La localidad de Ricardone se vio sacudida por un robo que tuvo características cinematográficas cuando delincuentes sorprendieron al dueño de casa que se estaba bañando en su casa, lo golpearon y se llevaron un botín muy importante: 150 mil dólares, más de medio millón de pesos y una camioneta 4×4.

El hecho sucedió a la madrugada del lunes, en la zona de Pedro Centeno al 1100 de esa localidad, a 23 kilómetros de Rosario.

Por circunstancias que se investigan, el dueño de casa fue sorprendido por cuatro o cinco delincuentes armados en momentos en que se estaba bañando, y le desvalijaron la casa.

En ese momento, los ladrones -de acuerdo a la denuncia del damnificado- ingresaron al baño, le arrojaron una toalla a la cara al dueño de casa para taparle la visión y empezaron a golpearlo, para posteriormente proceder a atarlo. De manera casi simultánea, también agarraron y ataron a la hija, de 22, años que estaba en el primer piso del inmueble.

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Posteriormente, procedieron a llevarse todo lo que encontraron de valor, que según el propietario de la casa fueron 20 mil dólares, cerca de 600 mil pesos, electrodomésticos y huyeron en una Toyota Hilux -de color roja-, que también era propiedad del dueño de casa. Además de este vehículo, los malvivientes también se movilizaban en un Fiat Palio con patente adulterada.

Una vez que la víctima se dio cuenta de que los ladrones ya se habían retirado de la casa, logró desatarse por sus propios medios, subió escaleras para auxiliar a su casa y posteriormente llamó a la Policía.

En un principio, la víctima del robo manifestó que le faltaban 20 mil dólares, pero en realidad después lograron determinar que en realidad le habían sustraído alrededor de 150 mil dólares y cerca de 600 mil pesos que tenía producto de su actividad empresarial, precisaron voceros policiales.

Respecto a la Toyota Hilux que le robaron, el dueño de casa sostuvo que había siso adquirida recientemente y que por ese motivo aún no había recibido la documentación.

En diálogo con las autoridades policiales, la víctima contó que el último viernes cuando estaba en su camioneta se detuvo en una agencia de quinielas de San Lorenzo y al regresar al vehículo notó que le habían robado las llaves de ingreso de su domicilio.

La misma madrugada del robo, pero unas horas después, sobre la Ruta 10, a dos kilómetros hacia el norte de Ruta AO12, hallaron con un principio de incendio el Fiat Palio -que tenía un dominio de otro auto- que había sido utilizado por los delincuentes. Las cámaras de videovigilancia revelaron que los autores de la entradera se movilizaban en ese vehículo.

El fiscal Leandro Lucente, a cargo de la investigación, ordenó que el gabinete criminalístico de la Agencia de Investigación Criminal trabaje sobre el Fiat Palio que fue hallado abandonado y con un principio de incendio.

Fuente: La Capital

En un control de rutina habitual, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), secuestró 70 toneladas de maíz sin documentación. La mercadería, que se especula con que tenía como destino final el mercado en negro de la venta de cereal, se trasladaba en dos camiones.

El operativo se había montado en inmediaciones del cruce de las rutas nacionales 33 y 8 en Venado Tuerto. Allí fue la Dirección General Impositiva (DGI), la que detuvo a los dos transportes de cargas que transitaban por el lugar.

Uno de los camiones directamente no contaba con la Carta de Porte Electrónica, que es un documento obligatorio para amparar el transporte automotor y ferroviario de granos que no están destinados a la siembra de legumbres secas. 

En el caso del segundo camión, el personal de la Afip constató irregularidades en el transporte de mercadería ya que, el remito presentado por el transportista no correspondía con la verdadera carga del camión y además fue sustituido recientemente por la Carta de Porte Electrónica de derivados granarios. 

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Las áreas de la AFIP especializadas en actividades agropecuarias focalizan sus esfuerzos para desarticular potenciales maniobras de evasión impositiva y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. De esta manera, el organismo busca evitar que los distintos actores de la cadena cometan irregularidades que redunden en competencia desleal para los productores legítimos.

Fuente: Rosario3

Una usina de facturas truchas. Empresarios millonarios. Un call center con casi un millar de empleados. Y la sombra de la banda criminal de “Los Monos”. Todos estos elementos se conjugan en dos expedientes que lleva adelante, hasta ahora con sumo hermetismo, la Justicia Federal en Córdoba.

Una causa compleja que auna lo que pocas veces se investiga en todo el país: la real ruta financiera de las bandas del crimen organizado.

Diomedes Manuel Carbone aparece en toda esta historia como un personaje central. Rosarino, hace tiempo que su nombre resuena en los pasillos de los Tribunales de Córdoba. En 2013 quedó en medio del narcoescándalo, aquella causa que terminó para siempre con la división Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba.

Carbone, se comprobaría luego en un juicio que recién se realizó el año pasado, le vendia dólares falsos a Juan Francisco “el Francés” Viarnes, el buchón que detonó el escándalo, quien con esos billetes estafó a otras personas.

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En el juicio celebrado en el Tribunal Oral Nº 1, Carbone agachó la cabeza, pidió disculpas y dijo que ya había cambiado de vida. Recibió cuatro años de prisión. Pero su estadía en la cárcel duró menos que un suspiro.

En la calle, otra vez la Justicia Federal puso sus ojos sobre él. El mismo fiscal Enrique Senestrari lo acusó de haber conformado una organización con otras 15 personas dedicada a una variada gama de delitos:

1. Venta, distribución, almacenamiento de sustancias peligrosas para la Salud Pública: adulteraban agroquímicos, los ponían etiquetas truchas y los vendían.

2. Puesta en circulación de moneda extranjera falsa y falsificación de cheques.

3. Puesta en circulación en el mercado de bienes de procedencia dolosa con la finalidad de darles apariencia de licitud.

4. Tráfico de influencias para evitar o morigerar las consecuencias penales de sus ilícitos.

Dentro de este amplio abanico, en la investigación se destaca que otros dos imputados en esta causa, Walter Alejandro “el Ruso” Paré y Francisco Rafael “el Gringo” Lapiana, “recibirían bienes provenientes del tráfico de estupefacientes de la conocida banda criminal ”Los Monos”, con asiento en la ciudad de Rosario”.

Junto a joyas que eran robadas y el dinero que era producto de diferentes extorsiones a los tiros, que eran recaudados por otros presuntos socios de esta organización, la asociación invertía todo en la adquisición y el funcionamiento de la firma Corphone y en distintos negocios inmobiliarios realizados en Córdoba (sobre todo en Villa Carlos Paz y alrededores) y en Santiago del Estero.

¿Qué es Corphone? Se trata de uno de los call centers más grandes de la provincia de Córdoba. Su anterior dueño, Cristian Debarre, acaba de ser detenido, acusado de lavado de dinero. Se sospecha que estando al frente de esta empresa, adquirió facturas truchas para evitar pagar impuestos, lo que ya le había generado otra orden de detención en 2020.

Los investigadores sospechan que Carbone le compró Corphone a cambio de una deuda de 80.000.000 de pesos que tenía con Afip, además de una importante cantidad de dólares.

Estas causas parecen haber tomado un nuevo impulso tras la asunción en enero último del juez federal Sergio Pinto al frente del Juzgado Federal Nº 1, que hasta entonces estaba a cargo del ahora jubilado juez Ricardo Bustos Fierro.

En la torre de Tribunales Federales, hoy sacudida por la mudanza de todos los fiscales a un nuevo edificio en el Centro de la ciudad de Córdoba, observan cómo algunas causas complejas se reactivaron tras la llegada del juez Pinto, quien ha comenzado a ponerle más velocidad a estos expedientes junto al prosecretario Iván Davies.

Es en este marco que la semana pasada la Policía de Seguridad Aeroportuaria volvió a detener a Debarre y a uno de sus socios, Marcelo Gaido, en el marco de una serie de allanamientos en countries de la ciudad de Córdoba y en diferentes puntos turísticos de la provincia de Córdoba. Se trata de una nueva causa por nueve denuncias penales por evasión tributaria, según sospecha la Afip.

Dabarre resultó beneficiado el año pasado por la nueva legislación tributaria que permite la extinción de la ley penal cuando se abona el monto de la evasión o se suscribe un plan de pagos con la Afip. Aquella decisión del juez Bustos Fierro había sido recurrida por el fiscal Senestrari y la Afip.

Ahora, en el marco de esta nueva causa en su contra, en los operativos ejecutados por la PSA se incautaron 10 autos, nueve motos, cuatro embarcaciones, 438.700 pesos, 12.092 dólares y 645 euros, entre otras divisas. También 22 celulares, cuatro PC y dispositivos electrónicos.

La causa tiene en total 10 imputados, entre los que vuelve a sobresalir el empresario Germán Destefanis, quien también estuvo involucrado en aquella causa por la usina de facturas truchas que se desencadenó en 2020 y que incluso alcanzó a dos intendentes.Asimismo, se presentaron ocho órdenes en empresas y sucursales bancarias de Villa Belgrano, Villa Walcalde y la ciudad de Córdoba para bloquear cajas de seguridad.