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Bonfatti pidió a Fiscalía saber si su nombre aparece en una causa judicial
El ex gobernador de Santa Fe presentó el viernes último un escrito, ante lo que consideró una reiterada campaña de calumnias y difamaciones

El ex gobernador de Santa Fe Antonio Bonfatti presentó el viernes último un escrito ante el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, solicitando que se le informe si su nombre aparece involucrado en alguna de las causas que se tramitan en esa instancia judicial, y reclamó la urgencia de “aportar claridad a la ciudadanía y contribuir a la verdad”. La decisión del ex gobernador de recurrir a la Justicia de esta manera ocurre, según él mismo indicó: “Ante las numerosas manifestaciones, publicaciones y campañas en redes sociales que desde hace tiempo y de manera sistemática apuntan a asociar a mi persona, al partido que integro y a los frentes que hemos integrado, con uno de los peores flagelos, como es el narcotráfico”.
“Estamos dispuestos a discutir qué cosas se hicieron bien y qué cosas se hicieron mal, pero no a soportar más la mentira y la difamación”, subrayó Bonfatti, y dijo estar convencido de que tales campañas “no persiguen instalar un debate serio” sobre las políticas del Frente Progresista en Santa Fe, sino que “apelan al agravio y la descalificación”.
“Esas políticas que nosotros estamos dispuestos a debatir son las que permitieron transformar el sistema de justicia penal de la provincia en uno de los mejores del país, a combatir la corrupción policial y al mismo tiempo desarrollar un plan de seguridad pública”, sostuvo el ex gobernador, quien destacó además “que los líderes más connotados de las bandas vinculadas al narcotráfico fueron apresadas e hizo hincapié en las políticas sociales implementadas durante las gestiones del Frente Progresista, entre las que citó el Plan Abre, Vuelvo a Estudiar y Nueva Oportunidad.
Asimismo, fue elocuentemente al expresar su “hartazgo por las reiteradas difamaciones”.
Ante la situación planteada, Bonfatti recibió el explícito respaldo de muchos dirigentes de su sector político. En esa dirección se pronunciaron los diputados nacionales Mónica Fein y Enrique Estévez (presidenta del PS a nivel nacional y secretario general del PS en Santa Fe, respectivamente); el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Pablo Farías; los diputados provinciales Joaquín Blanco, Clara García, Esteban Lenci, Nico Aimar y Leonela Catalini; las concejalas Laura Mondino y Mónica Ferrero, y los dirigentes Rubén Galassi y Fernando Asegurado, entre otros.
“Otra de las infamias que he tenido que soportar en estos tiempos es la que siembra dudas sobre los motivos de uno de los peores atentados institucionales que registra Santa Fe y del que fui víctima, cuando la casa donde estaba con mi esposa fue baleada el 11 de octubre de 2013. Ese ataque fue una respuesta a las políticas de persecución a las mafias. Ataques que, lamentablemente, en los años sucesivos y de manera reciente también se reiteraron contra funcionarios del poder judicial y otras instituciones del Estado”, recordó el ex gobernador.
En este punto, Bonfatti llamó a la reflexión sobre la gravedad que implica sospechar de las víctimas de los ataques y pidió tener memoria al respecto: “Quienes pretenden instalar el algo habrán hecho o algo habrán incumplido no sólo menosprecian el trabajo de quienes combaten estas mafias, sino que reinstalan en nuestra sociedad frases usadas que nos recuerdan épocas trágicas de nuestro país”.
Bonfatti remarcó finalmente el sentido de su pedido a la Justicia: “Solicito a la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación que aclare mi situación para aportar a la verdad y la justicia, y porque no estoy dispuesto a seguir tolerando las calumnias e injurias que han vertido sobre mi persona y el partido del que formo parte desde hace más de cincuenta años”.
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El senador Michlig contra el Ministro de Obras Públicas de Santa Fe

Tensión en el Senado: Michlig acusó a Enrico por «discrecionalidad» en fondos para vivienda y dijo «estar arrepentido» de haber votado su licencia
El senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, presentó un pedido de informes por la paralización de viviendas y cruzó al ministro de Obras Públicas. La respuesta llegó por parte de la senadora por General López, Leticia Di Gregorio, quien rechazó las acusaciones, brindó cifras oficiales de la gestión provincial y apuntó a una supuesta «cuestión personal» contra el funcionario
El Senado de la provincia de Santa Fe fue escenario este jueves de un inusual y tenso debate que puso en evidencia una fuerte interna dentro de Unidos. El senador por el departamento San Cristóbal y presidente del Senado, Felipe Michlig, y la senadora por el departamento General López, Leticia Di Gregorio, protagonizaron un duro contrapunto en torno a la ejecución de la obra pública y la terminación de viviendas paralizadas. Mientras el primero denunció «discrecionalidad» por parte del ministro Lisandro Enrico, la legisladora defendió la gestión del funcionario y atribuyó el reclamo a una «animosidad personal».
La discusión comenzó cuando Michlig justificó la presentación de un pedido de informes dirigido a la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo ante la falta de respuestas del Ministerio de Obras Públicas. El eje central fue la culminación de más de 800 casas correspondientes a planes nacionales en el territorio provincial. Según explicó, inicialmente se había acordado terminar aquellas con un avance de obra superior al 60 por ciento, pero denunció que el criterio cambió. «¿Decide el ministro por la cara, por lo que representa, porque le gusta más o le gusta menos, porque es del norte, porque es del sur, porque es del centro?», cuestionó el legislador, encargándose de separar «totalmente» al gobernador Maximiliano Pullaro de la polémica.
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Media sanción a una ley para expropiar la planta Dow

Un salvavidas desde el Senado
Salió por unanimidad y ahora define Diputados para salvar la fuente laboral de Puerto San Martín donde 120 trabajadores fueron despedidos por el cierre de la fábrica.
El Senado provincial aprobó por unanimidad un proyecto de ley que declarará «de utilidad pública y sujeta a expropiación» a la planta industrial de Dow Química Argentina en Puerto General San Martín, que la multinacional decidió cerrar hace dos semanas, con el despido de unas 120 personas que trabajaban allí. La pelota pasó a Diputados, y si allí se sanciona el Ejecutivo podrá –en caso de que Maximiliano Pullaro acceda– expropiar la fábrica y darle entrada a posibles inversores interesados que la petroquímica estadounidense no tiene intención de atender.
La iniciativa partió del senador por San Lorenzo, Armando Traferri, con apoyo del sindicato Soepu, que así ve una esperanza de continuidad laboral ante la decisión terminante de la empresa por mudar la producción de polioles (materia prima de poliuretanos) a su planta en Brasil.
«La expropiación es un mecanismo necesario en situaciones críticas como la que enfrentamos, y estoy convencido de que hay empresas con capacidad y disposición para mantener la producción de polioxi propilenglicol y éteres glicólicos, insumos esenciales para diversas industrias», señaló el legislador.
Es la segunda vez que la Legislatura interviene sobre la situación de esta industria química. En 2021 lo hizo junto con el sindicato y el Ministerio de Producción nacional para lograr que la empresa revierta su plan de cerrar.
Ahora el proyecto con media sanción impone que «el Poder Ejecutivo Provincial dispondrá la conformación de un Registro de las propuestas recibidas, a fin de declarar posteriormente la atribución de la operatoria industrial sujeta a expropiación a favor de un beneficiario privado, cuya propuesta y plan de inversión y explotación permitan la preservación de los puestos de trabajo y del proceso productivo».
Traferri sostiene que «existen empresas privadas interesadas y con la suficiente capacidad operativa y económica para adquirir la planta y continuar con su operación de forma normal. El cierre de la planta no sólo impactaría en los trabajadores, sino que también tendría graves consecuencias en la economía local y en la cadena de suministro nacional, ya que Dow es el único productor nacional de estos insumos», precisó.
En el mismo sentido se pronunció ayer el secretario general del Soepu, Mauricio Brizuela. «De esta petroquímica dependen siete ramas industriales. Dow busca importar desde Brasil, lo que va a redundar en la pérdida de casi 3000 puestos de trabajo», alertó.
El proyecto pasó a Diputados, donde también por todos los bloques votaron una declaración de solidaridad con los trabajadores. Habrá que ver si esa unanimidad se mantiene para sancionar la expropiación.
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Cortaron el suministro de gas en las estaciones de GNC y en industrias

Se agrava la situación en todo el país.
Ordenaron a cientos de estacioneros del interior frenar la venta hasta nuevo aviso. Además, más de 100 empresas que tienen contrato interrumpible se quedaron sin servicio. Las medidas son para combatir la ola de frío.
Varias empresas se quedaron sin gas y estaciones del interior tienen prohibido vender.

Ante las bajas temperaturas y los problemas con el transporte de gas, se cortó el suministro de gas en las estaciones de GNC de varias provincias hasta nuevo aviso, para atender a la demanda domiciliaria. Además, más de 100 empresas que tienen contrato interrumpible se quedaron sin servicio.
Además se interrumpió el envío a las industrias, incluso a algunas que tienen contratos no interrumpibles, situación originada en la demora en una compra de de gas natural licuado (GNL) por parte de la empresa estatal Enarsa.
Entre las provincias afectadas se encuentra Santa Fe y Córdoba.
En Córdoba, la empresa Distribuidora de Gas del Centro (Ecogas) ordenó a las expendedoras de GNC restringir de forma inmediata el suministro hasta nuevo aviso. La instrucción a los estacioneros llegó vía mail este martes cerca de las 19.
Marisa Centenaro, de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Córdoba, expresó en diálogo con C5N: «No sabemos cuánto se puede extender, queremos que se termine rápidamente. El estrés que produce al sector es muy importante. El comentario que tenemos de parte de Ecogas es que el corte es total y por tiempo indeterminado. En principio iba a ser por unas horas durante la tarde del martes, porque había problemas con unas compresoras, pero la situación se agravó por la situación del barco».
«Los coletazos de estas medidas los padece mucha gente, todo aquel que usa el vehículo para trabajar, esto provoca consecuencias graves e irreversibles. Lo que el estacionero no vende no va a vender cuando el servicio esté repuesto; y a los que tienen que moverse a nafta les modifica la economía familiar», añadió.
Las rispideces en materia de relaciones internacionales tienen su correlato en la cuestión del gas, dado que la compra del cargamento de GNL de parte de Enarsa a Petrobras no llegó a concretarse dado que la empresa brasileña «impugnó la carta de crédito con la que debía pagarse el combustible y no autorizó la descarga del GNL en la terminal regasificadora de Escobar», según detalló el medio EconoJournal.
A esto se suma que Transportadora de Gas del Norte sufrió un inconveniente técnico en dos plantas compresoras, lo que profundiza el problema del transporte y llevó a la decisión de interrumpir el suministro.


















