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Investigan si “Los Monos” lavaban dinero en un call center de Córdoba

El dato surge de una compleja investigación que lleva adelante la Justicia Federal. Una causa conexa a la usina de facturas truchas.

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Una usina de facturas truchas. Empresarios millonarios. Un call center con casi un millar de empleados. Y la sombra de la banda criminal de “Los Monos”. Todos estos elementos se conjugan en dos expedientes que lleva adelante, hasta ahora con sumo hermetismo, la Justicia Federal en Córdoba.

Una causa compleja que auna lo que pocas veces se investiga en todo el país: la real ruta financiera de las bandas del crimen organizado.

Diomedes Manuel Carbone aparece en toda esta historia como un personaje central. Rosarino, hace tiempo que su nombre resuena en los pasillos de los Tribunales de Córdoba. En 2013 quedó en medio del narcoescándalo, aquella causa que terminó para siempre con la división Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba.

Carbone, se comprobaría luego en un juicio que recién se realizó el año pasado, le vendia dólares falsos a Juan Francisco “el Francés” Viarnes, el buchón que detonó el escándalo, quien con esos billetes estafó a otras personas.

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En el juicio celebrado en el Tribunal Oral Nº 1, Carbone agachó la cabeza, pidió disculpas y dijo que ya había cambiado de vida. Recibió cuatro años de prisión. Pero su estadía en la cárcel duró menos que un suspiro.

En la calle, otra vez la Justicia Federal puso sus ojos sobre él. El mismo fiscal Enrique Senestrari lo acusó de haber conformado una organización con otras 15 personas dedicada a una variada gama de delitos:

1. Venta, distribución, almacenamiento de sustancias peligrosas para la Salud Pública: adulteraban agroquímicos, los ponían etiquetas truchas y los vendían.

2. Puesta en circulación de moneda extranjera falsa y falsificación de cheques.

3. Puesta en circulación en el mercado de bienes de procedencia dolosa con la finalidad de darles apariencia de licitud.

4. Tráfico de influencias para evitar o morigerar las consecuencias penales de sus ilícitos.

Dentro de este amplio abanico, en la investigación se destaca que otros dos imputados en esta causa, Walter Alejandro “el Ruso” Paré y Francisco Rafael “el Gringo” Lapiana, “recibirían bienes provenientes del tráfico de estupefacientes de la conocida banda criminal ”Los Monos”, con asiento en la ciudad de Rosario”.

Junto a joyas que eran robadas y el dinero que era producto de diferentes extorsiones a los tiros, que eran recaudados por otros presuntos socios de esta organización, la asociación invertía todo en la adquisición y el funcionamiento de la firma Corphone y en distintos negocios inmobiliarios realizados en Córdoba (sobre todo en Villa Carlos Paz y alrededores) y en Santiago del Estero.

¿Qué es Corphone? Se trata de uno de los call centers más grandes de la provincia de Córdoba. Su anterior dueño, Cristian Debarre, acaba de ser detenido, acusado de lavado de dinero. Se sospecha que estando al frente de esta empresa, adquirió facturas truchas para evitar pagar impuestos, lo que ya le había generado otra orden de detención en 2020.

Los investigadores sospechan que Carbone le compró Corphone a cambio de una deuda de 80.000.000 de pesos que tenía con Afip, además de una importante cantidad de dólares.

Estas causas parecen haber tomado un nuevo impulso tras la asunción en enero último del juez federal Sergio Pinto al frente del Juzgado Federal Nº 1, que hasta entonces estaba a cargo del ahora jubilado juez Ricardo Bustos Fierro.

En la torre de Tribunales Federales, hoy sacudida por la mudanza de todos los fiscales a un nuevo edificio en el Centro de la ciudad de Córdoba, observan cómo algunas causas complejas se reactivaron tras la llegada del juez Pinto, quien ha comenzado a ponerle más velocidad a estos expedientes junto al prosecretario Iván Davies.

Es en este marco que la semana pasada la Policía de Seguridad Aeroportuaria volvió a detener a Debarre y a uno de sus socios, Marcelo Gaido, en el marco de una serie de allanamientos en countries de la ciudad de Córdoba y en diferentes puntos turísticos de la provincia de Córdoba. Se trata de una nueva causa por nueve denuncias penales por evasión tributaria, según sospecha la Afip.

Dabarre resultó beneficiado el año pasado por la nueva legislación tributaria que permite la extinción de la ley penal cuando se abona el monto de la evasión o se suscribe un plan de pagos con la Afip. Aquella decisión del juez Bustos Fierro había sido recurrida por el fiscal Senestrari y la Afip.

Ahora, en el marco de esta nueva causa en su contra, en los operativos ejecutados por la PSA se incautaron 10 autos, nueve motos, cuatro embarcaciones, 438.700 pesos, 12.092 dólares y 645 euros, entre otras divisas. También 22 celulares, cuatro PC y dispositivos electrónicos.

La causa tiene en total 10 imputados, entre los que vuelve a sobresalir el empresario Germán Destefanis, quien también estuvo involucrado en aquella causa por la usina de facturas truchas que se desencadenó en 2020 y que incluso alcanzó a dos intendentes.Asimismo, se presentaron ocho órdenes en empresas y sucursales bancarias de Villa Belgrano, Villa Walcalde y la ciudad de Córdoba para bloquear cajas de seguridad.

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Dos mujeres de Berabevú representan a Santa Fe en un certamen nacional de mujeres asadoras

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Dos mujeres que viven en Berabevú, Yanina Silva (asadora) y Yanina Barroso (fogonera), serán las representantes de la provincia de Santa Fe en el Certamen nacional de mujeres asadoras, que tendrá cita este 9 de marzo en Villa Parque Síquiman, Córdoba. La modalidad será la de costillar a la estaca. Experiencia no les falta. Pese a que la dupla se conformó en junio del año pasado, ya participaron de varios concursos y recientemente obtuvieron un tercer puesto que les valió el pasaje a la final. Ahora van por más.

La cocción del asado a la estaca tiene sus reglas, contó la fogonera Barroso. No está permitido ningún tipo de combustible para ayudar a prender el fuego. Tampoco el uso de carbón. Barroso recomienda ramitas y piñas, diario y fósforos para comenzar. Hay otras pautas: “Una vez que colocaste la estaca –dice– ya queda en posición y no la podés correr. Son 80 grados desde el suelo. Sí se puede elevar, si hay viento o hay mucho fuego”.

La competencia es de cuatro horas, y a las representantes de las provincias argentinas se les asigna un turno para servir el costillar, una pieza completa que debe tener un peso de entre 17 y 21 kilos.

En función de ese número asignado al encender el fuego, habrá que buscar la intensidad del calor para buscar el “punto popular”, aquel en que el jugo de la carne sale tirando a transparente. Esa búsqueda es uno de los aspectos cruciales de la tarea de seducir el paladar del jurado. “No tiene que quedar ni colorado ni sobrepasado”, dice la asadora Silva, que se crió entre “hombres que cocinan” y se define como una apasionada del asado.

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Con el tercer puesto obtenido en un certamen en Maggiolo, Santa Fe, en julio pasado, ambas accedieron a la final nacional con mucho esfuerzo. Una iniciativa que tendrá lugar este 9 de marzo que busca promover la tradición culinaria y atraer turismo a Villa Síquiman, Córdoba.

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Dos derrames de hidrocarburos ponen en jaque a la campaña de cosecha gruesa

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Los incidentes protagonizados por la empresa alemana Oiltanking Ebytem en menos de un mes en la ría de Bahía Blanca, ponen en jaque a la campaña de cosecha gruesa, vital para el ingreso de divisas, que empezará en las próximas semanas y se extenderá hasta el mes de abril.

Por ambos incidentes, las refinerías ubicadas en los alrededores a la ciudad de Buenos Aires dejarán de producir 150 millones de litros de gasoil. Ese volumen de combustible es algo más del 10% que se demanda mensualmente.

Tras el segundo derrame, la actividad de la compañía estuvo suspendida por Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires por más de 20 días hasta que se concretó la reparación, y una fiscalía abrió una investigación judicial.

Oiltanking Ebytem con operatoria reducida

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Más allá del carril judicial, Oiltanking Ebytem está operando desde fines del año pasado con solo una de las dos monoboyas que la compañía tiene para descargar el petróleo crudo que llega en barco desde el sur del país y que debe inyectarse en oleoductos para bombearlo a las refinerías periféricas a la ciudad de Buenos Aires.

Según se supo de boca de los principales actores del sector, durante enero, las refinerías dejaron de recibir 170.000 m3 de crudo. Para febrero, en tanto, la caída de volúmenes, que la propia Oiltanking informó, será de 103.000 m3 de petróleo.

Un actor fundamental para la provisión de crudo

La compañía es vital para el sistema de refinación de combustibles porque su funcionamiento es clave para abastecer de crudo pesado a las tres principales refinerías del país:

  • Instalaciones de YPF, en Ensenada.
  • Raízen, en Dock Sud.
  • La planta que tiene en Campana de Axion Energy, de Pan American Energy.

Desde Oiltanking, no obstante, relativizaron los pronósticos. La firma confió a este medio que, si bien es cierto que está operando con una sola monoboya, la operación al 100% está garantizada.

“Esto puede causar algunas modificaciones transitorias en los cronogramas de entregas de los distintos productos. No obstante esto, la programación de entregas sigue adelante en plena comunicación con los clientes y trabajando para que cada uno de ellos reciba el producto que necesita para continuar normalmente con sus operaciones”, explicaron.

Y agregaron: “En vista de esto, no hay ninguna razón para que se produzca menos diesel y que eso afecte la cosecha gruesa, si bien la situación climática está demorando la realización de nuevos amarres para descarga. Este escenario es normal en la operación de una terminal marítima y se resolverá ni bien el clima lo permita”.

Denuncia por daño ambiental

Por otra parte, los efectos del segundo derrame alcanzaron algunas zonas protegidas y afectaron reservas naturales. 

El episodio generó provocó que la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) solicitara  a la Justicia federal de Bahía Blanca que investigue a la empresa y que dicte una medida cautelar para establecer la clausura preventiva de la petrolera. La Ufima investiga denuncias de actores locales que aseguran que Oiltanking no comunicó a tiempo a las autoridades sobre el derrame del 26 de diciembre.

El Ministerio de Ambiente señaló que tras el primer derrame, “que afectó parte de la Reserva Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde, se suspendió la operación de la monoboya que ocasionó la pérdida, se intimó a Oiltanking a presentar el Plan de Contingencia y el Plan de Remediación con carácter de urgencia y se aplicaron sanciones por el incumplimiento de la Ley de protección de Reservas Naturales”.

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Temen que el boleto interurbano de Rosario a San Lorenzo cueste $2500

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Desde la Cámara Empresaria de Transporte Multimodal de Pasajeros insistieron en la necesidad de, ya sin ayuda nacional, más colaboración por parte del gobierno santafesino porque aseguran que trasladar todo al boleto sería imposible de pagar para el pasajero.

Con la eliminación del Fondo Compensador que subsidiaba el transporte el interior, gobiernos, empresas y sobre todo usuarios hacen cuentas y se ven en apuros. Desde la Cámara Empresaria de Transporte Multimodal de Pasajeros (Cetramp) que reúne a las prestatarias de los traslados interurbanos, insistieron en la necesidad de, ya sin ayuda nacional, más colaboración por parte del gobierno santafesino porque -aseguran- trasladar todo al boleto sería imposible de pagar para el pasajero.

“Para dar un ejemplo, de acá (Rosario) a San Lorenzo son 800 pesos y se iría a 2.500”, graficó, en contacto con Radio 2 Saúl Isaacson, de la Cetramp; y observó: “Hoy el pasajero no está en condiciones de pagarlo porque no es el único aumento que tiene”.

Isaacson explicó que ya con el atraso de los pagos por parte del gobierno nacional, las empresas enfrentaban serías dificultades para mantener los recorridos y que la confirmación de que los fondos ya no llegarán fue una “mazazo”. “Nos deja desfinanciados”, dijo.

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Explicó que la participación nacional “significaba entre el 20 y el 25 por ciento del ingreso de las empresas” y que ese hueco “va a tener que ser trasladado a tarifa”, pero no enteramente. “Sabemos que hay un límite de lo que el pasajero puede pagar”, sostuvo. Por eso, observó que “algo va a tener que ser tomado por la Provincia”.

En un primer momento, el gobernador Maximiliano Pullaro había descartado de plano sumar más recursos, pero confirmada la eliminación del Fondo Compensador, buscó llevar tranquilidad por el futuro del transporte público a través de una actualización del aporte provincial. “Nos vamos a arreglar”, dijo.

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