para la operación de la compra/venta del material ferroviario. La fiscal en su alegato señaló que: “…Tampoco resulta creíble que la empresa estatal española se hubiera interesado en forma ´espontánea´ por una empresa argentina tan pequeña, y sin demasiados antecedentes. La explicación de esta contratación surge de la lectura del propio contrato de prestación de servicios de asistencia técnica, celebrado entre CAESA y Expansión Exterior, dado que allí se dejó plasmado que dicha decisión fue tomada a partir de la designación efectuada por la secretaría de Transporte a tal efecto”.

En la acusación Baigún incluyó solamente las coimas cobradas a partir del contrato español. Sin embargo existen facturas de la consultora de Vázquez relacionadas con el contrato firmado con Portugal pero no pudieron ser utilizadas como prueba en el juicio. Baigún acusó por cohecho solo por la facturación de CAESA, la consultora de Vázquez con sede en Buenos Aires porque se comprobó que no brindó ningún servicio y cobró igual. Las coimas facturadas por CYAES, la filial española, quedaron fuera de la acusación, aunque fueron pagadas/cobradas.

“En otras palabras, la Secretaría de Transporte de forma elíptica pagó una suma muy cercana al millón de euros en concepto de honorarios –no prestados- a Ricardo Jaime, por intermedio de su asesor de confianza: Manuel Vázquez. ¿Qué significa esta circunstancia si no un retorno?”, así se refirió Baigún a las coimas cobradas por CAESA.

Fue así que CAESA -según la acusación de la fiscal- emitió siete facturas que pagó Expansión Exterior por un total de €913.186. En tanto CYAES extendió otras siete facturas por un total de €1.639.779. El total que la consultora sin personal, que era de Vázquez, que a su vez asesor/socio y testaferro de Jaime se llevó del negocio de la compra de trenes en desuso en España fue de € 2.552.965. Esas coimas se pagaron con dinero público que fueron a parar a los bolsillos de particulares, uno de ellos era el encargado de la compra y secretario de Transporte entre 2003 y 2009. Y por eso los acusaron en el juicio.