Por primera vez en la Justicia Federal de Rosario uno de los miembros más destacados del grupo de Esteban Alvarado, quien tiene en el mismo fuero desde marzo un juicio oral por narcotráfico, llega a indagatoria por lavado de dinero que proviene de esa actividad presunta. Se trata de Rosa Capuano, la ex esposa y madre de los dos hijos de Alvarado, quien fue detenida por la Gendarmería Nacional y este martes será interrogada en un tribunal de Oroño al 900.

La acusación contra el grupo en el que será indagada Capuano es por haber puesto en circulación una actividad ilícita entre 2012 y 2019 ocultando su verdadero origen. Eso implicó operaciones de compra de bienes muebles e inmuebles a nombre de los propios investigados, de prestanombres o de sociedades comerciales, “poniendo en circulación en el mercado bienes de origen ilícito a un valor aproximado de, por lo menos, 10.367.000 pesos”.

Por estos hechos, los fiscales Diego Iglesias, de la Procunar, y Javier Arzubi Calvo, de la fiscalía federal 1 de Rosario, pedirán la detención de Capuano, que el año pasado fue condenada en la Justicia provincial a tres años de prisión de ejecución condicional como miembro de asociación ilícita de su ex marido. Pedirán asimismo la inhibición general de bienes de Rosa Capuano, que al ser allanada por primera vez vivía en el country Funes Hills.

El caso proviene de una causa que en estos días es motivo de una fuerte polémica: la investigación presentada por el ex jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Emilio Lencina, iniciada a partir de una denuncia de 2013 que atribuía relaciones por negocios de comercio de drogas a Alvarado, el asesinado Luis Medina y oficiales de la policía de Santa Fe.

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En esa causa, Lencina identificó actividades de avionetas que descargaban bultos que supuestamente contenían droga, nombres de policías que daban cobertura logística al negocio y a personas que formaban parte del despliegue empresario de la actividad que, según sus informes, comandaba Alvarado. Ese caso no avanzó penalmente en la Justicia Federal de Rosario, pero hubo desde 2015 una investigación por blanqueo de dinero impulsada por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) que ahora desemboca en las indagatorias.

El juez federal Nº 4 Marcelo Bailaque había negado, según Lencina, la autorización para profundizar la investigación iniciada, por lo que el caso no prosperó. Pero con el contenido de esa investigación como parte de los fundamentos, ahora se llega a la indagatoria de Rosa Capuano, que será en el mismo juzgado federal 4.

La fiscalía y la Procunar indicaron que en aquella investigación de Lencina se detectó en abril de ese año la existencia de dos filmaciones caseras y vistas fotográficas del despegue y aterrizaje de una avioneta en una zona rural cercana a Rosario, presuntamente para descargar estupefacientes. Eso provenía del acervo de evidencia de una causa tramitada fuera de la provincia, por el fiscal de San Isidro, Patricio Ferrari, donde Alvarado estaba acusado de liderar una organización de autos de alta gama.

En esas filmaciones puede verse una camioneta. Al capturar la patente de una de ellas, una Amarok, está a nombre de Jorge Antonio Benegas, un socio comercial de Alvarado. Además, las fotografías de la avioneta se tomaron, según la pesquisa, con un teléfono Blackberry en una secuencia donde se observa a Rosa Capuano sobre una moto BMW. La investigación indica que Capuano y Benegas “serían las personas de confianza de Esteban Lindor Alvarado para llevar adelante” las maniobras relacionadas con esos estupefacientes.

Tanto Rosa Capuano como Jorge Benegas están condenados desde el año pasado por asociación ilícita en la causa que la Justicia provincial le sigue a Alvarado como jefe de una organización criminal y por dos casos de secuestro que terminaron en homicidio. Capuano a tres años y Benegas a cinco. Uno de los homicidios considerados es el de Lucio Maldonado, de cuya muerte se acusa a Alvarado de autor ideológico.

A raíz de estos hechos, la Procuración de Lavado de Activos (Procelac) y la Unidad de Investigación Financiera (UIF) iniciaron un expediente por lavado donde están Alvarado, Benegas, Rosa Capuano, Gustavo Ramos y Lucio Maldonado, entre otros.

La investigación patrimonial recabó información sobre bienes registrales de estas personas y se detectaron operaciones con apariencia de lavado. Uno de los principales implicados en la trama, según el organismo, eran Medina y Alvarado.

Al mismo tiempo se consideró el caso de un cargamento de 500 kilos de marihuana interceptados en 2017 en un camión en Río Negro, en el que fueron condenados Ricardo Ianni, Marcos Rodríguez, Jesús Rodríguez y José Di Marco. Hoy, a cinco años de ese hecho, el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario está llevando a un juicio contra Alvarado como organizador de ese envío.

La pesquisa patrimonial y la de los fiscales provinciales Luis Shiappa Pietra y Matías Edery permitieron saber que había una red empresarial y de personas implicadas con Alvarado. Los condenados en Río Negro tenían relación con los bienes de las firmas comerciales, al igual que el camión que había trasladado la droga.

A Rosa Capuano, que será indagada esta mañana, se le atribuye haber adquirido y administrado dos Toyota Hilux, un auto Sevel, un camión Scania, un VW Saveiro, una Ford Eco Sport, un Ford Cargo. Esas operaciones se hicieron con montos que según la pesquisa surgían de una trama de hechos ilícitos.

Estas acciones, según los fiscales, se desarrollaron con habitualidad, durante once años, por personas con antecedentes delictivos o que se desenvuelven en un ambiente criminal, con personas que no tienen perfiles patrimoniales compatibles con las inversiones realizadas, con manejo inusual de dinero en efectivo. El informe acusatorio en el que se basa el fiscal Arzubi Calvo refiere que en los casos de lavado de activos “los principales corresponden al tráfico ilícito de estupefacientes”.

Alvarado está divorciado de Rosa Capuano. Ella habría desempeñado en el tiempo analizado “el rol de prestanombre de Alvarado, en tanto han mantenido una relación de confianza pese a no ser más un matrimonio”. Rosa está registrada como socia constitutiva de la sociedad Logística Santino, pero “en realidad trabajaría bajo las órdenes de Alvarado”. Esa sociedad, según los perfiles de ingresos, compró en 2015 un camión y semirremolque que no condice con el capital aportado de la firma ni con su giro comercial de tres meses.

Fuente: La Capital