Una usina de facturas truchas. Empresarios millonarios. Un call center con casi un millar de empleados. Y la sombra de la banda criminal de “Los Monos”. Todos estos elementos se conjugan en dos expedientes que lleva adelante, hasta ahora con sumo hermetismo, la Justicia Federal en Córdoba.

Una causa compleja que auna lo que pocas veces se investiga en todo el país: la real ruta financiera de las bandas del crimen organizado.

Diomedes Manuel Carbone aparece en toda esta historia como un personaje central. Rosarino, hace tiempo que su nombre resuena en los pasillos de los Tribunales de Córdoba. En 2013 quedó en medio del narcoescándalo, aquella causa que terminó para siempre con la división Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba.

Carbone, se comprobaría luego en un juicio que recién se realizó el año pasado, le vendia dólares falsos a Juan Francisco “el Francés” Viarnes, el buchón que detonó el escándalo, quien con esos billetes estafó a otras personas.

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En el juicio celebrado en el Tribunal Oral Nº 1, Carbone agachó la cabeza, pidió disculpas y dijo que ya había cambiado de vida. Recibió cuatro años de prisión. Pero su estadía en la cárcel duró menos que un suspiro.

En la calle, otra vez la Justicia Federal puso sus ojos sobre él. El mismo fiscal Enrique Senestrari lo acusó de haber conformado una organización con otras 15 personas dedicada a una variada gama de delitos:

1. Venta, distribución, almacenamiento de sustancias peligrosas para la Salud Pública: adulteraban agroquímicos, los ponían etiquetas truchas y los vendían.

2. Puesta en circulación de moneda extranjera falsa y falsificación de cheques.

3. Puesta en circulación en el mercado de bienes de procedencia dolosa con la finalidad de darles apariencia de licitud.

4. Tráfico de influencias para evitar o morigerar las consecuencias penales de sus ilícitos.

Dentro de este amplio abanico, en la investigación se destaca que otros dos imputados en esta causa, Walter Alejandro “el Ruso” Paré y Francisco Rafael “el Gringo” Lapiana, “recibirían bienes provenientes del tráfico de estupefacientes de la conocida banda criminal ”Los Monos”, con asiento en la ciudad de Rosario”.

Junto a joyas que eran robadas y el dinero que era producto de diferentes extorsiones a los tiros, que eran recaudados por otros presuntos socios de esta organización, la asociación invertía todo en la adquisición y el funcionamiento de la firma Corphone y en distintos negocios inmobiliarios realizados en Córdoba (sobre todo en Villa Carlos Paz y alrededores) y en Santiago del Estero.

¿Qué es Corphone? Se trata de uno de los call centers más grandes de la provincia de Córdoba. Su anterior dueño, Cristian Debarre, acaba de ser detenido, acusado de lavado de dinero. Se sospecha que estando al frente de esta empresa, adquirió facturas truchas para evitar pagar impuestos, lo que ya le había generado otra orden de detención en 2020.

Los investigadores sospechan que Carbone le compró Corphone a cambio de una deuda de 80.000.000 de pesos que tenía con Afip, además de una importante cantidad de dólares.

Estas causas parecen haber tomado un nuevo impulso tras la asunción en enero último del juez federal Sergio Pinto al frente del Juzgado Federal Nº 1, que hasta entonces estaba a cargo del ahora jubilado juez Ricardo Bustos Fierro.

En la torre de Tribunales Federales, hoy sacudida por la mudanza de todos los fiscales a un nuevo edificio en el Centro de la ciudad de Córdoba, observan cómo algunas causas complejas se reactivaron tras la llegada del juez Pinto, quien ha comenzado a ponerle más velocidad a estos expedientes junto al prosecretario Iván Davies.

Es en este marco que la semana pasada la Policía de Seguridad Aeroportuaria volvió a detener a Debarre y a uno de sus socios, Marcelo Gaido, en el marco de una serie de allanamientos en countries de la ciudad de Córdoba y en diferentes puntos turísticos de la provincia de Córdoba. Se trata de una nueva causa por nueve denuncias penales por evasión tributaria, según sospecha la Afip.

Dabarre resultó beneficiado el año pasado por la nueva legislación tributaria que permite la extinción de la ley penal cuando se abona el monto de la evasión o se suscribe un plan de pagos con la Afip. Aquella decisión del juez Bustos Fierro había sido recurrida por el fiscal Senestrari y la Afip.

Ahora, en el marco de esta nueva causa en su contra, en los operativos ejecutados por la PSA se incautaron 10 autos, nueve motos, cuatro embarcaciones, 438.700 pesos, 12.092 dólares y 645 euros, entre otras divisas. También 22 celulares, cuatro PC y dispositivos electrónicos.

La causa tiene en total 10 imputados, entre los que vuelve a sobresalir el empresario Germán Destefanis, quien también estuvo involucrado en aquella causa por la usina de facturas truchas que se desencadenó en 2020 y que incluso alcanzó a dos intendentes.Asimismo, se presentaron ocho órdenes en empresas y sucursales bancarias de Villa Belgrano, Villa Walcalde y la ciudad de Córdoba para bloquear cajas de seguridad.